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Senado invita a exponer del FES a Dorothy Pérez y presidenta del CFA tras cuestionamientos de sus instituciones al proyecto

La Comisión de Educación de la Cámara Alta retomará la discusión de la propuesta del gobierno que busca dejar atrás el CAE el 7 de enero, y a esa sesión convocó a la contralora y a Paula Benavides, cuyas entidades han hecho serios reparos a algunos aspectos de la iniciativa.

Dorothy Pérez y Paula Benavides.

La discusión sobre el nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES) propuesto por el gobierno a través de un proyecto de ley ya tiene fecha para seguir adelante, aunque en 2026.

Con las últimas dos semanas del año en receso de actividades en el Congreso, el trabajo legislativo se retomará la primera semana de enero y ahí, la Comisión de Educación del Senado, donde está en este momento el proyecto, convocó para el miércoles 7 de enero a dos actores -actoras en este caso- relevantes para la discusión: la contralora Dorothy Pérez, y la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Paula Benavides. La citación es a partir de las 12 horas de ese día en la sala 8 donde sesionan las comisiones de la Cámara Alta. Al cierre de esta edición aún no se confirmaban sus participaciones.

Pero como sea, la presencia de ambas se torna especialmente relevante para los senadores luego de que sus instituciones ya han presentado reparos u observaciones a la propuesta del Ejecutivo que busca superar el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Por un lado, el ente encabezado por Pérez cuestionó el registro contable del FES: de acuerdo al proyecto del gobierno, los mayores recursos que implica el nuevo sistema son activos financieros, por lo que no tendrían implicancias fiscales, pero el organismo contralor no compartió esa premisa. Ante ello, el Ejecutivo pidió una reconsideración, la que aún está siendo analizada por Contraloría.

Por otro lado, el CFA ha puesto en entredicho diversas materias de la iniciativa. Por ejemplo, a inicios de diciembre señaló que los desembolsos deben contabilizarse como gasto fiscal y que el FES no genera ahorro. Del mismo modo, apenas este lunes se conoció un informe externo encargado por la misma entidad al execonomista senior de la División de Finanzas Públicas del Departamento de Estadísticas del FMI, Héctor Hernández, quien concluyó que el pago del nuevo sistema no es un “activo financiero” del Fisco.

Por razones como esas es que los senadores de la comisión, compuesta por su presidente Gustavo Sanhueza (UDI), Juan Castro (Ind.), Fidel Espinoza (PS), Felipe Kast (Evópoli) y Yasna Provoste (DC), esperan con especial atención lo que puedan decir tanto la contralora como la presidenta del CFA, en un contexto en que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, ya verbalizó no estar satisfecho con los 20 expositores que hasta aquí han llegado a la comisión para entregar su opinión sobre el FES. “Hemos escuchado solo a personas opositoras”, dijo la semana pasada.

Entre esos individuos que ya han expuesto en la Comisión de Educación del Senado se cuenta a nueve rectores de universidades (uno de una estatal, cuatro de privadas pertenecientes al Consejo de Rectores y tres de privadas no Cruch); representantes de centros de opinión ligados a la oposición; tres expertos internacionales convocados a analizar el FES por el propio Mineduc; y exautoridades de gobiernos de Lagos y Piñera, entre otros.

Estas nuevas invitaciones a Pérez y Benavides para participar de la comisión podrían ser las últimas que se cursen antes de que la instancia decida votar la idea de legislar el proyecto, paso que está esperando el Ejecutivo para ingresar las indicaciones que ha comprometido en distintas oportunidades y que deberían apuntar a ampliar los deciles de copago o limitar la retribución de un beneficiario.

Con todo, hay voces que señalan que esos cambios tampoco son suficientes para destrabar un proyecto al que se le piden modificaciones más profundas y que otros actores piden separarlo en dos: la solución a los deudores del CAE, por un lado, y un nuevo sistema de financiamiento, por otro, lo que haría extender la discusión a tiempos que al gobierno no le gustan, toda vez que corren el riesgo de que esto no se resuelva antes del cambio de mando del 11 de marzo, lo que haría incumplir, quizás, la promesa más emblemática del Ejecutivo, esa de terminar con el CAE.

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