Antes de la votación de la reforma constitucional que buscaba extender el plazo de detención de migrantes para expulsiones administrativas, un intenso despliegue en la sala de la Cámara realizaron los diputados Raúl Leiva (PS), Jaime Araya (indep. PPD) y Pamela Jiles (PDG).

Hasta el mediodía, al menos, el gobierno contaba con la mayoría necesaria de 89 votos para aprobar este cambio a la Carta Fundamental.

Esta iniciativa, gestionada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, era una de las primeras reformas en materia de seguridad impulsadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast y constituía una pieza importante de la actual Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo.

Si bien la temática era conflictiva a ojos de los parlamentarios de izquierda, Rabat había logrado construir ciertos entendimientos con la oposición en la Comisión de Constitución de la Cámara, lo que auguraba un desenlace favorable en la Sala.

Sin embargo, nada de eso ocurrió y el panorama, supuestamente despejado, se nubló de golpe, sorprendiendo a Rabat y al ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), cuya cartera era la encargada de contar los votos y quien se encontraba presente en el hemiciclo al momento del resultado.

Finalmente, por 88 votos a favor, 28 en contra y 19 abstenciones, la reforma fue rechazada al no alcanzar el quórum de 89 apoyos para su aprobación, equivalentes a cuatro séptimos (4/7) de los diputados en ejercicio.

Aun cuando fue desechada en su idea de legislar por un solo voto, este tema no podría volver a discutirse en un año, salvo que el gobierno decida recurrir a una cláusula constitucional para insistir con el apoyo de dos tercios del Senado, es decir, 33 senadores. Aunque ese camino no está descartado y será objeto de una evaluación en La Moneda, ello demandaría una negociación incluso más costosa con la oposición.

En lo medular, la propuesta presidencial, ingresada a tramitación el 8 de junio, proponía ampliar a un período de hasta 30 días el plazo para mantener detenida a una persona inmigrante sorprendida cruzando irregularmente la frontera, prorrogable por hasta tres veces consecutivas mediante autorización de los tribunales.

Actualmente, la Carta Fundamental solo permite una detención de hasta 5 días mientras no haya orden judicial. Por lo tanto, a juicio del Ejecutivo, era necesario modificar la Constitución para crear una nueva herramienta de control migratorio.

Aunque en la comisión algunos diputados opositores se allanaron a avanzar en la legislación, el cuadro cambió completamente en la Sala, precisamente por las gestiones de Jiles, Araya y Leiva.

La diputada del PDG, al ser integrante de la Comisión de Constitución, alineó a un grupo de legisladores de su bancada; el independiente del PPD al ser representante de Antofagasta persuadió a varios de sus pares que se abstuvieran o salieran de la sala; mientras que el socialista, en su calidad de jefe de comité, dio vuelta el voto de Marcos Ilabaca (PS), quien era uno de los que habían aprobado la reforma en la instancia anterior.

Sin embargo, lo que más le dolió al gobierno fue el repentino vuelco de algunos diputados opositores, como José Montalva (PPD), quien incluso en su discurso en la Sala dijo que iba a aprobar. 

Sorpresivamente, Montalva salió de la sala al momento de la votación. Lo mismo ocurrió con Patricio Pinilla (DC), Nelson Venegas (PS), Héctor Barría (DC) y Flor Contreras (PDG), quienes estaban presentes, pero tampoco participaron de la votación al ver que el texto se desfondaba en la oposición. Nadie quería ser el único opositor respaldando una iniciativa de resultados cuestionables. En todo caso, los liberales, algunos DC, ciertos PDG y el presidente de la Frevs, Jaime Mulet, votaron con el oficialismo. 

A pesar de que desde la Segpres apuntaban a los legisladores opositores que se arrepintieron de haber dado su apoyo inicial a la reforma, en el oficialismo también hubo un análisis crítico del papel que está realizando el ministerio que dirige García Ruminot, que ya había sufrido percances similares por errores en el conteo de votos o por no prever riesgos al momento de someter a discusión iniciativas gubernamentales.

Hace dos semanas, el proyecto de Sala Cuna Universal sufrió un revés al caerse el corazón de la iniciativa, la norma que regulaba el financiamiento de un nuevo fondo solidario. Entonces, no se cursó debidamente un permiso constitucional del senador Sebastián Keitel (Evópoli), que habría bajado el quórum y habría permitido aprobar esa disposición.

