El Pleno de la Corte Suprema rechazó este lunes el requerimiento presentado por diputados oficialistas para remover al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper.

Para prosperar, la destitución debía ser aprobada por cuatro séptimos de los miembros del máximo tribunal. Por unanimidad se desechó.

Cooper fue el cuarto fiscal regional enfrentando una solicitud de remoción en la Suprema en cinco años.

De qué se acusó a Cooper

Antes de ser designado en Coquimbo, a inicios del 2023, cumpliendo labores en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el persecutor comenzó a indagar eventuales delitos en la Municipalidad de Santiago por la compra de la propiedad en que funcionó la clínica Sierra Bella.

Ese es el caso que originó la incautación del teléfono de la diputada Karol Cariola el 3 de marzo de este año, en el mismo día en que la legisladora dio a luz a su primer hijo.

Comunicaciones entre la exalcaldesa Irací Hassler y la diputada Cariola llevaron a Cooper a abrir una investigación por un eventual delito de “tráfico de influencias” anexo a la fallida compra de la clínica.

El episodio de la incautación del celular de la diputada fue el que motivó el requerimiento que ingresaron 10 diputados -del PC, PS y FA- para remover al fiscal regional.

En su exposición ante el Pleno de la Suprema, la abogada Karinna Fernández acusó “negligencia” de Cooper por “entrega de información reservada a terceros ajenos a la investigación”, aludiendo la entrega a la Municipalidad de Santiago de datos de la causa Chinamart respecto a Cariola y el empresario chino Bo “Emilio” Yang.

“Estamos ante un fiscal regional que se comporta como litigante”, sostuvo Fernández.

La abogada especializada en derechos humanos afirmó que “el actuar inconvencional del fiscal regional vulneró derechos a la debida diligencia, al debido proceso, al acceso a las garantías judiciales, la vida privada y a la inviolabilidad de las comunicaciones”.

Por la defensa, expuso el abogado Matías Insunza.

El letrado defendió la incautación que autorizó la jueza del 7° Juzgado de Garantía de Santiago Carla Cappello Valle y que concretaron funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI).

Insunza recordó que el abogado Juan Carlos Manríquez, representando a Cariola, desistió de su petición para anular la diligencia.

“La pregunta que tenemos que formularnos en este momento es si se acreditaron las conductas imputadas en el requerimiento, si ocurrieron como allí se indican, y además, en el evento en que ocurrieron de esa manera, si fueron manifiestamente negligentes como exige la norma y el estándar de nuestro sistema. Y la respuesta es un contundente y rotundo no”, afirmó Insunza.

Resolución

La parte requirente y la defensa tuvieron 30 minutos para presentar sus argumentos.

Poco antes de las 16.30 horas, la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dio por finalizada la revisión y los ministros pasaron a deliberar su resolución.

A las 17.13 horas, la ministra vocera María Soledad Melo, dio a conocer que por unanimidad, el Pleno optó por desestimar el requerimiento.

“Quedamos muy satisfechos con la resolución. Creemos que se hizo justicia. La República puede quedar tranquila de que este es un tribunal de derecho, donde la política no ingresa sino que se resuelve en función del mérito de las pruebas presentadas”, afirmó el abogado Insunza, tras conocer la decisión.

Para informar el resultado, el representante se comunicó por teléfono con Cooper que siguió la audiencia por vía remota.

Los casos políticos de Cooper

Cooper también es el fiscal a cargo de la investigación por otro caso de una compraventa fallida que complicó al oficialismo: la de la casa de la familia Allende en calle Guardia Vieja.

Otro caso vinculado a la política que indagó Cooper se relaciona a los convenios de la fundación ProCultura.

La actuación de Cooper en esa investigación quedó en entrevero cuando la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró ilegales las escuchas telefónicas que ordenó respecto a Josefina Hunneus. Entonces, el fiscal nacional, Ángel Valencia, apartó a Cooper de ese caso.

Los fiscales que enfrentaron el mismo proceso

El 27 de enero de 2020, se rechazó la solicitud de remoción de Emiliano Arias como fiscal regional O’Higgins, en una acción que fue iniciada por el fiscal nacional de la época, Jorge Abbott.

En 2023, la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, fue sometida a duras críticas por su manejo en el caso del niño Tomás Bravo. En una primera instancia, la Suprema declaró inadmisible la presentación, pero luego sí la acogió. Sin embargo, los jueces del máximo tribunal rechazaron la solicitud.

En 2024, legisladores de oposición buscaron remover al fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz, acusando “falta de imparcialidad” en las causas del estallido social del 2019.