“Los costos de implementación del sistema de finanzas abiertas (SFA) son significativos y, una gran parte de ellos, corresponden a costos fijos”.

Ese es uno de los reparos que planteó la Asociación de Bancos (Abif) en una carta que envió a los senadores de la Comisión de Hacienda sobre el proceso de implementación de la Ley Fintech.

Es que a juicio de la industria, uno de los temas que ha sido más complejo en esta etapa de definiciones, es el SFA que creó la Ley Fintech, que regula el intercambio de información entre prestadores de servicios financieros, teniendo consentimiento previo de la persona.

En un pie de página de la carta que hizo llegar la Abif a los senadores, dieron a conocer que existe un estudio que calculó los costos que tendrá la implementación del SFA para los actores privados en los primeros tres años.

Allí señalaron que “según estimaciones de Accenture basadas en datos de la CMF, la implementación del SFA implicaría un costo total proyectado de US$ 362 millones para las Instituciones Proveedoras de Información (IPI) e Instituciones Proveedoras de Cuentas (IPC) durante un período de tres años. De dicho monto, un 35% correspondería a la industria bancaria y un 27% al sector asegurador, 6% a cajas y cooperativas, 5% a emisores de tarjeta y 27% a otros actores“.

La Abif hizo una comparación internacional respecto de lo que costará la implementación del SFA para la banca. “A modo de ejemplo, los costos de implementación en Australia para el sistema bancario fueron de US$ 1.000 millones en cinco años, en Reino Unido, US$ 910 millones en el mismo período, y en Brasil, los costos para la banca fueron superiores a US$ 400 millones en tres años”, afirmó.

“En Chile, debido a la alta proporción de costos fijos, se estima que el costo de implementación para la banca alcanzaría aproximadamente US$ 126 millones en tres años y, para el sistema como un todo, US$ 362 millones en igual período. Esta cifra, aun cuando es comparable en valor absoluto con Brasil, no lo es cuando se compara el tamaño de ambos sistemas financieros, ya que Brasil es diez veces más grande que Chile”, sostuvo.

En el pie de página recalcó que “según estimaciones de Accenture basadas en datos del Banco Central de Brasil y de Chile, y Febraban, la población bancarizada en Chile es de 14 millones y en Brasil de 145 millones. Los activos bancarios a diciembre 2023 en Chile son US$ 251 billones, mientras que en Brasil US$ 2.965 billones”.

Este punto de los altos costos que acusa el gremio, “es aún más relevante al considerar la diversidad de tamaños de las distintas instituciones financieras en Chile, donde las entidades de menor tamaño enfrentarán costos significativos para implementar sus propios sistemas. Por ejemplo, según estimaciones de expertos, un 18% de las instituciones del sector asegurador y un 43% de las cooperativas, enfrentarían costos mayores al 50% de su EBITDA”.

Por otro lado, en el pie de página detalló que “según estimaciones de Accenture basadas en datos de la CMF, la implementación del SFA, al contrastar estos costos con los resultados antes de impuestos (EBITDA), se observa el impacto de absorber estos costos en estas entidades”.

Agregó que “los casos que representan más del 50% del EBITDA son 11 de 62 (18%) en el sector asegurador y 3 de 7 (43%) en las cooperativas; los que representan entre 20% y 50% del EBITDA, serían 7 de 62 (11%) en las aseguradoras y 3 de 7 (43%) en las cooperativas; las que representan entre 2% y 20% del EBITDA son 3 de 12 (25%) en el sector bancario, 29 de 62 (47%) en las aseguradoras y 3 de 4 (75%) en las cajas de compensación. Finalmente, la representación entre 0% y 2% del EBITDA son 9 de 12 (75%) en bancos, 15 de 62 (24%) en aseguradoras, 1 de 7 (14%) en cooperativas y 1 de 4 (25%) en cajas de compensación”.

Por todo lo anterior, la misiva de la Abif señaló que “los antecedentes expuestos refuerzan la importancia de realizar una implementación gradual, eficiente y focalizada en casos de uso relevantes”.

Esto, planteó, “para evitar escenarios como el caso de Australia, donde el proceso de implementación de Open Banking generó servicios de poco valor para los usuarios y una carga de costos significativa para las instituciones de menor tamaño. En efecto, se estima que, transcurridos cinco años desde su entrada en vigor, solo el 0,31% de los clientes del sistema financiero australiano utilizan el SFA, con costos desproporcionadamente altos para los bancos medianos“.

Por eso, añadió que “es importante conocer la estimación de costos que ha realizado la CMF para implementar el SFA, así como su impacto en los distintos participantes”.

En ese sentido, recalcó que “esta información resulta especialmente útil para identificar potenciales desafíos y optimizaciones al sistema, dando paso a evaluar cursos de acción para contar con requisitos normativos acordes – tales como el diseño de mecanismos de contingencia alternativos, donde actualmente los estándares técnicos solicitados ya son suficientemente exigentes, o la pertinencia de requerir elevados niveles de disponibilidad desde el primer día, lo que contrasta con los enfoques graduales observados en otras jurisdicciones”.