José Miguel Wilson
06:00
Varios episodios golpearon esta semana una de las medidas prioritarias del Ejecutivo. Además de dos derrotas legislativas, el ministro Martín Arrau admitió su desafección con el trabajo legislativo. Sus palabras no solo cayeron pésimo entre legisladores, sino que también fueron mal evaluadas en Palacio.
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Aquella sentencia estableció que, tratándose de reformas constitucionales como la que está en discusión, no se aplican los dos tercios de los senadores presentes, sino el quórum exigido para modificar la Carta Fundamental. A favor de La Moneda juega, además, otro hecho fortuito. El actual quórum constitucional fue rebajado en 2022 a cuatro séptimos, es decir, 29 senadores en ejercicio.
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Si bien La Moneda ya está embarcada en la decisión de insistir -apelando al artículo 68 de la Constitución, que permite revivir iniciativas rechazadas en su idea de legislar-, esta alternativa le ayudaría al oficialismo a no tener que conseguir una mayoría imposible en el Senado. No obstante, la viabilidad de esta idea, aún es incierta, pues podría ser objetada constitucionalmente por la oposición.
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La primera señal de la decisión la entregó el propio Presidente José Antonio Kast. Luego fue reforzada por el ministro Martín Arrau (Seguridad) y más tarde confirmada por el vicepresidente, Claudio Alvarado. En paralelo, la Segpres es apuntada por anotarse, por cuarta vez en seis meses, dolorosas derrotas para La Moneda.
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En un conversatorio en Icare, el ministro aseguró que “por mí, no iría al Congreso..., pero hay leyes que son obligatorias de sacarlas”, frase que generó molestia entre parlamentarios. El mismo día, sin embargo, una de sus iniciativas emblemáticas, la llamada Ley Antibarricadas 2.0, sufrió un tropiezo en la Cámara: la oposición logró aprobar una indicación para excluir de su aplicación las manifestaciones “pacíficas”.
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Tras varios tironeos, finalmente la Cámara Alta aprobó el último punto pendiente de este proyecto. En el intertanto, hubo un fallido intento para suavizar una norma que obliga a los partidos a rechazar dictaduras extremas. Sin embargo, la Cámara Baja se opuso, a instancias de los diputados UDI. Al final no solo comunistas y republicanos se opusieron a esa norma, sorpresivamente los senadores Pedro Araya y Yasna Provoste tampoco la respaldaron.
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A instancias de los diputados de la UDI, que convencieron a las otras bancadas, no se dio el consentimiento para reabrir el debate de una norma que obliga a los partidos políticos a rechazar regímenes dictatoriales. La redacción no dejó conforme a los senadores del PC y al menos a un legislador del Partido Republicano.
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El proyecto para ampliar el plazo de detención de inmigrantes en situación irregular necesitaba de 89 apoyos, al ser un cambio a la Constitución. Sin embargo, la iniciativa se cayó por la falta de un voto y terminó siendo rechazada con 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones. El hecho generó nuevamente críticas contra el Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
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A esta indefinición de Palacio —que, en el intertanto, ha tenido que lidiar con los ímpetus privatizadores que existen en el oficialismo— se sumó otro apuro. A fines de septiembre, culmina el mandato de tres directores del canal. Este martes, sin embargo, se propuso, al menos, el reemplazo de dos de ellos por la exdiputada Marcela Sabat (RN) y el exsubsecretario Pedro Huichalaf (PPD).
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En un nuevo aniversario de la posesión de la zona austral, un grupo transversal de senadores emitió una severa declaración, advirtiendo que trabajarán para “asegurar el mantenimiento, la renovación y el fortalecimiento de las capacidades estratégicas necesarias para la vigilancia y el resguardo de los espacios soberanos de Chile”. El vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, además anunció que patrocinarán un feriado regional para recordar la "hazaña" de la goleta Ancud.
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