El Partido Socialista manifestó su preocupación y rechazo frente a las recientes acciones de cobro impulsadas por la Tesorería General de la República contra deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

A través de una declaración pública, la colectividad sostuvo que dichas medidas, atendiendo requerimientos del Ministerio de Hacienda, habrían significado incluso el “vaciamiento de cuentas bancarias” de deudores y deudoras inmediatamente después de recibir sus remuneraciones.

“Si bien sostenemos que las obligaciones financieras deben cumplirse y que las deudas contraídas deben ser pagadas, ello no puede realizarse a costa de vulnerar las condiciones mínimas de subsistencia de las personas y sus familias”, señaló el partido.

En esa línea, el PS afirmó que ninguna política de cobranza del Estado puede “desentenderse de principios elementales de dignidad, proporcionalidad y justicia social”.

La colectividad también cuestionó la severidad con que, a su juicio, se estaría actuando contra trabajadores y trabajadoras que enfrentan dificultades económicas.

“Resulta especialmente preocupante la severidad con que se actúa contra trabajadores y trabajadoras que enfrentan dificultades económicas, mientras que en otros ámbitos hemos visto resistencias para avanzar en herramientas fundamentales para combatir delitos económicos de gran escala”, sostuvo el comunicado.

En ese punto, el partido mencionó como ejemplo el debate sobre el levantamiento del secreto bancario y acusó silencio frente a casos de colusión que afectaron a millones de personas, como los ocurridos en los mercados de las farmacias y de los productores de pollo.

El PS afirmó que el Estado debe ejercer sus facultades “con sentido de justicia” y no transformarse en un “agente expropiatorio” que profundice la precariedad de quienes ya enfrentan situaciones económicas complejas.

Por ello, la colectividad llamó al Gobierno y a las autoridades competentes a revisar estas medidas, resguardar ingresos indispensables para la vida de las familias y avanzar en soluciones “justas y definitivas” para quienes mantienen deudas asociadas al CAE.

El partido también pidió que dichas medidas se ajusten a las normas legales vigentes, “tal como se ha pronunciado la Corte Suprema en relación a este modo de actuar de la TGR”.