Entre las 21 y las 23 horas del martes 10 de octubre de 1973, en el sector de Liquiñe, al interior del entonces Complejo Forestal y Maderero Panguipulli en la Región de Los Ríos, 15 trabajadores fueron detenidos por agentes del Estado. Esa noche, como se lee en el Tomo 1 de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig), la militante del MIR Bernarda Vera Contardo, de 27 años, también se encontraba oculta en el lugar.

De acuerdo con el relato de testigos, la joven profesora y los trabajadores eran buscados por su presunta participación en el asalto al Retén Neltume de Carabineros. De hecho, según el citado escrito, en plena dictadura había sido condenada a muerte en rebeldía por su rol en el ataque a ese lugar, que era utilizado como centro de detención y tortura.

Según antecedentes recopilados por la Comisión Rettig, los efectivos que ejecutaron las detenciones eran uniformados que pertenecían al Grupo N° 3 de Helicópteros de Maquehua, ubicado en Temuco, y pertenecientes a la Fuerza Aérea. Testigos declararon que al ingresar a la forestal, los agentes transmitieron a las familias que las personas aprehendidas serían retornadas luego de que se les tomara declaración. Pero eso nunca ocurrió.

El informe Rettig da cuenta de que tras salir del complejo, los agentes tomaron el camino hacia Villarrica y que a la altura del puente sobre el río Toltén, en la entrada de la ciudad, los mataron a todos y arrojaron sus cuerpos al agua.

Tras recabar una serie de testimonios, constatar que ninguno de los detenidos había vuelto a tomar contacto con sus familias, que no tenían salidas ni entradas al país, ni gestiones ante organismos del Estado, la Comisión llegó a la convicción “de que las 16 personas mencionadas fueron ejecutadas al margen de todo proceso, por agentes del Estado que violaron sus derecho a la vida y luego ocultaron sus cuerpos”.

Sin embargo, a más de 35 años de la presentación de dicho informe, este lunes 27 de julio, el Poder Judicial informó que tras diligencias ordenadas por el ministro en visita Álvaro Mesa, se pudo confirmar que una de esas víctimas, Bernarda Vera, está viva.

El origen de la verdad

Aunque la Comisión Rettig llegó a la convicción de que 16 víctimas habían sido ejecutadas por agentes del Estado, con los insumos que logró recabar en ese momento, la causa que se inició respecto de Bernarda Vera en 1991, ante el Juzgado del Crimen de Panguipulli, no prosperó y se cerró sin establecer responsables.

Su hija nacida en Chile antes del golpe, Claudia Rey, interpuso una querella que tampoco avanzó, aunque en 2012 logró que el 5° Juzgado Civil de Santiago declarara la ausencia por desaparición forzada de su madre, lo que incluso obligó a que se realizaran publicaciones en medios de circulación nacional.

Pero la historia tuvo un giro a inicios de 2024 de la mano del Plan Nacional de Búsqueda (PNB). Ese año la periodista Pascale Bonnefoy, investigadora de dicho programa, comenzó a recabar insumos para establecer las trayectorias de las que se consideraban víctimas de la denominada Masacre de Liquiñe.

Al poco andar, como se lee en el informe que despachó a las autoridades de ese entonces, notó que había testimonios que contradecían la versión de que Vera estaba muerta. Así fue como llegó a personas que decían haber estado con ella en Argentina y en Suecia. En su búsqueda, también sirvió un libro escrito en Suecia que contaba la historia de un sueco que estaba en el grupo del episodio Liquiñe.

Según precisó en el documento de 31 páginas, la mujer salió clandestinamente del país hacia Argentina a fines de 1973, participando de la guerrilla del PRT-ERP en Tucumán.

En la reconstrucción de la trayectoria vital de Vera, el PNB pudo establecer que en febrero de 1978, el Consulado General de Suecia en Río de Janeiro le concedió una visa de entrada a Suecia y permisos de residencia y de trabajo con una vigencia de un año.

