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Medicamentos sin IVA y fin a la lista de espera oncológica: ¿Humo electoral o espacio real para políticas de Estado?

"El alto costo de los medicamentos sigue siendo uno de los problemas más gravosos para los hogares de ingresos bajos y medios: explica cerca del 60% del gasto de bolsillo en salud. La segunda vuelta ofrece una oportunidad para avanzar hacia acuerdos que trasciendan la contingencia electoral", dice Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública UNAB.

El balotaje ha llevado a los candidatos a ampliar sus propuestas e incorporar ideas de quienes quedaron fuera. Entre ellas destaca la retomada por Jeannette Jara de la propuesta de Franco Parisi, de eliminar el IVA de fármacos e insumos relevantes para la tercera edad.

Esta medida apunta a aliviar el gasto de bolsillo, pero su análisis muestra que no es la única vía.

Una revisión de los programas de los cinco candidatos más votados (97%) confirma que existe un consenso amplio en torno a mejorar la cobertura de medicamentos. Las rutas propuestas son diversas: la rebaja del IVA planteada por Parisi; la incorporación de medicamentos ambulatorios como prestación GES, de Matthei; mayores capacidades regulatorias y de compra para reducir precios, y mecanismos de acceso domiciliario incluidos en distintos programas de Jara y Kast.

Este alineamiento es una buena señal. El alto costo de los medicamentos sigue siendo uno de los problemas más gravosos para los hogares de ingresos bajos y medios: explica cerca del 60% del gasto de bolsillo en salud, uno de los porcentajes más altos de la OCDE. La segunda vuelta ofrece una oportunidad para avanzar hacia acuerdos que trasciendan la contingencia electoral.

“Un compromiso concreto sería impulsar una ley que cree un seguro universal de medicamentos con una cobertura inicial, por ejemplo, del 20%, que aumente gradualmente junto con el financiamiento”.

Un compromiso concreto sería impulsar una ley que cree un seguro universal de medicamentos con una cobertura inicial, por ejemplo, del 20%, que aumente gradualmente junto con el financiamiento y a medida que maduren las capacidades del sistema para negociar mejores precios, fortalecer la distribución en zonas urbanas y rurales y establecer controles que eviten abusos, como en licencias médicas.

Una política de este tipo permitiría otorgar cobertura de manera estable y con potencial de crecimiento, articulándose con los esquemas actuales de Fonasa, Isapres, seguros privados y GES. También entregaría una señal de seriedad respecto de la intención de abordar uno de los problemas más sentidos por la ciudadanía.

Otro punto que concita un apoyo transversal es terminar con las listas de espera. Es así como la propuesta de la candidata Matthei, de poner fin a las listas de espera oncológicas en un plazo de 100 días, también ha sido adoptada por la candidata Jara. El diagnóstico tardío y el retraso en el inicio de tratamientos deterioran de manera significativa la calidad y expectativa de vida. En oncología, la oportunidad incide directamente en el pronóstico de los pacientes, por lo que este compromiso es relevante desde una mirada sanitaria y social.

Pero esta propuesta requiere más que una declaración, necesita de una real voluntad política y convencimiento de que su viabilidad depende de la capacidad de articular todos los recursos disponibles y sumar la infraestructura y el capital humano tanto del sistema público como del privado.

En este punto, la experiencia muestra que los gobiernos que no cargan con objeciones ideológicas frente a la colaboración público-privada suelen avanzar con mayor rapidez. Además, las listas acumuladas desde la pandemia no han logrado resolverse con las estrategias actualmente en uso, por lo que insistir en los mismos mecanismos difícilmente produciría un resultado distinto.

El fortalecimiento del sector público es un objetivo relevante, pero requiere tiempo: reorganizar procesos, mejorar incentivos, contratar especialistas escasos y aumentar la productividad de equipos diagnósticos y quirúrgicos. Por sí solo, este camino no permitirá resolver un problema que supera la capacidad instalada.

Por ello, es necesario avanzar en paralelo en compras ágiles de servicios al sector privado mediante mecanismos y licitaciones gestionadas por el Fondo Nacional de Salud. Allí existe infraestructura y experiencia capaces de absorber una parte relevante de la demanda.

Cumplir la meta de 100 días exige una estrategia dual: ampliar la producción del sistema público y utilizar plenamente la capacidad disponible en el privado. Cualquier plan que excluya uno de estos componentes corre el riesgo de quedarse corto frente a la urgencia que enfrentan miles de pacientes.

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