Resta poco más de un mes del período legal de campaña para la Presidencia de la República y el Parlamento y, hasta ahora, en la plataforma del Servicio Electoral (Servel) de recepción de aportes se contabilizan casi $21 mil millones entre giros y créditos contra reembolso solicitados por los candidatos.

En ese registro, dentro de las donaciones más recientes, apareció el nombre de Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro, de Empresas Penta.

El empresario figura como aportante a dos postulantes al Congreso de la Unión Demócrata Independiente (UDI) que compiten por escaños en la Cámara de Diputados por la Región de O’Higgins. La contribución se realizó el pasado viernes 10 de octubre.

Según esos mismos datos, Lavín depositó un aporte de $4 millones a Pía Margarit, candidata por el distrito 15 y otro por el mismo monto al exmiembro de la Convención Constitucional Ricardo Neumann, quien hoy compite por el distrito 16.

En 2015, la Fiscalía indagó una red de aportes irregulares a campañas desde el Grupo Penta -principalmente de la UDI- a través de boletas ideológicamente falsas. Lavín, junto a su socio histórico Carlos Alberto Délano, fue formalizado por delitos tributarios y soborno. En 2018, y tras un procedimiento abreviado, ambos cumplieron penas sustitutivas y el caso de financiamiento irregular de la política se cerró para los principales rostros del escándalo penal más controvertido de los últimos años.

Además los exhombres fuertes de Penta tuvieron que pagar una multa de $857 millones cada uno por el 50% del valor de los tributos eludidos. También el tribunal impuso clases de ética empresarial.

Hoy Lavín reaparece como aportante, pero esta vez bajo el marco legal vigente para el financiamiento de la política, establecido tras las reformas impulsadas luego del mismo escándalo que él protagonizó.

El empresario, quien sigue controlando Penta Financiero y la aseguradora Penta Vida, quedó fuera del caso penal, el cual luego se siguió tramitando en los tribunales penales, pero esta vez por la responsabilidad de la personalidad jurídica.