A fines de esta semana o bien principios de la próxima, el gobierno anunciará un plan de emergencia laboral.

Según lo transmitido por el gobierno en el diseño del plan están involucrados los ministerios de Hacienda, Trabajo, Obras Públicas, Vivienda y la Subsecretaría de Desarrollo Regional.

Según estimaciones preliminares del gobierno, se busca crear 25 mil empleos adicionales con estas medidas en el cuarto trimestre. Este número se suma a los otros 25 mil puestos de trabajo que se generarían con los subsidios incluidos en el programa “modo empleo” al que arribó la mesa interministerial.

El primero de ellos es la receta clásica de acelerar la inversión pública a través de los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda, específicamente por el rezago en la ejecución que tiene el ministerio de Obras Públicas.

Un segundo eje contempla la acción de los municipios. Según fuentes al tanto de este proceso, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) será la encargada de coordinar este programa con ellos.

El tercer eje es fortalecer los subsidios al empleo. Una alternativa que se baraja, considerando que su entrada en vigencia está prevista para el 1 de octubre, es potenciar el Subsidio Unificado al Empleo (SUE), cuya ley se aprobó en marzo antes del cambio de gobierno y que fue impulsado por la administración de Gabriel Boric.

Este es un aporte económico mensual que reemplaza y unifica beneficios anteriores como el Subsidio al Empleo Joven (SEJ), el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes.

El subsidio es de hasta el 20% de la remuneración bruta mensual para el trabajador y otro 20% para el empleador, sumando en conjunto hasta un 30% o más según los tramos definidos. El monto combinado puede alcanzar hasta $185.000 mensuales. La duración máxima del beneficio es de 12 meses mientras la relación laboral esté vigente.

Precisamente, esta idea de ampliar y potenciar los subsidios al empleo está tomando fuerza a nivel político y técnico.

La primera en abrir este debate a nivel político fue la presidenta de RN, Andrea Balladares, quien en entrevista con radio Duna comentó que dentro de las propuestas que le entregaron al Ejecutivo están dos medidas que se implementaron en el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

La primera iniciativa es un subsidio directo al empleo a través de las empresas del sector privado, con un aporte estatal de $250.000 para cada nueva contratación, por un periodo de 12 meses.

La segunda es mediante el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), que garantiza una parte de los créditos que los bancos otorgan a las empresas.

“Lo que nosotros queremos es fijar esta urgencia social dentro del debate público y hacer todos los esfuerzos necesarios. Conversando con distintas autoridades, con el Instituto de Libertad y exautoridades del mundo del trabajo, creemos que la mejor combinación es la inversión pública, que es un poco lo que nos había dicho el Presidente, que se va a adelantar toda aquella inversión que es de rápida ejecución con un subsidio laboral”, puntualizó.

De acuerdo a lo señalado por la senadora, el coso total de esta medida sería del orden de US$1.000 millones.

Desde la UDI, el diputado y presidente de esa colectividad, Guillermo Ramírez, también ve necesaria un impulso mayor de los subsidios, mientras la economía repunta. “El problema de fondo se está resolviendo con las reformas. Tener políticas de corto plazo es buena idea mientras esas reformas empiezan a producir efectos”, expresó. Asimismo, agregó que “debiera de establecerse que el Banco Central, en su política monetaria, considere el nivel de empleo y no solo la inflación”.

De acuerdo a lo que señaló Ramírez, este plan “va a tener un presupuesto y un esfuerzo fiscal bastante importante de algunos cientos de millones de dólares. Esperamos que esto ayude con el problema del empleo en el corto plazo, mientras la ley de reconstrucción y también la reforma del mercado de capitales hacen su trabajo en el mediano y largo plazo”.

Desde el PDG, partido considerado como clave por el gobierno para conseguir votos para aprobar sus reformas, también ponen énfasis en la implementación de subsidios.

“Valoramos los anuncios del gobierno en materia de empleo, y también lo anunciado por Vivienda, pero como PDG exigimos que este plan de empleo público no se centralice en Santiago, sino que apunte con fuerza a las regiones”, aseveró la subjefa de la bancada Tamara Ramírez.

La legisladora agregó que “no sirve una solución parche si no prioriza el empleo femenino, vinculándolo a urgencias reales como la Sala Cuna Universal, y si no pone el foco de apoyo en las pymes, que son el verdadero motor de los trabajadores”.

Y enfatizó que “apoyaremos las medidas del Ejecutivo siempre que se traduzcan en descentralización, incentivos directos a la contratación (subsidios) y herramientas reales para fortalecer de forma sostenible el empleo de la gente”.

