Señor director:

La destitución y acusación de traición que afecta a la diputada opositora venezolana María Corina Machado refuerza la idea de que la persecución política en Venezuela continúa sin disimulo.

Algunos han justificado la inacción diplomática de autoridades nacionales e internacionales señalando que el Presidente Nicolás Maduro fue elegido democráticamente. Sin embargo, ello no dispensa a un gobernante de su obligación de respetar los derechos fundamentales. Es en esa perspectiva que debe considerarse el imperativo de defender los derechos humanos a nivel internacional.

Dicha defensa puede asumir muchas formas, como la diplomática o la generación de incentivos. No sería nuevo que instituciones como la OEA condenen oficialmente violaciones a los DD.HH. llevadas adelante por gobiernos elegidos en forma más o menos democrática. Basta recordar que se ha pronunciado en los casos de gobiernos como el de Anastasio Somoza en Nicaragua o el de Alberto Fujimori en Perú. 

Las pruebas sobre la existencia de violaciones a los DD.HH en Venezuela son abrumadoras. La inacción de autoridades contribuye a erosionar el prestigio del derecho internacional de los mismos. Lamentablemente, hacer oídos sordos nos coloca, como continente, en una difícil situación para el futuro: ¿podremos siempre y en todo lugar pedir respeto a los derechos humanos?

Gonzalo Candia

Marcos Jaramillo

Alvaro Paúl

Profesores de Derecho UC