SEÑOR DIRECTOR

Cambiar la administración municipal de la educación pública es urgente. La matrícula municipal apenas se empina sobre el tercio del alumnado, consigue menguados resultados académicos y la mala administración abunda, como muestran los casos de San Fernando al no pagar los sueldos completos a sus docentes, o Punta Arenas con escuelas con luz y gas cortados por no pago. Sin embargo, el acuerdo entre gobierno y oposición respecto de la ley que crea la Nueva Educación Pública tiene dos problemas mayores. El primero es que prolonga la incertidumbre. Así, la decisión de cómo seguir adelante con la desmunicipalización se tomaría solo en 2022, luego de que un panel de expertos evalúe lo que ha pasado con los primeros 11 servicios traspasados. Hasta esa fecha la mayoría de los municipios no tendrá certeza sobre si seguirán administrando sus escuelas en los años siguientes, y dicha incertidumbre traerá importantes perjuicios a la gestión de sus escuelas. El segundo es que consagra la existencia de dos sistemas en la educación pública: el de los "municipios de segunda" que serían traspasados a los Servicios Locales de Educación, y los "municipios de primera" que se mantendrían indefinidamente bajo la administración de los alcaldes. Esta opción no solo complejiza la gestión pública a nivel nacional y desconoce razones de fondo tras la desmunicipalización (como erradicar los cambios de prioridades y equipos técnicos ante cada elección de alcalde), sino que priva al nuevo sistema de las buenas experiencias que deberían ser un puntal en la construcción de las nuevas instituciones locales.

Si bien la complejidad de la desmunicipalización de la educación exige gradualidad, no implica que deba introducirse una incertidumbre mayor sobre su proceso de desarrollo, ni menos que deba consagrarse un sistema público dual como se propone en la actualidad.

José Weinstein

Profesor titular UDP