Desde la oposición también lo plantea como un eje central para este plan de emergencia laboral.

La presidenta del Frente Amplio y diputada, Gael Yeomans, apuntó a que “fortalecer el Subsidio Unificado al Empleo, una ley que ya existe, ampliando su cobertura, reduciendo requisitos e incorporando a hombres de entre 25 y 55 años. Las estimaciones disponibles indican que eso permitiría generar entre 150 mil y 180 mil relaciones laborales al año”.

Para los jóvenes, donde la desocupación llega a 24,9%, la propuesta es que el Estado pague a través del Instituto de Previsión Social las cotizaciones de cargo del empleador para menores de 30 años hasta 1,5 salarios mínimos, transitoriamente, por varios meses, y de forma decreciente, con la obligación de mantener al trabajador al menos seis meses y no reducir la dotación. Esta propuesta no toca el contrato, la indemnización, ni la jornada. Baja el costo de entrar a trabajar”.

Yeomans valora el hecho de que otros partidos políticos, “incluso del oficialismo están planteando subsidios al empleo, y ahí hay espacio para un acuerdo en el Presupuesto”. No obstante, añade que “un subsidio por sí solo no alcanza, necesita inversión pública que genere los puestos y una política de cuidados, como la Sala Cuna y el Programa 4 a 7, (cuidado) para que miles de mujeres puedan acceder de manera efectiva al mercado laboral”.

El senador PS e integrante de la Comisión de Trabajo, Gastón Saavedra, se suma a estas voces. “El subsidio unificado al empleo es una tremenda herramienta, pero para que tenga efectos hay que poner los recursos para potenciar este instrumento que ha sido tremendamente efectivo en otros momentos de crisis”.

La mirada de los técnicos

Los expertos también coinciden en que se deben potenciar los subsidios junto con medidas que aceleren la inversión pública.

La directora ejecutiva de Horizontal, María José Abud, plantea que el plan del empleo se debe “ejecutar la idea de dobles turnos de inversión pública que está en desarrollo, es algo que propusimos en la Mesa de reactivación laboral convocada por el ministro Rau, siendo este un mecanismo concreto para reactivar empleo a plazo fijo en el corto plazo”.

Por otro lado, plantea que “está la alternativa de nueva inversión en obras públicas o en viviendas, las cuales son intensivas en mano de obra. Sin embargo, dada la estrechez fiscal se debería realizar un análisis exhaustivo de cuanto empleo generaría estos proyectos versus la alternativa de utilizar ese presupuesto en un gran subsidio al empleo”.

Y añade que se debe avanzar en un subsidio transitorio al empleo, “como se realizó en la pandemia con el IFE laboral, con una duración de unos 12 meses y con una salida gradual y enfocado en trabajadores de bajos ingresos”.

Exequiel Cáceres, economista de LyD, es comenta que “es preferible fortalecer los subsidios existentes más que crear nuevos. El Subsidio Unificado al Empleo, ya está programado para iniciar en octubre, y una serie de cambios podrían maximizar su impacto. Primero, se pueden fortalecer los incentivos a la contratación si se permite que los cesantes buscando empleo acrediten que califican y que para los beneficiarios jóvenes la totalidad del subsidio (30% del sueldo bruto) vaya al empleador. Segundo, flexibilizar sus requisitos dada la emergencia actual: aumentar la edad máxima de los jóvenes de 24 a 28 años y eliminar el requisito de vulnerabilidad socioeconómica”.

Fidel Bennett, economista de La Firma e investigador de Nodo XXI junto a Andrés Bustamante, investigador de ese centro de Estudios, realizaron un análisis donde estiman que sería posible crear hasta 300 mil empleos invirtiendo cerca del 0,1% del PIB, entre US$310 millones y US$329 millones anuales.

Para lograrlo, plantean seis puntos: Shock de ejecución en inversión pública en vivienda, obras públicas e infraestructura; programa de capacitación e intermediación laboral para la construcción, financiado con recursos ya disponibles del Fondo de Cesantía Solidario; fortalecimiento del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), ampliando cobertura y flexibilizando requisitos; subsidio de seguridad social para la contratación de 100 mil jóvenes; mejoramiento del proyecto de Sala Cuna Universal, eliminando el copago y financiando la red pública y ampliación real del programa 4 a 7, (cuidados) hoy con cobertura marginal”.

Jorge Hermann, economista de Hermann Consultores, recomienda que “las medidas deberían apuntar a garantías estatales para capital de trabajo pyme, anticipo de devolución de PPM y de IVA exportador y ampliar el subsidio al empleo en su línea Contrata y revivir el pacto de reducción temporal de jornada con complemento del seguro de cesantía”.