Al día siguiente de comunicar el cierre de la investigación, la Fiscalía Regional de Antofagasta ingresó el pasado 14 de agosto la acusación en el caso Democracia Viva, contra la desaforada diputada Catalina Pérez, su expareja Daniel Andrade, el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, la exconcejal Paz Fuica y otras tres personas.

En el documento de 232 páginas se detallan los delitos por los cuatro hechos que el Ministerio Público llevará a juicio a los ahora acusados y que se relacionan a los convenios con el Estado de las fundaciones Democracia Viva, Fibra, Fusupo y Tomarte.

La diputada y su círculo están siendo acusados por tres delitos consumados de fraude al Fisco y se solicitó para los cuatro una pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado.

Paz Fuica y Carlos Contreras, involucrados en las otras aristas, arriesgan penas que suman 35 años de cárcel.

El Ministerio Público espera presentar 146 testigos y una decena de peritos en el juicio.

La petición del tribunal

Aunque para el Ministerio Público los hechos por los que se acusó a los imputados están claros, tras revisar el escrito el Juzgado de Garantía de Antofagasta pidió al fiscal Cristián Aguilar detallar parte de los elementos expuestos.

Y es que como la indagación en cuestión involucra convenios entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y cuatro fundaciones distintas, el texto ingresado por la Fiscalía hace mención, por separado, de los distintos hechos y la participación de los sujetos.

Pero para el tribunal, eso no se habría expuesto con suficiente claridad, por lo que previo a resolver y entender por plenamente presentada la acusación, se les solicitó hacer las precisiones correspondientes.

“Existiendo falta de consistencia entre los puntos 2 y 3 del cuerpo de la acusación relativos a la calificación jurídica y participación criminal que se imputa a cada uno de los encausados por los delitos que allí se indican, con el petitorio de la acusación en que se solicita tenerla por presentada en contra de todos los imputados por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos sin distinción de qué ilícito se le imputada a cada uno de los encausados, previo a resolver, aclárese en el petitorio de la acusación la imputación delictiva que se pretende respecto de cada imputado por él o los delitos que en cada caso correspondan”, solicitó el magistrado.