SEÑOR DIRECTOR:

El término anticipado del contrato para finalizar la gran sala del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) evidencia que la paralización de obras públicas responde, en este caso, más a un problema de voluntad política que a uno de permisología. La causa de la revocación no es el exceso de burocracia ni la aparición de hallazgos arqueológicos, sino el “resguardo del interés fiscal”.

Como ciudadana, me pregunto cuál es ese interés fiscal que el Ministerio de Obras Públicas dice estar protegiendo.

Una obra de esta envergadura permite en el corto plazo, generar alrededor de mil puestos de trabajo, considerando empleo directo e indirecto. En el mediano plazo, una vez en funcionamiento, la sala podría sostener hasta 700 empleos anuales, incluidos aquellos inducidos por la actividad cultural y económica asociada.

Se trata de una infraestructura pública estratégica, comparable a un puente o a un hospital. Es una inversión de largo plazo, con retorno fiscal indirecto, que contribuye a la dinamización económica y a la seguridad del centro de Santiago. Al mismo tiempo, fortalece la imagen país, facilita un acceso cultural real y masivo, beneficia a estudiantes y creadores, genera empleo calificado y posiciona a Chile como productor cultural.

Paralizar esta obra desde el gobierno pone en cuestión un modelo de políticas de Estado en el que los proyectos trascienden a los gobiernos de turno para mejorar las condiciones de vida de las personas, y además sienta un precedente preocupante respecto de la estabilidad de las condiciones para la inversión pública.

Resguardar el interés fiscal no puede reducirse a paralizar obras estratégicas, sino a evaluar su impacto real en empleo, ciudad y bienestar. En ese marco, la revocación del proyecto del GAM deja abierta una pregunta que merece una respuesta clara: ¿qué interés público se está resguardando cuando se abandona una inversión cultural de largo plazo?

María Paz Undurraga R.