Fernández aumentará por decreto salario en el sector privado

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Foto: Emiliano Lasalvia / AFP

El aumento sería equivalente a $62.000 y $100.000 pesos chilenos y se habría acordado tanto con empresarios como con sindicatos.




Anotada su primera victoria legislativa, con la aprobación de la ley de emergencia económica en el senado el viernes pasado, Alberto Fernández estaría listo para anunciar estos días una noticia con tintes navideños para los argentinos. Se trata de la formalización del decreto para un aumento del salario en el sector privado, que se ha negociado a contrarreloj con sindicatos y empresarios.

El incremento sería de entre 5.000 y 9.000 pesos argentinos (unos $62.871 y $100.593 pesos chilenos), según adelantó el fin de semana el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. "Queremos que los sectores que perdieron poder adquisitivo recuperen lo más que puedan. Esto es un piso de la negociación salarial, queda incorporado al salario. No es un bono y será remunerativo", precisó uno de los secretarios más cercanos al nuevo mandatario.

En tanto, una fuente cercana al gobierno consignó a El Cronista, que el alza salarial se daría de manera escalonada entre los meses de enero y marzo. Adicionalmente, trascendió que la Casa Rosada se regirá por los mismos principios del alza que tienen contemplados para las pensiones, es decir, un incremento fijo, que es proporcionalmente mayor para las personas de menores ingresos.

"Vimos el mapa salarial luego de las últimas paritarias (negociaciones con iguales representantes de empleadores y empleados) y en algunos sectores los sueldos básicos han quedado muy atrasados. Otros más o menos pudieron mantener la inflación y otros quedaron fuera del piso", indicó Moroni.

En ese escenario, el ministro destacó que "la política de precios y salarios tiene que ser convergente. Si los aumentos nominales se van a precios no servirá de nada".

En la jornada de ayer se promulgó la Ley de Emergencia Económica aprobada la semana pasada, por lo cual - entre otras cosas - entra en vigencia el cobro de un impuesto de 30% a las compras de divisa extranjera para el ahorro y a los pagos que se realicen en el exterior, ya sea con tarjetas de crédito o débito.

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