Este martes cuando el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) tenía en tabla para ver en cuenta la reposición con nuevos antecedentes ingresada por la defensa del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), tomó una decisión que le dejó al exjefe comunal el pase listo para dar la siguiente jugada en su misión imposible de llegar a la papeleta del 16 de noviembre.

El Tricel optó por no resolver la reposición, postergar la decisión y en cambio accedió a la solicitud de certificación que había pedido la defensa de Jadue representada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz.

Jadue había pedido que se certificara el estado del asunto ante el Tricel -en ambas causas, tanto la de la UDI como la de RN- y quedara registro de que aún estaba pendiente por resolver la reposición.

Esa maniobra tenía un solo objetivo. Tal como lo adelantó La Tercera se explicaba porque Jadue está mirando al Tribunal Constitucional (TC) y la opción de recurrir de inaplicabilidad.

Ese es el requerimiento del TC en el cual se puede alegar que la aplicación de una norma genera efectos inconstitucionales en un caso concreto y específico. Para dar ese paso, el TC exige que exista alguna gestión pendiente y eso es justamente lo que consiguió Jadue con el certificado entregado la jornada de este martes.

Fuentes del Tricel comentan a este medio que en el expediente de las causas de Jadue ya se dio por informado de los siguientes pasos del exalcalde de Recoleta y se notificó que este miércoles su defensa ya ingresó el requerimiento de inaplicabilidad.

De hecho en la sección de escritos pendientes del Tricel se puede ver el escrito de Colombara y Díaz en donde se lee lo siguiente: “Venimos en informar que esta parte, con fecha 15 de octubre de 2025, ingresó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Excmo. Tribunal Constitucional invocando como gestión pendiente la presente causa”.

Las mismas fuentes señalan que en su requerimiento ante el TC Jadue alega contra las siguientes normas. La primera tiene que ver con el artículo 13 de la Ley N° 18.460 en donde se establece que “contra las resoluciones del tribunal no procederá recurso alguno” y la que plantea que “dentro de los cinco días siguientes a la última notificación”.

También se alega en contra del precepto legal del artículo 17 inciso primero de la Ley N° 18.556 y el artículo 34 de la Ley N° 18.556.

Junto con eso la defensa de Jadue pide que el TC suspenda las dos gestiones pendientes en el Tricel, con el objetivo de congelar la resolución de ambas reposiciones. Esto debido a que el Tricel podría resolver en cualquier momento, incluso antes de que el TC vea el recurso.

La defensa de Jadue corre contra el tiempo. No solo porque queda un mes para las elecciones parlamentarias. Sino que además porque para que tenga éxito, necesita que el TC pueda poner en tabla su inaplicabilidad antes de que el jueves el Tricel se vuelva a reunir para resolver lo que dejó pendiente.

También el exalcalde y eventual carta parlamentaria del PC necesita que alguna de las dos salas del TC le dé luz verde a la admisión a trámite y la admisibilidad, concediendo además la suspensión de todos los procesos en el Tricel.

La jugada de llegar al TC tiene una motivación especial. Colombara conoce ese tribunal ya que en 2021 logró salvar a Marco Enríquez-Ominami de una situación similar a la de Jadue.

Esa vez Colombara consiguió que el TC sentara jurisprudencia en el asunto al punto de establecer como estándar para suspender los derechos políticos de un ciudadano el hecho de que la acusación de la Fiscalía -en un caso que merezca pena aflictiva- requiere además del auto de apertura del juicio oral concedido por un tribunal.

Un requisito que no existe en el caso penal de Jadue, ya que ahí incluso la acusación del Ministerio Público se dejó sin efecto y el caso Farmacias Populares se volvió a reabrir para decretar las últimas diligencias.