Hasta la Comisión de Salud del Senado llegaron representantes de las isapres, además de diversas autoridades, para abordar la situación de las aseguradoras privadas de salud tras el fallo de la Corte Suprema que las obliga a aplicar la misma tabla de factores a todos los afiliados al sistema, y a restituir los cobros realizados en exceso.

En la instancia participaron la ministra de Salud, Ximena Aguilera; el superintendente de Salud, Víctor Torres; y el presidente de la Asociación de Isapres de Chile, Gonzalo Simon.

Allí, si bien los actores concordaron en que el fallo de la máxima instancia judicial debe ser aplicado de manera cabal, a la hora de abordar su implementación hubo énfasis diferenciados desde el mundo político y privado.

No obstante la ministra Aguilera reconoció que el dictamen de la Corte Suprema “es un fallo complejo”, afirmó también que junto al pronunciamiento previo sobre “los precios base del sistema de isapres, y junto a lo que aún está por conocerse respecto a la prima GES, define un nuevo escenario, con nuevas reglas, de las cuales tenemos que hacernos cargo”.

Y aunque recalcó que “esta es una situación larvada desde ya varias décadas”, donde el sistema privado ha llevado adelante un “modelo de negocios que se ha ido judicializando en sus distintos aspectos”, enfatizó que “nos vamos a hacer cargo de esta situación y vamos a resguardar, principalmente, los derechos de los afiliados de las isapres”.

Pese a que la secretaria de Estado sostuvo en la instancia que “el espíritu del trabajo del gobierno es siempre en un sentido en que existe una colaboración público privada”, de todos modos recordó que desde el Ejecutivo “vamos a propugnar un fortalecimiento del seguro público, de Fonasa, de manera que aumente la protección financiera de sus afiliados”.

Por su parte, el superintendente de Salud, Víctor Torres, repasó una serie de antecedentes que daban cuenta del vacío normativo que zanjó la Corte Suprema, donde aseguró que los múltiples reclamos de los afiliados en tribunales han llevado a un escenario de “judicialización y de incertidumbre en la fórmula de cálculo”, y que si bien la resolución da una “claridad que no existía con anterioridad”, eso no obsta el impacto económico que “puedan tener las isapres”.

Al respecto, valoró el plazo de seis meses que otorgó la Corte Suprema para dictar las normas que permitan aplicar el fallo, que tiene que hacerse “con algunas connotaciones de racionalidad y de prudencia, que me parecen fundamentales para evitar un efecto económico”.

Tras las palabras de las autoridades del ramo, Gonzalo Simon aseguró que el resultado del fallo “debe cumplirse a cabalidad”, pero aseguró que “de la lectura del fallo también se entiende que se debe mantener el equilibrio en el sistema privado de salud; equilibrio de costos e ingresos, o en caso contrario el sistema privado no puede operar”.

En esa línea, afirmó que “las isapres no están buscando un salvataje ni un rescate, lo único que se busca es una implementación de la sentencia que no provoque el cierre del sector privado de salud”.

“La implementación, insistimos, tiene que ser correcta, adecuada, prudente, oportuna”, remarcó.

Y aunque concordó en que el objetivo de la sentencia “es resolver la judicialización de la salud privada” ante los altos costos para los tribunales como para las instituciones privadas, calificó como “preocupante” que la Corte Suprema establezca la exención en el cobro para los menores de dos años, ya que “cabe en el rango de una política pública”, y acusó que “esto evidentemente genera incertezas y anomalías en el funcionamiento, porque están llegando reglas por una vía distinta a la normal”, que dijo, deben provenir del Legislativo y del Ejecutivo.

Incluso aseveró que, dicho ítem “en una estimación gruesa, que no es muy detallada, se ha llegado a la conclusión de que el impacto que esto tiene es tremendamente fuerte para el sistema (...) y va a tener una baja en los ingresos del orden de los $40 mil millones anuales”, lo que “viene a agravar el déficit y las magnitudes de esta exención son muy importantes”.

Al respecto, recordó que el sistema “ya ha acumulado pérdidas por $270.000 millones” en los últimos dos años, por lo que aseguró que “evidentemente cualquier medida que pueda tener un efecto en la situación financiera, lo que hace es agravar esto”.

“Entendemos que la sentencia lo que pretende es dar transparencia, es uniformar y simplificar el funcionamiento, pero también entendemos que (el fallo) no es para destruir el sistema, no tiene por propósito destruirlo, y por lo tanto la implementación tiene que tener los cuidados suficientes para que no ocurra ese evento”, enfatizó.

Además, Simon pidió que las estimaciones del impacto se puedan conocer a la brevedad, y aunque reconoció que la implementación “es una mirada caso a caso, por eso la implementación es delicada”, remarcó que “eso no quita que se necesita una celeridad y conocer la metodología”.

“Una falla de cálculo puede generar insostenibilidad. Hacerlo sin tener presente lo delicado de esta maniobra, es muy importante. Lo que se busca es terminar con la judicialización, no destruir las isapres. Una aplicación adversa de este fallo tendría precisamente el sentido opuesto del que se pretende. Si finalmente, lo que da como resultado de la implementación de este fallo es el cierre del sistema, evidentemente no se va a cumplir con el fallo, pero además eso va a dejar a la totalidad de la cartera sin la cobertura, que es lo más importante”, concluyó Simon.