La Sala de la Cámara de Diputados aprobó este martes las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de Escuelas Protegidas, iniciativa del gobierno de José Antonio Kast que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, despachando así la iniciativa a ley.

El proyecto fue aprobado por 105 votos a favor y 46 en contra, mientras que las dos enmiendas para las que se solicitó votación separada también fueron aprobadas por amplia mayoría.

La iniciativa, que se encontraba en su tercer trámite constitucional, contempla una serie de medidas preventivas y sancionatorias en establecimientos educacionales, entre ellas la revisión de mochilas, la prohibición del uso de capuchas y sanciones para estudiantes que participen en tomas de liceos o hechos de violencia.

En detalle, la iniciativa consta de seis artículos y uno de los principales tienen que ver con la incorporación de un nuevo requisito para acceder a la gratuidad universitaria.

Así, a los tres que ya contempla la ley actual, el proyecto añade la condición de “no haber sido condenado por sentencia firme y ejecutoriada por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas, contra la propiedad o la infraestructura pública”.

En la votación, los diputados Juan Santana (PS), Héctor Ulloa (Independiente), y Emilia Schneider (FA) pidieron reserva de constitucionalidad para ciertos artículos acusando que vulneraba garantías constitucionales de los estudiantes. Esto, sobre respeto y protección de la vida privada y la honra de las personas y sus familias, y también por el establecimiento de una doble sanción en cuanto a la pérdida de gratuidad.

Debate en Sala

En la discusión parlamentaria, la mayoría de los diputados oficialistas se manifestaron a favor del proyecto, apuntando a que era una iniciativa necesaria frente a la violencia que se vive en los establecimientos.

“La oposición nos acusa de incriminar. Nada más alejado de aquella realidad”, manifestó al respecto en el debate el diputado Andrés Celis (RN). “Protegemos el derecho a estudiar en paz de la inmensa mayoría de los jóvenes de nuestra región y de nuestro país, aislando las conductas delictivas”.

Asimismo, apuntó que desde su partido respaldaban la norma de limitar la gratuidad universitaria a los mayores de edad condenados por delitos graves en recintos escolares. “Los recursos del Estado deben financiar el esfuerzo y el respeto, no la violencia criminal”, apuntó.

Por su parte, el diputado Javier Olivares (PDG) también celebró la iniciativa, aunque lamentó que durante la discusión en el Senado del proyecto “se hayan debilitado herramientas como el haber condicionado la revisión de mochilas estrictamente a casos fundados”.

Sin embargo, indicó, "valoramos profundamente que se mantenga intacto el espíritu original de esta iniciativa: recobrar de manera urgente la seguridad en nuestras aulas y resguardar la integridad física y además la integridad psíquica de nuestros niños, educandos y también de nuestros jóvenes".

Por su parte, desde la Democracia Cristiana, el diputado Jorge Díaz, si bien indicó que votaba a favor, hizo un punto en cuanto a que el proyecto no incluye presupuesto, “lo que es una clara amenaza para un sistema cuyos recursos, se sabe desde ya, son insuficientes”.

Desde la oposición en tanto, el diputado Luis Cuello (PC) manifestó que pese a las modificaciones planteadas por el Senado, éste “sigue siendo un proyecto que criminaliza y no resuelve el problema de la violencia en la sociedad que se expresa en las escuelas”.

“El Senado incluyó reducir la prioridad en el sistema de admisión escolar para estudiantes que han sido sancionados con expulsión o cancelación de matrícula por faltas graves. Y quiero decir que, de 5 mil alumnos expulsados entre los años 2016 y 2024, uno de cada ocho termina fuera del sistema escolar. Entonces, ¿ese es el objetivo? ¿descartar niños?“, cuestionó.

Asimismo, apuntó, “a un estudiante que tiene recursos no le interesa, no le va a afectar que le quiten la gratuidad”.

Esto, añadió, “se inscribe en una misma lógica del anuncio de crear un Registro de Vándalos que perderán derechos sociales”. Esto, en referencia al proyecto anunciado por el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública la jornada de ayer lunes.

“Es un camino del apartheid social. Estigmatizar a un sector de la población es el primer paso para el autoritarismo y para el fascismo”, advirtió.

En esta misma línea, la diputada independiente Ana María Gazmuri señaló que quitar la gratuidad “es regresivo” y “un castigo doble” para el estudiante.

Emilia Schneider (FA) por su parte, si bien indicó que “sin duda este proyecto se mejoró sustantivamente en el Senado”, cuestionó que no fuesen escuchado desde su sector en la discusión en primer trámite en la Cámara.

“Nosotros desde el Frente Amplio le dijimos al gobierno, le dijimos a la ministra de Educación (María Paz Arzola), le propusimos distintas mejoras para poner límites a los abusos que eventualmente podría justificar este proyecto (...) pero el gobierno no escuchó, la ministra no escuchó y no quiso dialogar con nosotros, quisieron tramitar este proyecto a tontas y a locas”.

“Lamentable que el nulo liderazgo del Ministerio de Educación nos haya impedido llegar anteriormente a un acuerdo, porque en esta Cámara se negaron a cualquier acuerdo, y en el Senado veo que aceptaron diversas propuestas que nosotros hicimos en el primer trámite”, acusó.

Asimismo, la diputada indicó que “lamentaba” que el presidente de la Cámara, el diputado Jorge Alessandri, haya manifestado en entrevista con La Tercera, que quería que el proyecto se fuese a comisión mixta para que así "salga lo más parecido al proyecto original”, retrocediendo así, sostuvo, en las mejoras que se le hizo en el Senado.

“¿Dónde está la voluntad de llegar a acuerdos? ¿Dónde está la voluntad de dialogar, de escuchar a quien piensa distinto?“, cuestionó.