Ministerio de Medio Ambiente responde a dueña de proyecto Dominga y niega ocultamiento de información

Ministerio de Medio Ambiente responde a dueña de proyecto Dominga y niega ocultamiento de información

La empresa Andes Iron anunció que presentará una querella en contra del Seremi de Medio Ambiente de la Región de Coquimbo, Leonardo Gros.


Luego que la empresaaa Andes Iron, titular del proyecto minero y portuario Dominga, anunciara que presentará una querella contra del Seremi de Medio Ambiente de la Región de Coquimbo, Leonardo Gros, por, a su juicio, haber ocultado antecedentes al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático en el proceso de declaración del Área Marina Costera de Múltiples Usos Humboldt, el Ministerio del Medio Ambiente negó tal afirmación.

“En el proceso de elaboración no ha existido ninguna forma de ocultación de información. En el lapso de un año han existido múltiples instancias de difusión, sociabilización y participación ciudadana, realizando 15 talleres, con representantes del mundo académico, social, político, privado y de los servicios públicos pertinentes”, señaló el Ministerio mediante una declaración pública.

Asismismo indicó que como Ministerio están disponibles para continuar con la socialización de la propuesta y que, adicionalmente, los antecedentes sobre el área, incluyendo la existencia de concesiones marítimas, se encuentran en el informe técnico justificatorio del proceso de declaratoria.

“En línea con ello, el Seremi del Medio Ambiente de la Región de Coquimbo, Leonardo Gros, en ningún caso ocultó información, pues sus declaraciones sólo respondieron a una confusión del momento sobre proyectos que se encuentran en el área. Aquello no pudo generar perjuicio alguno, ya que la decisión fue pospuesta para una nueva sesión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático”, añadió.

Uso de Áreas Marinas Protegidas

Precisó que los procedimientos para declarar áreas protegidas son totalmente distintos a los de aprobación de proyectos de inversión y que la existencia o no de permisos previos, como puede ser una resolución de calificación ambiental, no impide la declaración de áreas protegidas, según lo ha dictaminado en reiteradas ocasiones la Contraloría General de la República, por tratarse de situaciones consolidadas.

La declaración sostiene que “se ha utilizado la figura de área marina protegida de múltiples usos, la que, justamente, busca compatibilizar la conservación y protección del medioambiente con el desarrollo de actividades sustentables. Esta figura permite armonizar los múltiples e importantes usos que existen en el área pues permite la continuidad de las actividades de pesca, turismo, la investigación y la educación, siempre en compatibilidad con los fines de protección del área”.

Ayer Andes Iron informó que en los próximos días se presentarán querellas para que el Ministerio Público investigue, pues según sostiene la compañía, en sesión realizada el 7 de julio en el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático frente a consultas realizadas por miembros de éste respecto de cómo impactaría la creación del Área Marina Costera de Múltiples Usos Humbold, “el Seremi de Medio Ambiente de Coquimbo, faltando a la verdad, indicó que Dominga no contaba con concesión marítima”.

Rechazo del proyecto

En enero de este año el Comité de Ministros rechazó de forma unánime el proyecto Dominga tras pronunciarse sobre doce recursos de reclamación, de veintiséis en total, presentados por personas y organizaciones que se hicieron parte del proceso de participación ciudadana, en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

El episodio sumó un nuevo capítulo a la larga y polémica historia de la iniciativa, que considera una inversión cercana a los US$2.500 millones. El 30 de junio la empresa fue notificada formalmente de la decisión adoptada por los ministros Maisa Rojas, de Medio Ambiente; Diego Pardow, de Energía; Marcela Hernando, de Minería; Nicolás Grau, de Economía; Esteban Valenzuela, de Agricultura; y Ximena Aguilera, de Salud.

La notificación formal de la decisión era clave, porque solo con eso la empresa podía reclamar a la justicia, cosa que anunció que hará. “Recurriremos ante los Tribunales Ambientales tal como lo establece la ley, en un plazo máximo de 30 días. Esta instancia analiza los proyectos en su mérito técnico y jurídico, donde hemos obtenido resultados favorables, por lo que estamos confiados en que los organismos técnicos resuelvan conforme a derecho”, reaccionó la empresa en una declaración enviada a Pulso ese mismo día.

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