Convención da el último portazo al plebiscito dirimente y busca enviar iniciativas rechazadas al Congreso

El lunes a las 18.00, como es habitual, la mesa directiva de la Convención Constitucional publicó un acta con cada uno de los acuerdos alcanzados en el encuentro. Uno de ellos revive unos de los debates más álgidos que hubo durante la discusión del reglamento del órgano constituyente y que ha concentrado los esfuerzos tanto de la antigua como de la actual directiva: la realización de un plebiscito dirimente, que estaba contemplado para mayo de este año.

En concreto, en el texto publicado por la Secretaría de la Convención se dice que se acordó remitir por oficio al Congreso Nacional las propuestas de normas constitucionales que fueron rechazadas en pleno -por haber obtenido menos de 2/3-, pero que sí contaron con el respaldo de 3/5 o más de los convencionales en ejercicio. Esto, según se especifica, para que “tomen conocimiento y decidan algún eventual curso de acción”.

El plebiscito permitía convocar a la ciudadanía a decidir, mediante el sufragio universal popular, la inclusión en el nuevo texto constitucional de las normas que hayan sido rechazadas en segunda votación, pero que hayan alcanzado un quórum de 3/5. El sufragio para estas elecciones era obligatorio, a excepción de personas entre los 16 y 18 años de edad, para quienes sería voluntario. Además, estipulaba las opciones de Apruebo y Rechazo y que podía ser usado en una sola oportunidad, el cual debería haberse hecho en una fecha previa al 4 de junio, para que las materias aprobadas pasaran a integrar la propuesta de nueva Constitución.

Según explicó la vicepresidenta adjunta Bárbara Sepúlveda (Chile Digno), el tema no estaba en tabla en la reunión del lunes. Comenzó a debatirse debido a que la presidenta, María Elisa Quinteros (Movimientos Sociales), dijo que había gente que le había preguntado al respecto.

El interés sobre estos plebiscitos radica en que en la recta final de la Convención se ha tomado conciencia sobre algunos aspectos del reglamento que rige al órgano que no fueron desarrollados. Con este objetivo, según se detalla en el mismo reglamento, la mesa directiva, en colaboración con la Secretaría de Participación Popular, tendría que consolidar el listado de propuestas de normas constitucionales que alcancen dicho quórum.

En línea con lo definido en el reglamento, de acuerdo a fuentes de la mesa, el secretario John Smok sería el encargado de sistematizar aquellas normas que obtuvieron 3/5 para remitirlas al Congreso.

De acuerdo a fuentes de la mesa, quienes plantearon esta posibilidad en una primera instancia fueron las vicepresidentas adjuntas Bárbara Sepúlveda (PC) y Natividad Llanquileo (Pueblo Mapuche), aunque finalmente la mayoría votó a favor. La excepción fue el vicepresidente adjunto Hernán Larraín (RN-Evópoli-IND).

En línea con Larraín, desde la UDI coinciden en la negativa ante la propuesta. Rodrigo Álvarez (UDI) señaló que “nos parece un error. La mesa ha tomado una serie de decisiones que extreman sus facultades. En ese caso, aún más. No hay ninguna norma que indique esto. Estamos hablando de normas que fueron rechazadas. Darle alguna efectividad o que tengan algún tipo de consecuencia, efecto jurídico o político nos parece inadecuado”.

Sin embargo, en la mesa adelantan que solo se envía el oficio para efectos de que lo tengan como insumo, y para remarcar todos los oficios en los que se le solicitó al Congreso tramitar el plebiscito dirimente.

Además, precisan que el oficio aún no se envía al Congreso y que lo que está acordado, por ahora, es la decisión de que se hará llegar el documento con las normas que hayan superado los 3/5.

Durante la reunión del lunes, según recuerdan algunos presentes, el convencional y vicepresidente adjunto Tomás Laibe (Colectivo Socialista) manifestó que “no había nada que hacer” con respecto al plebiscito dirimente. Asimismo, integrantes de la mesa detallan que no hubo nadie que considerara que este mecanismo fuese una alternativa a estas alturas del proceso.

En este contexto, durante un punto de prensa de esta mañana, el vicepresidente, Gaspar Domínguez (No Neutrales), enfatizó que para la realización del plebiscito dirimente se debía dictar una reforma constitucional que lo permitiera, y eso no está en manos de la Convención, sino del Senado y la Cámara de Diputados.

“El Congreso no materializó esta reforma y nos parece que está bien, está haciendo uso de sus atribuciones, ellos definieron no habilitar esta posibilidad”, agregó Domínguez.

Lo cierto es que el escenario del plebiscito dirimente se hizo cada vez menos realista a lo largo del proceso constituyente. En noviembre del año pasado, la mesa directiva liderada por Elisa Loncon (Pueblo Mapuche) envió un oficio al Congreso para solicitar la implementación de las reformas constitucionales para poder impulsar el plebiscito dirimente.

Como no tuvo efecto, la actual mesa reiteró la solicitud a través de un nuevo oficio en marzo de este año.

En este sentido, consultada por La Tercera, Quinteros señaló: “Como bien sabemos, esto quedó sujeto a una reforma constitucional del actual Congreso Nacional. Como hasta la fecha esa reforma no se ha concretado (...), se decidió poner en conocimiento al Congreso para que, en el marco de su autonomía, defina si tramitarla o no”.

“Es preciso que aquellas normas que alcanzaron ese quórum sean relevadas desde la Convención como materias de especial relevancia y sea el poder constituido quien tome conocimiento de esto”, agregó la vicepresidenta adjunta Yarela Gómez (Frente Amplio), mientras que el vicepresidente adjunto Francisco Caamaño (Pueblo Constituyente) sostuvo que “en ningún momento hubo voluntad del Parlamento de poder realizar este plebiscito. Por eso se va a oficiar al Parlamento, para que (...) estén en conocimiento de que la Convención hizo su trabajo”.

Además, la composición del actual Congreso también fue un factor que los convencionales han sopesado a la hora de evaluar la viabilidad del referéndum. En este sentido, tras las últimas elecciones parlamentarias, el convencional Marcos Barraza (PC) afirmó que el resultado le permite a la derecha “tener el mismo tercio obstruccionista que ha tenido hasta ahora”. Y agregó: “Eso limita las posibilidades en términos de reforma constitucional de las ideas que la Convención ha ido ratificando”.

En todo caso, la negativa ante su realización se manifestó desde un comienzo. El 6 de octubre del año pasado, cuando la Convención aún visaba su reglamento, el pleno de la Convención aprobó con 107 votos a favor, 42 en contra y cuatro abstenciones la realización del plebiscito dirimente.

En esa ocasión, votó en contra o se abstuvieron la derecha y el Colectivo del Apruebo, junto con algunos No Neutrales, socialistas y un escaño reservado. Ante la aprobación, desde Vamos por Chile se evaluó acudir a la Corte Suprema, aunque de forma infructuosa. Según se argumentó esa vez, debido a que esta iniciativa capaz de revivir iniciativas rechazadas vulneraría el quórum de 2/3.