El Juzgado de Garantía de Illapel decretó la prisión preventiva de cuatro gendarmes y un civil imputados por su presunta participación en una red criminal que operaba desde el interior del Centro de Detención Preventiva de Illapel.

El Ministerio Público les atribuye los delitos consumados de asociación criminal, tráfico ilegal de drogas, lavado de activos, cohecho e ingreso de elementos prohibidos a recintos penales. Los ilícitos se habrían cometido desde 2021 en Illapel, con operaciones extendidas a comunas de la Región Metropolitana y del Biobío.

Según la investigación, la organización estaba integrada por 16 personas, entre funcionarios de Gendarmería, civiles e internos del penal, quienes habrían coordinado el ingreso de drogas, teléfonos celulares, chips y otros elementos prohibidos al recinto penitenciario, a cambio de dinero.

El tribunal también decretó prisión preventiva para otras dos imputadas, formalizadas como autoras del delito de tráfico ilícito de drogas. En su caso, la magistrada desestimó, por ahora, la imputación por asociación criminal, pero consideró que otras cautelares eran insuficientes.

De acuerdo con el Ministerio Público, la red habría generado ganancias calculadas en $223.209.732, monto que habría sido movido a través de cuentas bancarias y utilizado para adquirir bienes con el objetivo de ocultar su origen ilícito.

En el caso de un quinto gendarme, el tribunal desestimó su participación en los delitos de asociación criminal y tráfico ilícito de drogas, y solo dio por acreditada, en esta etapa, su presunta responsabilidad en cohecho e ingreso de dispositivos electrónicos al penal. Por ello, quedó con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse o comunicarse con los demás imputados.

Respecto de otros tres imputados, el tribunal también descartó, por ahora, los delitos de asociación criminal y tráfico ilícito de drogas planteados por la Fiscalía, y decretó cautelares de menor intensidad, como arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional, firma mensual y prohibición de contacto con los coimputados.

El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días.