La contralora general de la República, Dorothy Pérez, fue invitada a la comisión de Educación del Senado para abordar el Fondo de Financiamiento para la Educación Superior (FES), y en específico sobre su viabilidad, en el marco del dictamen que la Contraloría publicó sobre la materia en octubre pasado donde consideró que el mecanismo propuesto por el Ministerio de Hacienda no es propiamente un activo financiero, sino que un gasto, ya que no hay una contraprestación.

En su presentación, la contralora reiteró que los recursos que el Estado entregaría bajo el FES no pueden considerarse activos financieros al momento de otorgarse, ya que no generan un derecho adquirido inmediato.

“Solo en el momento en que se determina el monto a cobrar en base a los eventuales ingresos que obtengan los estudiantes -los beneficiarios- se podría contabilizar un activo financiero por la cuenta por cobrar respectiva”, destacó.

Adicionalmente, señaló: “Se descarta que este instrumento pueda ser clasificado en la categoría de bienes financieros como préstamos y cuentas por cobrar, pues esto requiere que el instrumento tuviera cobros fijos o determinables y que se valorice por su costo amortizado".

En cambio, indicó la contralora, lo que se ve de acuerdo al proyecto es que el FES “no tiene un monto de deuda a cobrar específico para el beneficiario al momento en que se financien sus estudios”.

“Esto se va a determinar después, una vez que se sepa cuál es el monto de los ingresos del estudiante o del beneficiario. También se hace presente allí que de acuerdo con las características del proyecto y la normativa contable que está vigente que ya describimos, las expectativas de recuperación futura podrían enmarcarse en la definición de activos contingentes“, sostuvo.

En otros efectos, indicó, en el instrumento FES no existiría o no registraría garantía del Estado, a diferencia del CAE, que sí lo registra.

Análisis de la Contraloría “no tienen componente político”

En la instancia, la contralora general también hizo hincapié en que los análisis que realiza la Contraloría -no solo en esta materia, sino en todas en las que participa conforme a su ordenamiento jurídico- “son estrictamente técnicas y no tienen componentes políticos”.

“Nosotros no tenemos atribuciones para ver el mérito de las políticas públicas que diseña la administración”, sostuvo tajante. “A nosotros lo que nos corresponde de acuerdo a nuestro mandato constitucional y legal es verificar la legalidad de las actuaciones”.

Esa, recordó, es una de las funciones de la entidad.

“No solamente emitimos normas contables, sino que también establecemos cuáles son los procedimientos para llevar nuestra contabilidad gubernamental y emitimos el informe de gestión financiera del Estado. Y tenemos una cuarta función, que es la función jurisdiccional para la recuperación del patrimonio público que hubiera sido dañado. Es importante tener presente que son estas cuatro funciones distintas”, indicó.

En esta línea, la contralora especificó que esto es “un pronunciamiento contable no es un dictamen que pueda estar interpretando normas legales vigentes, como escuché en algunas oportunidades en el foro a propósito de la emisión del informe contable que emitieron”. Luego afirmó que el pronunciamiento de la Contraloría “es exclusivamente técnico”.

“Nosotros no estamos ni apoyando ni a favor o en contra de este proyecto, ni de su avance, sino que exclusivamente pronunciándonos de cómo se debe contabilizar una vez que este instrumento sea enteramente diseñado”, afirmó.

“Lo único que estamos haciendo es cumplir con nuestra obligación constitucional y legal”, concluyó.

Asimismo, y consultada sobre la reconsideración solicitada por el gobierno y el impacto fiscal del proyecto, la contralora expresó que han estado sosteniendo diversas reuniones revisando esta materia con Hacienda. Asimismo, indicó, de ser solicitado, pueden emitir un nuevo oficio contable una vez sean ingresadas nuevas indicaciones al proyecto.

“Más allá de nuestra reconsideración, que se va a pronunciar respecto de lo que ya estaba vigente, nosotros estábamos un poquito a la espera de qué es lo que se iba a ingresar. Toda vez que esto va a cambiar, si es que el instrumento tiene otro sistema de contratación, si el instrumento tiene algunos elementos para determinar los montos efectivos a los que el fisco podría tener derecho en su recuperación, va a cambiar completamente la naturaleza del instrumento”, añadió.

