Convenios cuestionados por $1.596 millones son la base de la acusación que presentó la Fiscalía Regional de Antofagasta respecto a siete personas en el caso Democracia Viva.

Además de los tres contratos por $426 millones con que se favoreció a la entidad ligada a Revolución Democrática, se consideran traspasos a otras tres ONG: Fibra (tres convenios por $430 millones), Fusupo (dos convenios por $284 millones) y Tomarte (cuatro convenios por $456 millones).

Según indica el Ministerio Público en el documento, se trata de convenios que “nunca debieron haber sido suscritos”.

“Se defraudó de manera inmediata y directa"

En la arista principal, se apunta a la diputada Catalina Pérez, a su expareja Daniel Andrade, a la exconcejal Paz Fuica y al exseremi del Minvu de Antofagasta Carlos Contreras de tres delitos consumados de fraude al fisco.

La acusación sostiene que Contreras y Fuica “se concertaron previamente para permitir la adjudicación de los fondos”, en tanto, Pérez y Andrade “facilitaron los medios para la ejecución del delito”, presentando a la fundación Democracia Viva, “burlando los requisitos” que exigía la Ley de Presupuestos para el año 2022 para la postulación de las personas jurídicas sin fines de lucro a la ejecución de programas de inversión del Minvu y “ocultando los antecedentes de la fundación que hubieran impedido la concesión de los fondos”.

“Se dispusieron de los dineros fiscales respecto de una fundación que -como se explicó- no tenía las competencias ni la idoneidad ni experticia para cumplir con su ejecución de los programas, privando al Estado de poder adjudicar dichos convenios de transferencia de fondos a una fundación que sí pudiera ejecutarlos”, se indica.

El ente persecutor señala que “se defraudó de manera inmediata y directa las legítimas expectativas públicas del Estado puestas en el cumplimiento total e idóneo de los convenios pactados, considerando que la voluntad de los imputados nunca fue que los fondos públicos obtenidos desde el Minvu cumplieran el objetivo pactado en los convenios de transferencia, dado que de antemano sabían que no podrían cumplirlos”.

El Ministerio Público espera presentar 1166 medios de prueba, 146 testigos y una decena de peritos en el juicio.

Entre los medios de prueba detallados, aparecen las transcripciones de conversaciones por WhatsApp de los acusados antes y después que se revelara el caso.

Fuica y Contreras

Los acusados habrían favorecido con recursos del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda, a fundaciones como Democracia Viva, a sabiendas que no cumplían requisitos para realizar los trabajos acordados en convenios asignados por vía directa.

En las 232 páginas de acusación que firma Cristian Aguilar Aranela, fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta, se solicita una pena de 10 años de cárcel para la diputada Pérez y Andrade.

Fuica y Contreras están siendo apuntados por más delitos, en las otras aristas del caso y arriesgan 35 años de prisión.

La acusación detalla que en agosto de 2022, Fuica comenzó a realizar labores en la Seremi del Minvu de Antofagasta, bajo la dirección de Contreras.

“Contaba con una estación de trabajo en dependencias de esa Secretaría Regional, así como también con una casilla de correo electrónico institucional, pese a no ser funcionaria de la institución. Allí se desempeñó en todos los temas vinculados al Programa de Asentamientos Precarios (PAP); trabajos de asistencia, colaboración, asesoría, apoyo, toma de decisiones, coordinación y nexo con el SERVIU y las fundaciones que serían favorecidas con fondos del PAP, hasta que presentó su renuncia voluntaria el día 28 de febrero de 2023″, sostuvo el ente persecutor.

Asimismo, se relata que la exconcejal recibió un pago de $11.500.000, por concepto de honorarios financiados con cargo a un convenio con Fusupo, sin haber ejecutado funciones relativas a la ONG ni a ese programa de inversión.