La bancada de diputados de la UDI emitió una declaración pública en la que expresó su rechazo a la iniciativa del Gobierno de incorporar una norma de “amarre” al proyecto de ley de reajuste del sector público, emplazando directamente al Socialismo Democrático y advirtiendo que no descartan acciones legales y constitucionales para impedir su aplicación.

En el texto, los parlamentarios sostienen que la medida impulsada por el Ejecutivo constituye una conducta “impropia, deshonesta e irresponsable” de la actual administración encabezada por el Presidente Gabriel Boric, al pretender incorporar una norma que —afirman— “vulnera directamente los principios de mérito, probidad y profesionalismo que deben regir la función pública”.

La declaración advierte que la iniciativa “perjudica gravemente a los funcionarios de carrera del país”, quienes han sido fundamentales para el desarrollo y funcionamiento del Estado, y que además “abre la puerta a la creación de una verdadera ‘planta paralela’ en la administración pública”, integrada solo por operadores y activistas políticos afines al Gobierno.

En ese sentido, la bancada gremialista apunta que la norma “incentiva la judicialización”, debilita las atribuciones de la Contraloría General de la República e “ignora sucesivos fallos de la Corte Suprema”, erosionando la institucionalidad y afectando la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos.

Uno de los ejes centrales del documento es el emplazamiento transversal a los partidos con representación en el Congreso, con un llamado explícito al Socialismo Democrático, a quienes instan a actuar con “absoluta responsabilidad y consecuencia”. A juicio de la UDI, respaldar la norma implicaría aprobar una disposición “contraria al interés general del país” y que “solo busca beneficiar a personas designadas por fines ideológicos”.

Asimismo, los diputados señalaron que este tipo de medidas refleja una oportunidad perdida para “dejar atrás prácticas que han sido un lastre para el Estado” y que, por el contrario, profundiza una lógica de “privilegiar el ‘ningún pudor’, el pituto, la cercanía y la mediocridad, en desmedro del mérito, la excelencia y el servicio al país”.

Finalmente, la bancada de la UDI recalcó que no descarta ejercer todas las acciones legales y constitucionales que sean necesarias para impedir la aplicación de esta norma, advirtiendo que su implementación podría terminar por “degradar el aparato público hasta convertirlo en una verdadera agencia de empleo al servicio del actual Gobierno y no de los intereses generales del país”.