Por Rodolfo Véliz, primer vicepresidente, y Victoria Vásquez, segunda vicepresidenta, Sofofa

Hay aspectos fundamentales que definen el desarrollo de las naciones. La calidad y fortaleza de sus instituciones es un requisito esencial para que el camino al progreso no se vea obstaculizado. Pero quizás un elemento primordial y que es incluso anterior al desarrollo institucional es la definición adecuada del derecho de propiedad.

Los países que difuminan el derecho de propiedad exponen a sus ciudadanos a arbitrariedades por parte del Estado -de cualquier signo político-, desalientan la inversión de empresas ya consolidadas -si es que las hubiera- y terminan exiliando el emprendimiento y la innovación de sus fronteras.

En base a sus propias experiencias, Chile fue consolidando un derecho de propiedad efectivamente garantizado con mecanismos de expropiación consagrados constitucionalmente, que evitaran abusos del Estado. Por este motivo, es muy preocupante que haya avanzado en la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional una redacción que busca diluir el derecho de propiedad, aplicándole límites difusos -como una subordinación a la “función social y ecológica”, concepto que se vuelve absolutamente incierto cuando su contenido se identifica, por una parte, ya no con la conservación del patrimonio ambiental sino que con la conservación de todo el medio ambiente y, por otra, con los derechos de la naturaleza, noción en extremo difusa- y mecanismos de expropiación que quedarán relegados en una ley, y no consagrados en la nueva Constitución. En este sentido, se deja a un criterio subjetivo los alcances de una indemnización justa y la forma en que ésta retribuirá a quienes eventualmente sean expropiados.

Un destacado economista decía que la propiedad es más que un título, es en realidad una fuente de valor. Y es así, porque sobre este pilar jurídico se construyen los sueños, la libertad de emprender y el progreso económico y social de un país. Entonces, no queda radicado solo en la necesidad de garantizar la posesión de lo propio. Su ejercicio sustenta el avance de proyectos -de inversión, pero también de vida-, da origen a nuevas ideas que crean empleos, que retribuyen al Estado en forma de tributos, con los cuales se pueden atender mejor las demandas sociales.

¿Quién se radicará en un lugar donde sus bienes más preciados quedan condicionados a la discrecionalidad de las mayorías circunstanciales? ¿Quién invertirá su capital en un país que le exige funciones incapaces de cumplir y con riesgo de ser confiscado sin una indemnización clara? La migración del capital no encuentra la resistencia de pasos fronterizos ni de policía migratoria. La tecnología permite que, en lo que tarda un clic, se desplacen miles de millones de dólares hacia lugares que compiten por atraerlos.

En un mundo interconectado que compite por capitales y talento se requiere certeza jurídica y reglas claras para desarrollar una actividad económica. Porque no hay que olvidarlo: sin derecho de propiedad, no hay libertad de emprendimiento, ni con ello desarrollo posible.