Tres días han transcurrido desde que en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama un brutal ataque con arma blanca de un alumno de 18 años terminó con una inspectora fallecida y otras cuatro personas heridas. Las clases, a contar de la mañana del viernes, se han mantenido suspendidas y las acciones por ahora apuntan principalmente a la contención de la comunidad escolar. En paralelo, el gobierno, a través del Ministerio de Educación que comanda María Paz Arzola, se vio empujado a tomar decisiones inmediatas que hasta el viernes estaban en carpeta, pero no tenían el carácter de urgente. Una de ellas es avanzar hacia una ley que permita, entre otras cosas, la revisión de mochilas en establecimientos educacionales. De todo eso se habló en el Comité de Seguridad que encabezó el Presidente José Antonio Kast la mañana de este lunes.

De hecho, el primero en anunciar públicamente lo que vendría fue el propio Mandatario, quien planteó durante la mañana de este lunes en el Colegio Providencia que a propósito del fatal ataque y la reciente detención de un estudiante por ingresar con arma de fuego a un colegio “se van a requerir medidas que antes eran muy resistidas”.

“Esto va a requerir algunas medidas de mayor control al ingreso de los establecimientos, que no es la solución de los problemas, pero tenemos que partir cuidando a los niños dentro de un espacio seguro que es la escuela”, dijo, sumando que “algunas van a estar en reglamentos y otras van a estar en normas legales que vamos a llevar al Congreso y se van a discutir con los parlamentarios”, explicó.

En ese sentido, solicitó cooperación a los legisladores para priorizar este tema “más allá de cualquier ideología”. Y cerró: “La vida de un niño no tiene derecho a ser arriesgada, porque haya una diferencia en la aproximación a lo que creemos que tiene que ser un proyecto educativo”.

Luego, la ministra Arzola se extendió señalando que el Ejecutivo está “avanzando en reglamentos y orientaciones para que una vez promulgada la Ley de Convivencia Escolar -que se encuentra en proceso de toma de razón- entregar a los colegios para que puedan avanzar con mayor agilidad para avanzar en la instalación de detectores de metales”. Y añadió: “Respecto de otras medidas, como revisión de mochilas, requiere una ley adicional porque hay un dictamen que lo impide, en el último tiempo esto no se le había permitido a colegios. Vamos a elaborar un proyecto de ley que, entre otras medidas, tenga la posibilidad de revisión de mochilas y herramientas pedagógicas a docentes para hacer frente a conflictos y fortalecer autoridad y respeto, que es tan importante desde el punto de vista formativo”.

En las entrañas de la cartera educativa explican que lo de Calama aceleró algunas definiciones que se habían estado socializando previamente con actores del mundo educativo, con quienes se concluyó que las escuelas tienen muy poco margen para prevenir estos hechos. En este gobierno, además, siempre ha rondado la idea de entregar más atribuciones a los sostenedores y dotar de herramientas para que los colegios puedan garantizar un entorno seguro a la comunidad educativa.

Y ahí, sin basarse en ningún modelo en particular, pero mirando de reojo la experiencia en Estados Unidos, donde ya se hace, el Mineduc tenía visto hace un tiempo que la revisión de mochilas podía ser una de esas respuestas. Pero al mismo tiempo han analizado que una medida de este tipo puede generar resistencia en ciertos sectores, además de exponerlos a vulneraciones de garantías constitucionales y rebotarles en el Tribunal Constitucional o en la justicia ordinaria. “Lo que hay que afinar ahora es hasta dónde llegar para que no se considere una medida intrusiva”, dice un entendido.

Y es que en el ministerio ven que Contraloría y la Superintendencia de Educación ya han abordado este tema en el pasado, cerrándole la puerta a la idea, aun cuando la nueva ley de Convivencia Escolar obligará a actualizar ciertas cosas.

La idea general del Mineduc para su proyecto de ley es dotar de atribuciones y herramientas para que los colegios, con su realidad, pueden adoptar la medida que consideren pertinente y algunos aspectos de la normativa actual no lo permiten.

