La ministra de Educación, María Paz Arzola, enfatizó que existieron muchos avisos previos y que se ha priorizado a las personas con ingresos más altos en torno a los cobros que realizó la Tesorería General de la República (TGR) a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

“Venimos de una situación en la cual a los deudores se les decía que se les iba a condonar las deudas y que, por lo tanto, el incentivo o la señal fue que dejaran de pagar”, afirmó la secretaria de Estado en Mesa Central de Canal 13, sobre los embargos sobre bienes raíces de personas deudoras del CAE que no han regularizado su situación.

En esta línea, indicó que la morosidad actual hace que no solo el CAE sea insostenible el financiamiento de la educación superior y estudiantil. “El ajuste que requiere una política de gratuidad de un año a otro en la Ley de Presupuesto sin ningún cambio, solo el ajuste para que siga siendo operativa, es en torno a 200 a 300 millones de dólares”, recalcó.

Asimismo, agregó que “en un año, con esa cantidad de plata, nosotros podríamos equiparar el monto con niños en jardines infantiles, que es una demanda que este país tiene hace muchos años y en la cual no se ha podido avanzar. Entonces los recursos que se están yendo a la educación superior son realmente una limitante para que nuestro país pueda abordar desafíos más importantes”.

Consultada por la remoción de dinero directo de las cuentas corrientes de los deudores, la ministra subrayó que “hubo muchos avisos previos. También hubo otras etapas en las cuales ellos pudieron acercarse a hacer convenios. Y ahora también van a poder hacerlo, pero que lo hagan. Nadie quiere llegar a este tipo de instancias, pero es importante hacer cumplir la ley”.

Sobre este tema, también recalcó que se ha priorizado primero a las personas con ingresos más altos “y se va bajando cada vez. Esto es lo importante. Es que, especialmente, a quienes tienen menores ingresos, que vayan, que realicen las medidas que pueden hacer para pagar a tiempo y evitar cosas como esta”.

Escuelas protegidas

En el marco de la aprobación de la Ley de Escuelas Protegidas y el envío de cuatro normas del proyecto al Tribunal Constitucional por parte de diputados de oposición y el Partido de la Gente (PDG), Arzola afirmó que “vamos a tener obviamente que responder a esto. Yo lamento que con este tipo de requerimientos se dilaten unas herramientas que nosotros queríamos poner a disposición de los colegios lo antes posible, porque además para ellos va a tomar un tiempo apropiárselo”.

También recalcó que “la situación en la que estamos es de tal gravedad en términos de la violencia de los delitos, narcotráfico, consumo de drogas, porte de armas al interior de establecimientos escolares, que todas estas medidas tienen una razón de ser. Y está bien, es parte de su derecho poder presentar este requerimiento, es una instancia en la que ellos pueden recurrir”.

Sobre el mismo punto, comentó que a lo largo de la tramitación escucharon a docentes, asistentes de la educación, directores y expertos constitucionalistas, “que de alguna manera avalaron que la manera como nosotros hemos abordado las herramientas para enfrentar estos asuntos o estos problemas no adolecen de ningún vicio de constitucionalidad”.

En esta línea, Arzola también enfatizó que los mecanismos de esta ley están puestos a disposición de los establecimientos educacionales, pero que no son obligatorios. “No es que todos los colegios van a tener que hacerlo, sino que aquellos a quienes les haga sentido lo van a poder incorporar en sus reglamentos internos”, subrayó.

Consultada por la suficiencia de un enfoque punitivo para abordar el problema de violencia en los colegios, afirmó que la iniciativa busca “reforzar un componente que ha estado demasiado débil, y que es el de que haya sanciones o señales claras contra la violencia al interior de los establecimientos educativos. ¿Hay otras políticas importantes de aplicar? Por supuesto que sí, este proyecto no pretende venir a resolver todo".

Asimismo, añadió que en el Ministerio de Educación (Mineduc) se encuentra en proceso de elaboración de los reglamentos de la Ley de Convivencia.

En torno a la pérdida del derecho a la gratuidad contemplada en la ley, la secretaria de Estado aseguró que ese tema fue ampliamente discutido. “Lo que se está haciendo al inhabilitar a una persona que ha cometido un delito, no es una sospecha, es alguien que tiene una sentencia firme con un delito y la inhabilidad por cinco años”.

Agregó también que esto no representa un impedimento para acceder a la educación superior. “Lo que te está diciendo es que no lo vas a poder hacer en virtud de este beneficio que se llama gratuidad, el cual implica que tú no pones ni un peso. Existen otros beneficios, existen otros medios para poder acceder. Entonces, que alguien no tenga acceso a la gratuidad no implica que tú le vas a estar restringiendo su posibilidad de acceder a este nivel educativo”, desglosó.

Cambios al SAE: más criterios

Sobre el anuncio de reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE) que hizo el Presidente José Antonio Kast, Arzola afirmó que los criterios de prioridad que componen el algoritmo para asignar las vacantes disponibles tienen un alcance muy bajo actualmente.

“Si tú miras cuántos de los postulantes cumplen con alguno de esos criterios de prioridad es uno de cada cinco solamente. Eso significa que cuatro de cada cinco postulantes no cumplen con ninguno de esos criterios y, por lo tanto, su asignación está efectivamente llevándose a cabo por su suerte, que el desempate entre dos personas que están postulando mismo cupo y que ninguno de los cuales cumple con un criterio de prioridad para darle prioridad por sobre el otro, es la suerte”, explicó.

Sobre este punto, precisó que esto ocurre cuando el establecimiento educacional al que postulan está lleno, con problemas de admisión. “Lo que a nosotros nos preocupa es que en esos lugares donde hay demasiados postulantes a cupos que son insuficientes, el criterio que hoy día está primando es el azar. Los criterios que hoy día tiene el sistema son insuficientes, habiendo otros criterios que son legítimos y que son válidos, como, por ejemplo, el mérito académico”, sostuvo la autoridad del Mineduc.

En esta tecla, indicó que ingresarán como un proyecto de ley una propuesta que apunta a establecer más criterios. Esta iniciativa, que según Arzola también busca restablecer confianza hacia los colegios, debería conocerse durante los próximos días.

Asimismo, la secretaria de Estado hizo ahínco en que su proyecto resguardaría la libertad de elección de los padres al postular a sus hijos a través del SAE. “Lo que queremos es fortalecer la elección y para eso queremos incorporar nuevos criterios, en los cuales los colegios tengan voz, que puedan ellos definir criterios propios que son atingentes a su proyecto educativo, a su nivel académico y si ellos quieren, por ejemplo, priorizar el establecimiento”, desarrolló.

Evaluación sobre pausar la implementación de los SLEP

A inicios de mayo, la autoridad ministerial planteó que en su cartera se está estudiando la posibilidad de hacer una pausa en torno a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), para poder evaluar qué cambios se requieren.

Durante la entrevista con el citado medio, señaló que están analizando el tema y que quieren ir más allá del corto plazo. “Estamos evaluando qué tan complejas son esas medidas que nosotros estamos viendo que son necesarias introducir, de tal manera de determinar si es necesario hacer una pausa o no para poder presentar un proyecto que proponga esas mejoras. Estamos trabajando en eso todavía”, señaló.

En torno a la ley aprobada que introduce mejoras al proceso de traspaso, la ministra comentó que le parece un avance, pero que todavía es insuficiente. “Queremos entregarle a los SLEP las herramientas que les permitan ser mejores sostenedores, porque hoy día tenemos que los SLEP son servicios públicos tratando de ser sostenedores educativos, cosas que son muy diferentes”, dijo.