Junto a su primera gira a La Araucanía -que se concretará mañana-, el Presidente José Antonio Kast enviará al Congreso, también este martes, la primera renovación del estado de excepción en La Araucanía y el Biobío. El decreto se convertirá en su primer test en esta área, en medio de las dudas y hasta el rechazo de la oposición más dura. De ahí que el tema vaya a ser tratado hoy en el comité político ampliado en La Moneda.

La medida ha cruzado tres administraciones. Partió en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera -el 12 de octubre de 2021- ante los graves hechos de violencia en la zona. Y se ha mantenido de manera casi ininterrumpida, salvo por un período de 52 días, tras el arribo del expresidente Gabriel Boric al poder, quien se resistía a usar esta herramienta.

Pero la compleja situación en la zona lo hizo variar de posición e instruyó a la entonces ministra del Interior, Izkia Siches -quien incluso fue recibida a balazos cuando intentó ingresar a Temucuicui-, a reponer ese estado el 17 de mayo de 2022. Eso sí -para diferenciarse de la administración anterior-, planteó en esa oportunidad un estado de excepción “acotado”, que luego revirtió.

Para Kast el tema tampoco es fácil, pues aunque se sostiene que no está en discusión la solicitud de renovación, porque no están las condiciones para eliminarlo, prima la postura de terminar en algún momento con ese despliegue porque debiera ser excepcional y no permanente.

Una visión que viene expresando el ministro de Defensa, Fernando Barros, al interior de La Moneda y que refrendó este fin de semana en El Mercurio al sostener que “no es el rol de las Fuerzas Armadas estar cuatro años apoyando el control del orden público. Yo creo que debieran ir de a poco retirándose de la macrozona sur”.

Posturas en el Congreso

La renovación del estado de excepción en La Araucanía y el Biobío cuenta con el respaldo del oficialismo en el Congreso. No así -confiesan en la derecha- la idea de empezar a retirar en algún momento a las Fuerzas Armadas de la macrozona sur, escenario que es resistido por una parte de las bases de ese sector, especialmente por los que habitan esas regiones, que no quieren sentirse desprotegidos.

Lo anterior -sostienen- obliga al gobierno a navegar entre quienes levantan posiciones más duras y quienes están conscientes de que la excepción -que ya lleva cerca de 1.400 días- no puede ser eterna.

Desde la UDI, la diputada y jefa de bancada, Flor Weisse, hace ver que en la administración Boric el gremialismo apoyó y empujó con fuerza el estado de excepción constitucional, porque era la forma de enfrentar la violencia y el terrorismo que afecta a esa zona. Y que el término de ese despliegue requiere de una fórmula de reemplazo

“Si bien se ha logrado disminuir estos ataques, y este estado de excepción se ha mantenido por un largo tiempo, hoy día no hemos recuperado nuestra tranquilidad ni la situación de normalidad respecto a la seguridad. Por lo tanto, se hace necesario continuar con esta medida mientras no tengamos un plan alternativo que permita garantizar los derechos de los ciudadanos y apoyar a las víctimas de La Araucanía, de la provincia de Arauco y del Biobío”, sostiene.

En una línea similar se manifiesta el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, para quien “la macrozona sur enfrenta un desafío complejo, donde lamentablemente hay presencia de grupos con alto poder de fuego y, por lo tanto, creemos que la presencia de las Fuerzas Armadas es parte necesaria para hacer frente a ese desafío”.

Estima positivo que “el gobierno ya esté empezando a dar luces sobre cuál va a ser la mirada de largo plazo”, y plantea que espera que “la izquierda chilena lo apruebe, porque si no es así concluiríamos que su compromiso con la seguridad en esa zona no es una convicción, sino que más bien tiene que ver con quien gobierne, y eso sería una muy mala señal”.

Hasta ahora en la oposición no hay consenso. Pues, mientras en el Socialismo Democrático existe la disposición a seguir respaldando la solicitud, en el Frente Amplio y en el Partido Comunista hay dudas y hasta férreas resistencias.

El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, si bien aseguró que seguirán votando a favor de la iniciativa, lo harán ”en tanto contemos con la información suficiente y necesaria, tal como en la legislatura anterior”.

El jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, ratificó -a su vez- el pleno respaldo de sus diputados para la votación en la Sala.

En el Frente Amplio, en tanto, pusieron en duda el voto de sus parlamentarios.

“Hay demasiada opacidad y falta de transparencia en las acciones que hasta ahora propone Kast”, afirmó la jefa de bancada del FA, Lorena Fries.

Y agregó: “No sabemos cuál es su plan respecto de La Araucanía y eso es un requisito para el voto que emitiremos”.

Más enérgica fue la postura de Lorena Pizarro, jefa de bancada del Partido Comunista. “Siempre he señalado, y en eso se condice mi votación, votar en contra de todo estado de excepción. Y encuentro aún más peligroso que se haga bajo este gobierno. Lo voy a votar en contra, porque creo que se transformó en una costumbre que puede traer, en este periodo, consecuencias nefastas para el pueblo mapuche”, afirmó.

Sin toma de decisión está aún el PDG, partido que cuenta con 14 parlamentarios en la Cámara Baja. Su jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, sostiene que hoy, a las 12 horas, van a analizar el tema, “porque operamos de manera democrática”.

En medio de estas disímiles posiciones, el Ejecutivo solicitará la renovación de esta herramienta.

Para aprobarla requiere del voto de 79 diputados. De pasar esta valla en la Cámara Baja, La Moneda deberá repetir el trámite en el Senado.