Nuevas propuestas del Ejecutivo para alcanzar un consenso

Tras la presentación de la contralora, y también del académico Arturo Fermandois sobre la factibilidad del FES, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, dio a conocer una serie de propuestas de parte del Ejecutivo que responderían a las inquietudes discutidas en la instancia legislativa.

Cataldo, quien estuvo acompañado del subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, y del jefe del Subdepartamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos, Pablo Jorquera, sostuvo que los ajustes permitirían subsanar “las observaciones y recomendaciones que han sido formuladas por todos los expertos, expositores, el propio Consejo Fiscal Autónomo, Contraloría General, en el caso de la exposición del día de hoy, que obviamente nos permiten entrar, yo diría un poquito más finamente y de lleno, a espacios de negociación política con los senadores y senadoras e integrantes de esta comisión y también del propio Senado”.

Al respecto, entre las propuestas se detalló que en primera instancia, en vez de que el FES genere una obligación de retribución con tope de 7% u 8% de los ingresos, ahora proponen que se establezca el deber de suscribir un contrato al momento de acceder al beneficio. Esto se valoriza en dos etapas, con un monto anual de pago equivalente a 2x veces la suma del arancel regulado reajustado, dividido por el número de años que le corresponde pagar

Asimismo, se establece un tope adicional (“seguro”) en virtud del cual el pago total no podrá ser más que el Valor Presente de lo financiado por el Estado, ajustado por una tasa de descuento, contabilizado desde el primer año de estudios.

En cuanto a la exigencia al pago, se propone suprimir la exigencia de tiempo, y se reduce el límite de 3,5 a 2x veces el costo de la carrera, además de entre otras cosas, habilita la posibilidad de prepagar para las personas que deseen hacerlo.

Junto con esto, proponen eliminar la prohibición del copago para los deciles 7, 8 y 9, además del 10, y que se mantiene la opción de fijar un pago por encima del arancel regulado. En esto, proponen un esquema diferenciado de copago entre instituciones de educación superior (IES) adscritas a gratuidad y que se sumen al FES, y las que solo adscribirán a FES sin gratuidad.

Sobre las IES adscritas a gratuidad, se indica que se mantendrán los porcentajes de copago regulado ya establecidos, es decir, 40% para el decir 7 y 60% para los deciles 8 y 9.

En el caso de las instituciones adscritas únicamente al FES, se establece la opción de que puedan cobrar a los deciles 1 a 6 el arancel real informado para 2026, reajustado por IPC más 2 puntos; mientras que para los deciles 7, 8, 9 y 10 se les podrá cobrar sin restricción.

Asimismo, en el caso de las becas vinculadas al mérito académico, uno de los temas más polémicos del proyecto ya que en la propuesta original se eliminaban, desde el Ejecutivo ahora proponen incorporar explícitamente la mantención de líneas presupuestarias en becas de arancel, asegurando con esto la continuidad de los siguientes instrumentos:

• Beca de Excelencia Académica
• Beca Vocación de Profesor
• Beca Hijos de Profesionales de la Educación
• Becas de Reparación
• Becas de Cumplimiento de Sentencias

Otra de las propuestas presentadas por el Ejecutivo es que se establezca explícitamente en el proyecto que el FES deberá resguardar la autonomía institucional.

En cuanto al fortalecimiento de aportes institucionales basales, si bien el proyecto original no lo consideraba, en la propuesta se incorpora un aporte complementario anual a IES del CRUCH, con una distribución de 60% para AIUE (CUECH), y 40% para Aporte Basal por Desempeño.

Sumado a esto, también entre las propuestas se establece la posibilidad de que cada IES establezca cupos de FES, bajo ciertas condiciones, y en otras modificaciones, también se establece un itinerario para regular los aranceles de carreras en modalidad online. Esto, par que al cabo de cinco años, los estudiantes de esta careras puedan acceder al FES.