De acuerdo a la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas y Acceso a la Justicia 2015 del Ministerio Justicia, publicada en la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, alrededor de un 44.5% de la población del país presentó ese año necesidades legales. De éstas sólo un 30% ingresó al sistema de justicia, entendido éste como tribunales, mecanismos alternativos de resolución de conflictos o instancias de asesoría legal, y cuando se le preguntó a los encuestados por qué no acudieron proliferó el "no hay nada que hacer" y el "demoraría mucho".

Hoy, en medio del estallido de la crisis social, estas respuestas no sorprenden. Los niveles de desafección y desconfianza no son solo hacia la clase política sino también hacia las instituciones en todo orden. En la fundación desde hace 20 años que vemos la incubación de un foco de frustración del que como país no nos hemos hecho cargo y que, entre otras cosas, yace en la falta de acceso a la justicia, un principio básico del Estado de derecho que garantiza a todos los ciudadanos y ciudadanas recurrir al sistema legal y obtener una respuesta efectiva a sus necesidades.

Este principio, reconocido en la Constitución de Chile y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la práctica muchas veces se encuentra condicionado y entrampado por el sistema, afectando otros principios como la libertad, igualdad y tutela judicial efectiva, sobre todo de las personas con menos recursos.

Llevémoslo a casos concretos y simples; los arbitrajes forzosos y los peritajes judiciales. El primero es un mecanismo de resolución de conflictos que se creó para llevar a cabo fuera de los tribunales civiles, evitando así procesos que pueden ser eternos, la disolución o partición de comunidades de bienes -es decir herencias en las que los comuneros no se ponen de acuerdo- y de sociedades conyugales. Ambas necesidades, evidentemente cotidianas, obligan a pagar los honorarios de un juez árbitro quien, en el caso de una comunidad de bienes, puede cobrar el 10 por ciento del valor de una propiedad o incluso contarse como un heredero más, convirtiéndose el costo de una propiedad en un factor determinante al momento de evaluar si es o no rentable tomar el caso. Esta circunstancia deriva en que miles de personas decidan dejar el arbitraje a medio camino o sencillamente no iniciarlo y, por tanto, renunciar a disponer de un bien o dinero que les correspondería, perpetuándose las carencias económicas de esa persona o familia. Pensemos ahora en los peritajes judiciales que pueden llegar a ser fundamentales para un juicio. En la experiencia, por ejemplo en derecho de familia, sabemos que un peritaje también es privativo porque mientras acceder a él en el sistema público puede demorar en exceso, en el sistema privado llegan a costar millones de pesos.

Así, tanto en los arbitrajes forzosos como en los peritajes, existe un desencuentro entre la legislación y la realidad que viven las personas y que es imperativo corregir pues genera desigualdad e indefensión ante la ley y se suma a una larga lista de necesidades no satisfechas, aportando a la frustración social que profundiza la vulnerabilidad y la inequidad. Los problemas que se generan de una comunidad hereditaria que por años es indivisible o de una sociedad conyugal no resuelta no solo perjudican a las partes en cuestión sino también a sus hijos e hijas, acrecentando los círculos de pobreza y posicionando a la justicia como un privilegio.

Como en otras áreas, la política pública en justicia y las instituciones están al debe en dar respuestas más eficaces a las necesidades básicas de las personas, sobre todo considerando la multidimensionalidad de la pobreza. En ello tendrá un rol clave la esperada reforma a la justicia civil, una oportunidad para revisar las leyes en plena consideración del sentir actual, poniendo esfuerzos para modernizar y también democratizar el acceso al sistema.