A diferencia del tropiezo por Sala Cuna, que aún es reversible, en este caso el rechazo a esta materia migratoria tiene un carácter más definitivo, salvo que el gobierno ceda en forma significativa a las exigencias de las bancadas de senadores opositores para intentar reponer esta reforma.

No obstante, al igual que ocurrió en el Senado, hubo dos permisos constitucionales de los diputados republicanos Felipe Ross y Stephan Schubert que no fueron cursados debidamente, lo que también derivó en recriminaciones cruzadas entre esa bancada y la Segpres.

La UDI, por su parte, tuvo dos ausencias. Una por razones de salud, la diputada Marlene Pérez. La otra, el presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez, quien también se encuentra fuera del país acompañando al Presidente Kast en su viaje a EE.UU.

En el gremialismo, en todo caso, se negaron a cursar el permiso, ya que no es tradición en la Cámara recurrir a este resquicio para bajar el quórum. De partida, ese permiso debe ser votado. En segundo lugar, en la bancada UDI sostienen que es una forma de torcer la norma constitucional, que está pensada solo para ausencias superiores a un mes y no para viajes de menos de una semana.

En el caso de RN, la única ausencia fue la del diputado Andrés Celis, quien se encuentra delicado debido a una enfermedad crónica que padece desde niño.

Recriminaciones

“Siempre se puede perfeccionar y se puede mejorar el trabajo particular de la Segpres. Esperamos que tenga un trabajo mucho más activo, mucho más involucrado en este tipo de cosas”, dijo el diputado Cristián Araya (republicano), quien apuntó en primer lugar a los legisladores de la oposición que se negaron a poder avanzar en esta legislación.

Ante las críticas en contra de la Segpres, salió en defensa del ministro el jefe de bancada de RN, Diego Schalper. “El ministro García no es el inspector del curso, no es la mamá a cargo de alguna persona. Cada diputado tiene que tramitar su permiso constitucional, y, por lo tanto, en nuestro comité, como sabíamos que había una votación importante el día martes, dejamos muy, muy claro que tenían que estar todos en la sala”.

“Entonces, cuando a mí me dicen que un ministro que está a cargo de llevar adelante la relación con el Congreso tiene la responsabilidad de que ese comité y ese diputado tramite su permiso, perdónenme, pero hay una confusión total respecto de la responsabilidad que cada uno tiene”, añadió Schalper.

La jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, por su parte, justificó las ausencias de dos de sus parlamentarios y llamó al gobierno a ponderar debidamente los riesgos de someter a votación proyectos cuando hay giras presidenciales que inciden en la inasistencia de algunos legisladores. “Cuando se trata de un proyecto de reforma constitucional, evidentemente hay que bajar los riesgos a la mínima expresión. Me parece que lo primero era asegurar los votos del sector y evitar, como digo, los riesgos. La UDI cumplió. El viaje yo no lo cuestiono, en lo absoluto, y menos voy a cuestionar a las personas que están con problemas de salud... Para eso existe un ministerio que tiene que revisar la situación de cada uno de los parlamentarios”, añadió.

En vista del debate, el mismo Presidente Kast defendió al ministro García. “Creo que son aquellos parlamentarios que votaron en contra, se abstuvieron, no estuvieron estando en Chile, los que tendrán que explicarnos por qué tenemos una diferencia en esto. Yo lamento la situación. Y mi problema no es un voto, es no haber sabido quizás transmitirle la urgencia a aquellos parlamentarios que votaron en contra de que tenemos que tener todas las herramientas para poder expulsar a un migrante irregular”, dijo.

Mea culpa

Luego de este fracaso en el Congreso, el ministro José García Ruminot dijo que, si bien se hizo el trabajo prelegislativo para asegurar los votos, surgieron imponderables. “Ese trabajo se hace rigurosamente, minuciosamente, pero cuando llega el momento de votar, hay personas que o no están en la Sala o simplemente cambian su voto”, dijo.

A eso añadió que “frente a esos imponderables es muy muy difícil poder tomar medidas adicionales que nos permitan asegurar los votos”.

Al ser consultado por un mea culpa de su gestión para amarrar la reforma, respondió: “Siempre, siempre estamos revisando nuestro trabajo y siempre estamos viendo cómo lo podemos mejorar”.

El titular de Justicia, Fernando Rabat, en tanto, apuntó que el Ejecutivo seguirá “trabajando para en el futuro poder lograr las votaciones necesarias para seguir avanzando en la agenda contra el crimen organizado y la delincuencia”.