A las 16.00 horas de este jueves, en el Salón de Consejo de La Moneda, el Presidente José Antonio Kast encabezó una reunión con parte importante de su gabinete para revisar los últimos detalles del denominado Plan de Reconstrucción Nacional, la ambiciosa ley miscelánea que el Ejecutivo prepara desde los primeros días de la administración.

A la cita asistieron el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz -quien estuvo a cargo de la exposición central-, junto a su subsecretario, Juan Pablo Rodríguez; el titular de Interior, Claudio Alvarado, y su subsecretario, Máximo Pavez; el ministro de la Segpres, José García, acompañado de la subsecretaria Constanza Castillo; además de las ministras Mara Sedini (Segegob) y María Jesús Wulf (Desarrollo Social). También participaron asesores de Hacienda, Segpres y del Segundo Piso.

El proyecto, que agrupa más de 40 medidas, busca no solo impulsar la reconstrucción de las zonas afectadas por desastres naturales, sino también delinear el rumbo económico e institucional del nuevo gobierno. La iniciativa algunos la comparan -aunque con diferencias de diseño- con la “Ley Ómnibus” impulsada por el presidente argentino Javier Milei, en cuanto a su rol como hoja de ruta para fijar el tono de la administración.

Entre sus principales ejes, el plan contempla una rebaja del impuesto corporativo desde el 27% al 23% para medianas y grandes empresas, incentivos al empleo con foco en pymes, ajustes en beneficios sociales -incluyendo la introducción de límites etarios en la gratuidad universitaria- y un conjunto de medidas orientadas a destrabar la permisología para proyectos de inversión.

Parte relevante de la cita -que continuaba al cierre de esta edición- estuvo marcada por la exposición de Quiroz y el análisis pormenorizado de los contenidos del proyecto. Según asistentes, el objetivo era revisar aquellos elementos considerados accesorios que eventualmente podrían tramitarse en proyectos separados, sin afectar el diseño central.

Asimismo, estaba en tabla discutir el nivel de gradualidad que debería tener la rebaja del impuesto corporativo, uno de los puntos más sensibles tanto en términos técnicos como políticos. En paralelo, también se quería analizar los detalles del mecanismo destinado a agilizar la permisología, cuyo diseño definitivo aún se está afinando.

Pese a que Hacienda empujaba ingresar el proyecto esta semana, el lunes se terminó por ratificar la decisión de postergar su envío al Congreso hasta la próxima semana. La definición fue impulsada principalmente por Interior y la Segpres, que abogaron por dosificar la agenda legislativa y reforzar la coordinación con los partidos oficialistas antes de dar el paso.

Según transmiten en el sector, Alvarado -quien a inicios de semana ejerció como vicepresidente mientras Kast se encontraba en Argentina- y García fueron los principales promotores de aplazar el ingreso, en contraposición a la intención inicial de Quiroz de hacerlo durante este martes. La postura terminó imponiéndose, con el respaldo previo del propio Mandatario.

De acuerdo con fuentes de Palacio, la alternativa de postergar el proyecto ya había sido conversada tanto con el Presidente como con el titular de Hacienda. Así, con la venia de Kast, se optó por concentrar los esfuerzos de la semana en la agenda de seguridad en colegios, área en la que el Ejecutivo ya ingresó dos proyectos a la Cámara de Diputados.

La decisión también respondió al complejo escenario político que enfrenta la iniciativa. Incluso antes de conocerse en detalle, desde la oposición ya han surgido críticas al proyecto, al que han denominado “ley tuttifruti”, cuestionando la diversidad de materias que incluye. Entre los puntos más controvertidos están precisamente la rebaja del impuesto corporativo y las modificaciones a la gratuidad, aspectos que anticipan un debate legislativo áspero.

En el Ejecutivo apuestan a que los días adicionales de trabajo prelegislativo hayan permitido ordenar a los propios y reducir los flancos antes de enfrentar a la discusión en el Congreso.