Esta jornada, la Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto de reajuste del sector público, en una sesión en la que no lograron avanzar las denominadas “normas de amarre” impulsadas por el Ejecutivo, aunque desde el gobierno anunciaron que insistirán con ellas en la Cámara Alta.

Así, fueron visadas las normas relacionadas con el alza sala de 3,4% gradual en dos períodos: un 2% en diciembre de 2025 y 1,4% en junio de 2026, en el marco de un proyecto cuyo costo fiscal es de US$1.775 millones en 2026.

Esto, en medio de advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) que indican que de ese total, US$822 millones no tienen financiamiento claro, por lo que deberían utilizarse reasignaciones o holguras fiscales.

Esta falta de financiamiento fue, precisamente, lo que ha generado las principales críticas de parlamentarios de oposición, quienes tras el resultado de hoy cuestionaron al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y reforzaron que la próxima administración de José Antonio Kast deberá realizar ajustes para poder cumplir.

Las reacciones

Así, el diputado UDI Felipe Donoso, aseguró que “hoy lo que ha hecho el oficialismo, lo que ha hecho el gobierno, es firmar un cheque sin fondos, y tendrá que responder este ministro (Grau), tendrán que responder estos parlamentarios a los funcionarios públicos cuando no esté la plata para pagarles el reajuste, o cuando el próximo gobierno tenga que despedir funcionarios o terminar un programa para pagar este reajuste”.

Por su parte, el senador Rodrigo Galilea, presidente de RN y miembro de la comisión de Hacienda -que deberá ver ahora la iniciativa- indicó que esperan que el reajuste sea ratificado por el Senado, pero se sumó a las advertencias de que se deberán realizar reasignaciones para poder implementarlo.

“Nuestra idea es que el reajuste se vea ratificado, pero no queremos que queden estas leyes de amarre ni algunas adelantos o indicaciones a las que no les vemos mayor sentido, o que, por último, no puedan discutirse en una semana de trabajo”, sostuvo el legislador.

Consultado en 24H por lo señalado por el CFA, Galilea indicó que “ese ha sido nuestro reclamo fundamental respecto de este proyecto. Sin perjuicio de eso, vamos a aprobar el reajuste fiscal y estamos muy conscientes, y creo que el gobierno de José Antonio Kast está muy consciente, de que va a tener que hacer reasignaciones”.

En este punto, se sumó a la analogía del cheque sin fondos, al señalar que “esos fondos se tienen que conseguir a través de una diferente administración del Estado y, por lo tanto, hay proyectos e iniciativas que se van a tener que postergar”.

En tanto, desde el Partido Social Cristiano (PSC), el diputado Roberto Arroyo calificó el reajuste del sector público como “una señal de irresponsabilidad fiscal grave”.

Al respecto, destacó que “esto no es solo un problema técnico, es una decisión política consciente que compromete recursos que no existen, aumenta el endeudamiento y le amarra las manos al próximo gobierno. Se intenta disfrazar un desorden fiscal estructural mezclando este reajuste con normas misceláneas y leyes de amarre, para asegurar cargos y gasto permanente sin respaldo”.

La diputada Marlene Pérez (IND.-UDI), en tanto, apuntó sus críticas a la insistencia del Ejecutivo por las “normas de amarre”, y dijo esperar que estas sean rechazadas también por el Senado.

“Aprobamos el reajuste de las remuneraciones, pero rechazamos con fuerza todas las normas de amarre del Gobierno, al igual que las que estaban desfinanciadas y le iban a ocasionar un problema mayor a la futura administración”, relevó.

Por su parte, el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, dijo estar conforme con la votación, “porque hemos logrado aprobar el reajuste del sector público y también los beneficios para el sector pasivo, para adultos mayores, el buen invierno, navidad, fiestas patrias y otros beneficios para los más humildes”.

Asimismo, relevó que “también logramos rechazar estas normas de amarre que el gobierno había anunciado para trabajadores que son de su confianza y son sus cercanos. Por lo tanto, esperamos que el Senado confirme este rechazo”.

Finalmente, lamentó la aprobación de una serie de normas que, aseguró, no tienen financiamiento, “como por ejemplo los incentivos al retiro que el gobierno proponía”.