El fiscal de la Cámara Alta, Javier Norero, quien ya había ganado un recurso de protección en la Corte Suprema por su injustificado despido del Congreso, ahora logró que el tribunal de alzada porteño ordene al Ministerio Público una investigación penal en contra de Raúl Guzmán. En la acción criminal se le acusa de falsificar documentos y cometer un delito específico de los abogados que obran como funcionarios públicos: prevaricación administrativa. La incomodidad de causas penales llegó hasta la testera de la corporación.
