Por cuatro presuntos delitos de negociación incompatible y uno de cohecho será formalizado el alcalde de Talca, Juan Castro (IND), en una audiencia que fue fijada para el próximo 25 de agosto, en el Juzgado de Garantía de esta ciudad.

Así lo confirmó el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, quien señaló que "del análisis de la información que el Ministerio Público ha ido recabando se estimó que hay antecedentes suficientes para formalizar la investigación contra esta persona".

Dichos antecedentes surgieron en el marco de una investigación iniciada hace dos años, a raíz de la venta y arriendos de terrenos que hicieron el administrador municipal y actual candidato a alcalde, Juan Carlos Díaz (RN), y el jefe de gabinete de Castro, Juan Valdebenito, a las empresas Transportes CTS y Urbana Limitada, que están a cargo de la limpieza de calles y mantención de áreas vedes de Talca, y cuyo mandante es el municipio.

El caso se hizo conocido cuando un ex trabajador de la empresa CTS puso los antecedentes en manos de la Contraloría. Posteriormente, el concejal Sixto González (PC) hizo la denuncia ante la fiscalía, acción replicada por el abogado Fernando Leal, actual candidato independiente a alcalde por Talca. Luego, el Consejo Defensa del Estado se hizo parte con una querella.

Según Leal, a Juan Castro se le vincula con el arriendo de unas bodegas que realizó la empresa Santa Malva, de propiedad del edil, a CTS. "La ley de probidad le prohíbe a los funcionarios públicos hacer negocios con empresas o personas respecto de quienes deban tomar decisiones que los afecten; en este caso, Santa Malva es Juan Castro, y esta empresa recibió pagos de CTS mientras se decidía la licitación, que finalmente se adjudicó CTS", explicó el abogado.

Al respecto, el alcalde Juan Castro reconoció que su empresa le prestó dichas bodegas a CTS tras el terremoto, y luego se las arrendó en 500 mil pesos, por seis meses.

Agregó que "yo no tengo nada que temer, todos saben que tengo varias empresas y éstas no tienen ninguna prohibición de vender productos u ofrecer servicios a nadie, salvo a la municipalidad, y en este caso no fue la municipalidad la que arrendó las bodegas, sino una empresa que trabaja para la municipalidad. Me siento muy tranquilo, la ley está del lado mío. Hemos trabajado por la ciudad de manera transparente y tengo la voluntad de apoyar esta investigación", indicó.