El análisis de Moody’s sobre los efectos en Enap de las modificaciones al Mepco y los factores de su futura clasificación
La calificadora de riesgo analizó una serie de compañías petroleras estatales. En el caso de la chilena, señaló que la "influencia del Estado sobre la política financiera de la Enap hace que la asignación futura de su flujo de efectivo sea menos predecible, lo que refuerza la interferencia gubernamental como una consideración crediticia”.
Un completo análisis sobre los efectos de las decisiones de los gobiernos sobre las petroleras estatales de la región realizó la clasificadora Moody’s, donde abordó a la chilena Enap.
La calificadora de riesgo señaló que “las empresas con balances más sólidos y fuentes de ingresos diversificadas pueden absorber con mayor facilidad los shocks relacionados con políticas y los retrasos en los pagos soberanos para compensar subsidios, que aquellas con liquidez débil”.
En el caso de Petrobras, indicó que, a pesar de las restricciones relacionadas con políticas, la compañía ha reducido en los últimos años sus operaciones de refinación de menor margen, pero que “las nuevas medidas del gobierno de Brasil para combatir la inflación limitarán los beneficios de Petrobras derivados del aumento de los precios de los commodities, y la empresa enfrenta un mayor riesgo de intervención política”.
En tanto, manifestó que el gobierno colombiano subsidió el aumento de los precios de los combustibles, “lo que limita la capacidad de Ecopetrol para trasladar el incremento de los costos del petróleo a los precios locales de los combustibles. Si bien este subsidio restringe la generación de flujo de efectivo del segmento downstream (fases finales de la cadena de valor) de Ecopetrol, los mayores precios del petróleo siguen ofreciendo un beneficio neto”.
Otro caso que revisó Moody’s es el de la estatal mexicana Pemex: “México limita efectivamente el beneficio de Pemex derivado del aumento de los precios internacionales del crudo al restringir el traslado de mayores costos de refinación a los consumidores de gasolina y diésel. Pemex continuará necesitando un apoyo significativo del gobierno en un contexto de necesidades persistentes de refinanciamiento”.
La autonomía de Enap
En cuanto a Enap, Moody’s señaló que “las decisiones sobre precios de los combustibles y dividendos en Chile reflejan los límites de la autonomía financiera de la Enap”.
La subida de los valores del petróleo a principios de 2026, producto del conflicto en Irán, llevó al gobierno a modificar con carácter de urgencia su Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), traspasando un aumento del 44%-54% en los precios locales de los combustibles, ajuste que, según la agencia, “frenó el drenaje de fondos públicos, pero evidenció cómo un cambio en la política energética puede efectivamente trasladar el riesgo soberano de un país a su petrolera nacional”.
Moody’s detalló que el gobierno depende en gran medida de la Enap cuando los precios de los commodities son altos, y extrajo el 70% de sus utilidades récord en 2025, como dividendos para el Tesoro.
“Si bien las sólidas ganancias de la Enap y un bajo ratio de deuda bruta/ebitda de alrededor de 2.2x respaldan su fortaleza a corto plazo, el pago extraordinario presiona la capacidad financiera de la Enap para reducir su apalancamiento o postergar inversiones de capital. Esta influencia del Estado sobre la política financiera de la Enap hace que la asignación futura de su flujo de efectivo sea menos predecible, lo que refuerza la interferencia gubernamental como una consideración crediticia”, sostuvo.
Junto con ello, Moody’s explicó que el marco del Mepco limitó el deterioro de los márgenes de Enap, y apuntó que la importancia estratégica de la compañía “implica un posible respaldo soberano en caso de ser necesario, lo que sustenta su calidad crediticia pese a la volatilidad de las políticas. La futura supervisión crediticia de la Enap dependerá de su capacidad para equilibrar mecanismos de compensación transparentes y oportunos, y una supervisión prudente de las inversiones con los objetivos sociales del gobierno”.
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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