A pesar de las versiones que surgieron respecto de que la reforma al mercado de capitales del Ejecutivo apuntaría a subir la Tasa Máxima Convencional, el proyecto ingresado la semana pasada al Congreso decidió no tocarla. Al menos no para el tramo de los préstamos destinados al consumo.

El hecho ha sido criticado, pues para muchos subir la TMC para los segmentos más riesgosos permitiría a éstos acceder al crédito formal. Si bien la iniciativa no se involucró en ese nicho, sí apuntó a reducir el techo de los tipos para un segmento de empresas de cierto tamaño e incluso family offices menor, pero que sí podría resultar atractivo para algunos actores.

El mensaje presidencial del proyecto señala que la aplicación de la TMC indiferenciada alcanza a operaciones entre partes que no requieren de una protección, como los títulos de deuda regulados en los Títulos XVI, XVII y XXIV de la Ley N°18.045 inscritos en el Registro de Valores o en el Registro de Valores Extranjeros, como son títulos de deuda de corto y largo plazo; operaciones con deudores que tienen la calidad de inversionista calificado conforme al artículo 4° bis de la Ley N°18.045, por ejemplo los family office; y créditos de monto superior a UF 10.000, equivalente a unos $409 millones.

“En estos tres casos, la aplicación de un techo pensado para el deudor retail introduce una rigidez que no corresponde a la capacidad de negociación ni de evaluación de riesgo de las partes involucradas”, indica la iniciativa.

Por ello, el proyecto “excluye del cálculo de la Tasa Máxima Convencional a los tres tipos de operaciones señalados”, con lo que se libera “de una restricción innecesaria a las operaciones entre partes sofisticadas o de gran tamaño, sin alterar en absoluto la protección que la Tasa Máxima Convencional continúa entregando a los deudores minoristas y a las operaciones de crédito de consumo e hipotecario que constituyen su ámbito de aplicación natural”.

En la industria de la administración de fondos valoran la iniciativa, en particular porque les permitiría concurrir al financiamiento a través de crédito privado a un segmento de empresas al que no han podido llegar.

Actualmente la TCM se divide en una serie de segmentos de créditos en moneda no reajustable o UF y en diversos plazos. El mayor tramo para operaciones en pesos de 90 días o más, implica créditos de UF5.000 o más, es decir unos $204 millones. Para ese segmento la tasa máxima es de 6,64% anual.

Así, la modificación dejaría sin TMC a los créditos de más de $409 millones, segmento al que las AGF, en el segmento de activos alternativos, ven un nicho.

Los alternativos son el tipo de activo que más ha crecido en los últimos años. Según datos de Acafi, al primer trimestre de este año los fondos de inversión públicos alcanzaron los US$45.239 millones.

De dicha cifra, los activos alternativos alcanzaron los US$29.786 millones, equivalentes al 66% de los activos. En esta categoría, los fondos inmobiliarios sumaron US$8.580 millones; capital privado - donde se agrupan los préstamos directores de los fondos- con US$7.807 millones; y deuda privada con US$7.019 millones.

Desde una de las grandes AGF del país, apuntan que la liberación de la TMC para esos créditos implicaría la posibilidad de entregar financiamiento a empresas con ventas entre US$10 millones y US$50 millones, e inclusive hasta US$100 millones, que se encuentra en problemas pero cuentan con colaterales, y que por su nivel de riesgo quedan excluidas del mercado del crédito.

Desde otro gestor de activos, señalan que incluso compañías con buenos colaterales, controladas por familias de gran patrimonio, se vieron impedidas de recurrir al financiamiento durante la pandemia porque la TMC actual impedía cubrir el riesgo, algo que con esta reforma se liberaría.

Pero incluso para algunos bancos la eliminación de la máxima para el segmento de créditos de más de UF10.000 sería atractivo.

“Las empresas más grandes, con ventas mayores a UF500.000 - unos $20.500 millones- no serán afectadas, pues los riesgos son conocidos y también su solvencia. Pero hacia abajo puede haber un impacto en empresas de menor tamaño”, dice una fuente de la banca.

Y “además hay un tema de eficiencia. El costo administrativo de un préstamo de $1.000 es similar a uno de $1.000.000, por lo que habría que cobrar más para un mismo spread. Como se pude cobrar más, entran más empresas a ser elegible, a precios más altos”, agrega el ejecutivo.

Sin embargo, aún hay aspectos a los cuales el mercado está atento, como su tramitación en el Congreso, que comenzó la semana pasada.

“En principio podría ser positivo para la deuda privada, pero hay que tener en cuenta que el proyecto recién entró en tramitación, por lo que es fundamental revisar lo que va a salir al final”, dice un gestor de fondos de deuda privada.