Ingrid Olea, directora ejecutiva de Educación 2020, apunta a que “existe una preocupación en el debate público, que vuelve a inclinarse hacia medidas de vigilancia y castigo, dejando de lado el análisis de los factores que originan la violencia en los entornos educativos”. En tal sentido, cree, además, que “la responsabilidad no recae únicamente en las escuelas, sino en un sistema que no ha logrado responder de manera efectiva, abordando los problemas de base antes de llegar a los hechos de violencia. Concentrar los esfuerzos en medidas como la revisión de mochilas implica actuar cuando el daño ya está hecho”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, es tajante: “Tal como dijimos con el tema de los pórticos, y ahora con la revisión de mochilas, estas medidas pueden generar un cierto alivio en comunidades que se sienten amenazadas, pero no van al tema de fondo”. Y añade: “Creemos que el gobierno cometería un grave error si esta problemática tan grave y de raíces tan profundas en sus causales, pretende abordarla desde un punto de vista comunicacional, con medidas parche. Equivoca el camino. Si en algún lugar se necesitan, se puede considerar, pero el problema de fondo no es ese”.

El cuándo ingresar ese proyecto, por ahora, no está determinado, pero en el Mineduc se habla de “en el mediano plazo”. Esto quiere decir que apenas esté listo, se hará. Esta semana laboral, de hecho, arrancó con diversas personas de la cartera trabajando en llegar con un borrador medianamente consensuado, desde Arzola, el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez, sus jefes de asesores, de gabinete, hasta el jefe de la Unidad Jurídica, Francisco Zambrano. Al mismo tiempo, el pinponeo se ha intensificado con la Superintendencia de Educación.

En la cartera saben que tienen que hacer convivir todo, técnica y legislativamente, por lo delicada de la idea. Y ahí también será vital el trabajo prelegislativo para alinear fuerza, “porque si no, nos van a tirar la cadena”, leen de antemano. De hecho, la proyección es poder darle a esto una tramitación expedita.

Kast y Arzola hablaron de -en plural- medidas, no solo revisión de mochilas. Entre otras cosas, el Ejecutivo estudia ampliar la ley también a permitir el reconocimiento facial e incluso el uso de inteligencia artificial, apuntando a tener claridad sobre quiénes entran en los colegios y no sólo centrado exclusivamente en la revisión de pertenencias.

Acelerar reglamento

Pero un proyecto de ley no es lo único que por estas horas está trabajando aceleradamente el Mineduc.

En paralelo, a la espera de que se promulgue la ley sobre Convivencia Escolar despachada hace algunas semanas en el Congreso, la cartera de Arzola trabaja a toda máquina en el reglamento aparejado a esa norma.

Y es que la ley permite concretamente el uso de detectores de metales en establecimientos y, a raíz de lo ocurrido en Calama, se quiere permitir cuanto antes que los establecimientos que quieran puedan implementarlos.

Pero antes de que eso ocurra debe salir el reglamento, que suelen tomar meses antes de recibir el visto bueno definitivo de Contraloría.

Por ello, en el Mineduc tienen a sus equipos técnicos apurando la parte de ese reglamento que hace mención a los detectores y buscarán que ese acápite esté operativo lo antes posible. ¿Cuándo? Algunos se aventuran que quieren dejarlo listo -incluso- esta misma semana. “Tiene que haber una señal rápida”, resume un entendido.

La otra definición rápida en este sentido que quieren tomar en el ministerio tiene relación con los recursos necesarios para implementar una medida así, considerando que hay colegios públicos que podrían requerirlo. Y aunque con el contexto del recorte de presupuesto que viven todos los ministerios la lógica indica que no habría dinero para esto, diversas fuentes de la cartera señalan que podrían reasignar algunos recursos para apoyar casos urgentes, además de favorecer la búsqueda de apoyo de privados.

Al respecto, Inti Alavia, concejal PC de Calama e hijo de la inspectora que se mantiene grave, dijo en Mega que “estos son hechos que van a marcar un precedente y tenemos que buscar como sociedad qué es lo que tenemos que mejorar. Las soluciones no son pórticos, sino un trabajo profundo en la comunidad escolar, tanto pública como privada”. Del mismo modo, clamó que “los recortes de recursos tanto a la salud mental como a la educación tenemos que dar pie para que esto se eche atrás y avanzar, porque no queremos que esto pase nuevamente”.