En marzo de ese mismo año llegó a Suecia sin documentos de viaje chilenos junto con un hijo y su pareja argentina. Estuvo en un centro de refugiados en la Municipalidad de Alvesta con cuatro meses de embarazo. En febrero de 1979 residía en Lund, donde solicitó la residencia permanente. En 1982 nació su tercer hijo y dos años después Suecia le dio la nacionalidad.

Previo a su llegada a Suecia en 1978, desde Brasil, Bernarda Vera informó a las autoridades suecas su nombre completo y nacimiento. El reporte de Bonnefoy añadió que pese a eso, alteró el año de su nacimiento. Desde ahí en adelante, toda su documentación oficial sueca registra su año de nacimiento como 1949.

A mediados de la década del 80, según la indagación de Bonnefoy, Bernarda Vera, su pareja y sus tres hijos nacidos en el extranjero regresaron a Argentina, donde se ha mantenido hasta el día de hoy. Con los nombres completos de la familia, el PNB pudo encontrar de forma digital los números de Documento Nacional de Identidad (DNI) argentinos de cada uno de sus integrantes.

La disputa política

Considerando que los primeros hallazgos de la investigadora se pusieron en conocimiento del ministro en visita que llevaba la indagatoria por el caso Liquiñe meses después de que se produjeran, las actuales autoridades del Ministerio de Justicia han cuestionado el actuar de sus antecesores.

Tanto el ministro Fernando Rabat como el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira (RN), calificaron la situación como grave y anunciaron el inicio de una investigación sumaria y oficios al CDE para que emprenda las acciones que correspondan. Entre ellas, eventualmente, buscar la restitución de los fondos que la familia de Bernarda en Chile recibió por concepto de indemnización por su calidad de víctima de desaparición forzada.

De acuerdo con el criterio del Ejecutivo, apenas se evidenciaron incongruencias en los relatos debieron haberse hecho las denuncias respectivas. Aunque desde la administración anterior el exministro Jaime Gajardo (PC) ha sido enfático en que la comunicación al ministro Mesa se efectuó en cuanto obtuvieron respuesta a los oficios despachados en octubre de 2024.

Más allá de los reproches del oficialismo, el equipo de Justicia del gobierno anterior, incluido el exministro Luis Cordero, ha transmitido que creen haber actuado correctamente. Hasta el día de hoy mantienen convicción de que la familia en Chile de la mujer no tenía conocimiento de su paradero y que, por lo mismo, trataron con máximo cuidado los antecedentes, sin que eso implicara ocultarlos -de ninguna manera- al juez que debía indagar.

En ello ha influido, aseguran, que en los otros nueve casos de personas calificadas como detenidos desaparecidos que no lo eran, los ministros respectivos han descartado las acciones emprendidas por el Estado en contra de sus familiares por eventual fraude al Fisco.

Entre las acciones que se desplegaron tras la apertura de la investigación documental en marzo de 2024, en junio de ese mismo año el Programa de DD.HH. ofició al director de Servicios Consulares de Cancillería para saber si había registros consulares de Argentina. En agosto, también oficiaron a Acnur, para saber si Vera registraba como refugiada.

Dos meses después, el 29 de octubre, el programa presentó denuncia ante el ministro Mesa, para que se reiniciara la búsqueda de las personas desaparecidas en Liquiñe, entre ellas Bernarda. En enero de 2025 se comunicaron los primeros antecedentes a la hija en Chile y también se presentó el caso al Comité de Seguimiento del PNB. Y en abril se enviaron nuevos oficios a Cancillería para que realizara gestiones ante el gobierno de Suecia.

Al mes siguiente, Suecia informó que una persona de nombre Bernarda Vera había obtenido la nacionalidad sueca, por lo que desde Justicia remitieron un nuevo informe reservado al ministro Mesa con todo el detalle que habían recopilado, lo que se repitió en los meses siguientes, de acuerdo con la cronología que detallan fuentes de la administración de Gabriel Boric.