Un caso que podría redefinir quién es considerado ciudadano en Estados Unidos está hoy en manos de la Corte Suprema.

Según un artículo de The Washington Post, la administración de Donald Trump busca limitar la ciudadanía por nacimiento, un principio vigente por más de un siglo, apoyándose en argumentos históricos que han generado fuerte controversia entre expertos legales.

El debate legal

En el centro del debate está la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción” son ciudadanos.

La administración Trump sostiene que esta disposición no debería aplicarse a hijos de inmigrantes en situación irregular o con visas temporales, reinterpretando un principio que ha sido ampliamente aceptado desde fines del siglo XIX.

El gobierno ha recurrido a argumentos históricos para respaldar su postura.

Entre ellos, destaca la figura de Alexander Porter Morse, un abogado del siglo XIX que promovió limitar la ciudadanía por nacimiento con base en ideas que, según expertos, estaban influenciadas por prejuicios raciales.

“Si se conoce la historia y el contexto más amplio de lo que intentaban lograr, resulta preocupante”, advirtió al medio Lucy Salyer, profesora de historia de la Universidad de New Hampshire.

De acuerdo con el Washington Post, Morse formó parte de un grupo de juristas que, en su época, buscó excluir de la ciudadanía a hijos de inmigrantes, especialmente chinos.

Su argumento era que la nacionalidad debía depender del origen de los padres y no del lugar de nacimiento.

Esa postura fue finalmente rechazada en 1898, cuando la Corte Suprema resolvió en el caso EE.UU. contra Wong Kim Ark que un hombre nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano estadounidense, consolidando así el principio del jus soli.

La postura de Trump

Hoy, sin embargo, la administración Trump retoma parte de esas ideas.

El procurador general D. John Sauer argumenta que la 14ª Enmienda fue diseñada para garantizar derechos a los antiguos esclavos y sus descendientes, pero no a los hijos de extranjeros que se encuentran temporalmente en el país o sin estatus legal.

En su presentación, sostiene que la ciudadanía por nacimiento incentiva la migración irregular y plantea riesgos de seguridad nacional.

La Casa Blanca también ha defendido la revisión del principio.

“La Corte Suprema tiene la oportunidad de revisar la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda y restablecer el significado original de la ciudadanía en Estados Unidos”, señaló la portavoz Abigail Jackson.

Qué dicen los abogados

Sin embargo, organizaciones y expertos legales han criticado duramente estos argumentos.

Justin Sadowsky, abogado de la Alianza de Defensa Legal Chino-Estadounidense (CALDA), afirmó en un escrito judicial que la administración está utilizando planteamientos “basados en principios racistas”.

En la misma línea, el profesor de derecho Sam Erman señaló que los argumentos actuales “se hacen eco” de los utilizados en el siglo XIX.

“El argumento del gobierno se basa en gran medida en Morse y Wharton y en personas que repiten sus palabras sin cuestionarlas. Si se eliminan esos elementos del informe, este resulta muy débil”, afirmó Erman.

No todos los académicos coinciden con esta visión. Ilan Wurman, profesor de derecho de la Universidad de Minnesota, defendió que desestimar estos planteamientos por su origen histórico sería incorrecto:

“La idea de que se puede encontrar un puñado de racistas entre varias personas que plantearon un argumento similar y calificar todo el argumento de racista es una falacia lógica clásica”, señaló.

El litigio comenzó tras una orden ejecutiva firmada por Trump en su segundo mandato, que instruye a las agencias federales a no otorgar ciudadanía automática a niños cuyos padres no sean ciudadanos o residentes permanentes.

La medida fue rápidamente impugnada por varios estados y organizaciones civiles, y ha sido bloqueada de forma preliminar por tribunales inferiores.

Ahora, con los casos unificados ante la Corte Suprema, se espera un fallo para los próximos meses.