En prisión quedaron este viernes las dos funcionarias del Registro Civil formalizadas por el delito de malversación de caudales públicos tras la sustracción de más de $17 millones de la caja fuerte en que se acumulaban las recaudaciones de la oficina del servicio que las imputadas tenían a su cargo en Buin.

El Juzgado de Garantía de San Bernardo, fijó la medida cautelar más gravosa para la oficial civil a cargo de la oficina, Carmen Audala, y su subrogante en esas labores y oficial civil adjunta del servicio, Fabiola Esparza, por considerar que su libertad constituye un peligro para seguridad de la sociedad y un peligro para las diligencias de la investigación que lidera el fiscal Paul Martinson.

Se fijó un plazo de investigación de 90 días.

Las funcionarias fueron detenidas el martes, en un procedimiento realizado en coordinación con la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros.

El 11 de agosto se denunció la sustracción del dinero.

Previamente, el área de Auditoría Interna del Registro Civil había detectado irregularidades en el manejo de recaudaciones, motivo por el cual se dispuso la realización de una intervención en la oficina.

Al conocerse la sustracción del dinero, en tanto, el organismo interpuso una querella por hurto y el delito de malversación culposa.

Según información de la policía uniformada, una de las funcionarias ya había denunciado, hace un año, otro supuesto robo en la oficina por un monto de $11 millones.

El fiscal Martinson explicó por qué se formalizó por el delito de malversación de caudales públicos y no robo en lugar no habitado, como se había caratulado inicialmente la indagatoria.

“La denuncia por parte de Fabiola Esparza, imputada en los hechos, habría sido que alguien habría ingresado al lugar sustrayendo estos dineros. Sin embargo, cambia la figura legal considerando que quienes sustraen los dineros habrían sido las propias jefas del servicio de esa oficina. Y eso significa que hay personas que están a cargo de caudales públicos que los tienen en depósito y que los sustraen. Y eso es una malversación”, indicó.

El persecutor señaló que al concurrir tras la denuncia del robo, funcionarios de Carabineros “constatan que hay un desorden en las oficinas, hay desorden en los cajones, hay cédulas de identidad, patentes que se encontraban en el suelo, de forma tal que se habría plantado una escena para dar cuenta de que alguien habría revisado el lugar”.

“Es claramente presumible que ambas imputadas fueron las que realizaron este desorden para poder ocultar su actuar y así poder denunciar un robo o simular un robo”, comentó el fiscal jefe de San Bernardo.