La administración de Donald Trump ha intensificado el escrutinio sobre quienes buscan entrar o permanecer legalmente en Estados Unidos.

Según informó The Washington Post, las autoridades migratorias están ampliando la revisión de la actividad en redes sociales de los solicitantes de visas, con el objetivo de detectar expresiones consideradas “peligrosas” o “antiamericanas”.

Una política que ha encendido las alarmas entre académicos, sindicatos y defensores de la libertad de expresión.

Los cambios en revisiones

A comienzos de este mes, el Departamento de Estado extendió regulaciones que obligan a estudiantes extranjeros y de intercambio a entregar hasta cinco años de historial en redes sociales y a mantener sus publicaciones visibles al público.

La medida también se aplicará a quienes soliciten visas de trabajo H-1B y a sus dependientes, que enfrentarán revisiones digitales más exhaustivas.

“Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho”, señalaron funcionarios al anunciar la expansión.

El endurecimiento podría ir aún más lejos. La administración evalúa aplicar reglas similares a ciudadanos de países que hoy pueden ingresar a Estados Unidos por hasta 90 días sin visa, como Francia, Alemania, Reino Unido o Japón.

En paralelo, el gobierno anunció planes para revisar a más de 55 millones de titulares de visas en busca de eventuales infracciones que podrían derivar en deportaciones.

Autocensura en migrantes

De acuerdo con The Washington Post, esta política se aceleró tras la ofensiva oficial contra el antisemitismo en campus universitarios, pero su alcance se ha ampliado rápidamente.

Críticos advierten que el monitoreo de opiniones políticas y sociales en línea está inhibiendo el discurso público entre no ciudadanos.

“Nunca imaginas que esto ocurriría aquí”, dijo al diario Suresh Naidu, profesor de economía de la Universidad de Columbia, quien redujo drásticamente su presencia pública mientras tramitaba su ciudadanía.

Aunque un juez federal dictaminó en septiembre que los inmigrantes que se encuentran legalmente en Estados Unidos están protegidos por la Primera Enmienda, el gobierno ha seguido revocando visas por declaraciones consideradas problemáticas.

Entre los casos citados está el de un comentarista británico crítico de la guerra de Israel en Gaza, cuya visa fue revocada tras acusaciones de apoyar el terrorismo, pese a que no se le imputó delito alguno.

Críticas contra las medidas

La política también enfrenta acciones legales. En octubre, sindicatos como United Auto Workers y la Federación Estadounidense de Maestros presentaron una demanda acusando al gobierno de desplegar un “vasto aparato de vigilancia” apoyado en inteligencia artificial.

Según la acción judicial, muchos extranjeros han optado por borrar publicaciones, ocultar su identidad o cerrar cuentas para evitar consecuencias migratorias.

Desde la administración, en tanto, defienden las medidas como necesarias para la seguridad nacional.

“El DHS toma muy en serio su papel de abordar las amenazas al público”, afirmó la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, rechazando que se trate de una represión a la libertad de expresión.

Para expertos en gobernanza digital, como Nicole M. Bennett, de la Universidad de Indiana, las redes sociales se han convertido en la “nueva línea de fuego” de la aplicación de las leyes migratorias.

Impulsadas por herramientas de inteligencia artificial, advierte, estas revisiones pueden extenderse más allá del solicitante y alcanzar a su entorno cercano.