El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reiteró este miércoles el emplazamiento al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, para que explique en qué áreas pretende aplicar el recorte de US$6.000 millones del gasto público que propone, y, en específico, el rol que tendrían en dicha reducción eventuales despidos.

El martes Kast se refirió a la supuesta contratación de 100 mil funcionarios públicos en el gobierno del Presidente Gabriel Boric y afirmó que si llega a La Moneda realizará una auditoría ”ministerio por ministerio" .

Tras la polémica propuesta de Kast de realizar un recorte fiscal de US$6.000 millones, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló el fin de semana que el corte de al menos US$3 mil millones se podría concretar con el despido de “los 100 mil funcionarios adicionales que entraron entre 2022 y 2024”, quienes serían, “en gran medida. funcionarios políticos”.

Desde el gobierno, la ministra Camila Vallejo señaló que esta cifra se trataba de una “fake news”, e instó a los candidatos a ser rigurosos y responsables con la información.

Trabajadores municipales

Y ahora Grau respondió este miércoles que “no es cierto que este gobierno haya contratado 100 mil funcionarios públicos, de hecho, entre el 2021 y el 2024, el incremento de los empleos públicos se dio principalmente en instituciones como los municipios, que no dependen del gobierno, son autónomas, así como en trabajadores de la salud o los funcionarios que fueron traspasados, también desde los municipios, a los servicios de educación”.

Agregó que “hay un candidato que promete y promete recortar US$6.000 millones y aun no aclara cómo lo va a hacer. Dice que la mitad de este recorte lo sacaría de despedir los funcionarios públicos, pero, como ya quedó claro, si se echaran a los que efectivamente fueron contratados no se ahorrarían más de US$200 millones, esto es menos del 4% de los US$6.000 millones, es decir, los números no cuadran, queda todavía por explicar el 96% de su propuesta”.

Grau enfatizó que para tener un debate presupuestario de calidad se debe aclarar de dónde van a salir esos US$6.000 millones: si se van a reducir programas sociales, se va a recortar la PGU o si “cuando dicen que van a despedir 100 mil funcionarios públicos están pensando en reducir la dotación en los hospitales, en las comisarias, en los servicios de educación”.

El ministro llamó a tener una conversación presupuestaria que sea transparente y que no ponga en riesgo los derechos sociales para la población.