No solo las empresas avícolas Agrosuper, Ariztía, Don Pollo y la APA -su asociación gremial- quedaron disconformes con la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que las condenó por colusión a históricas multas.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) se sumó a las reclamaciones presentadas ante el organismo de libre competencia, y solicitó a la Corte Suprema aumentar la multa impuesta a Don Pollo a 30.000 UTA o lo que la Suprema estime conveniente, así como agregar una multa de 20.000 UTA para la APA.

Cabe recordar que en su sentencia, el TDLC -encargado de recibir las reclamaciones y derivarlas a la C. Suprema- fijó una multa de 12.000 UTA (unos US$ 10 millones) a Don Pollo, en atención al tamaño menor que la firma tiene en el mercado, mientras que para la APA ordenó su disolución sin multa asociada.

En tanto, las empresas también pronunciaron sus reparos contra la sentencia del TDLC. Ariztía sostuvo en su reclamación al tribunal que "no ha seguido las reglas constitucionales y legales para resolver un requerimiento. Simplemente construyó una versión propia y distinta de la planteada por la FNE". Tal como lo señalara la APA en su reclamación, Ariztía enfatizó en que el TDLC no consideró el mercado del pollo, "su enorme expansión y la apertura internacional para las importaciones".

Por su parte, Don Pollo insistió en que carece de poder de mercado "por lo que no tiene ninguna posibilidad de abusar ni afectar la estructura de la competencia". También rechazó la multa impuesta, calificándola de excesiva y que "genera el absurdo de comprometer la viabilidad financiera y competitiva de la empresa más pequeña".