Desde el pasado viernes 7 de noviembre la sala D103 del Centro de Justicia ha sido el escenario de la formalización en contra de los imputados de la denominada trama bielorrusa: los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, además de Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Ángela Vivanco. Ese mismo día la magistrada que tiene la causa, Michel Ibacache, cumplía 52 años.

El cumpleaños de la jueza tuvo que interrumpirse por una extensa y compleja audiencia de formalización que se ha extendido por seis jornadas. En la instancia, la magistrada ha liderado las audiencias en las que el Ministerio Público imputó los eventuales delitos de soborno, cohecho y lavado de activos. Todo esto luego de que la exministra Vivanco junto a otros supremos resolviera a favor del consorcio chileno-bielorruso Belaz Motivec en una millonaria contienda judicial contra Codelco.

La abogada, de 52 años, desde la primera audiencia impuso su estilo y demostró su rigurosa y meticulosa forma de trabajo. La magistrada desde el comienzo expuso que se tomará todo el tiempo necesario para resolver las medidas cautelares de los imputados y que escuchará con calma a todas las partes cuando se necesite. Y así ha sido. Hasta ahora, la audiencia se podría extender hasta el sábado, completando ocho jornadas.

Con un tono calmado, pero con firmeza, Ibacache ha expuesto sus decisiones. Recién comenzada la audiencia le dejó claro a las defensas que la víctima del caso, Codelco, iba a poder intervenir en la formalización, contrario a la postura de los abogados, quienes pedían una querella de la minera para que aquello ocurriera. Este miércoles lo reiteraron, y antes de que el defensor terminara su frase, la jueza reiteró. “Eso ya lo resolví”, dijo terminando radicalmente cualquier atisbo de un nuevo debate.

Una jueza de carrera

Michel Ibacache, la jueza de la trama bielorrusa, nació en la Región Metropolitana. Es aquí donde ha desarrollado toda su vida, cursando sus estudios básicos y universitarios. La mujer, de 52 años, ingresó a estudiar derecho en la Universidad Central, logrando jurar como abogada en 2005 ante la Corte Suprema.

En términos personales, la magistrada de la trama bielorrusa está casada con un economista de 66 años y es madre de un hijo. Según su “Declaración de Intereses y Patrimonio para funcionarios y autoridades” del Poder Judicial, mantiene parte de la propiedad de dos sociedades, una de ellas con su cónyuge. Además, es dueña de dos inmuebles y un vehículo.

A nivel académico, también tiene diplomados en derecho penal (Universidad Alberto Hurtado y la Universidad de Buenos Aires) y derecho laboral (Universidad de Chile). Además, tiene siete cursos en reforma procesal penal, responsabilidad civil, delitos informáticos, medidas prejudiciales civiles, entre otros.

Un año después de jurar ante la Suprema, la ahora jueza ingresó a la Academia Judicial, egresando de dicha institución el 2 de marzo del 2007 en el 42º Programa de Formación. Tras su egreso, comenzó a trabajar en el Juzgado de Letras de Colina y desde ahí acumula 18 años en el Poder Judicial.

Desde 2007 y hasta 2014 Ibacache registra 58 cargos temporales al interior del sistema de justicia. Tuvo pasos por los juzgados del trabajo, en al menos dos juzgados de garantía, en tribunales civiles y en algunos Tribunales Orales en lo Penal (TOP). También se desempeñó como relatora en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Eso hasta que el 2014 comenzó con puestos titulares. Ese año asumió como secretaria del 25º Juzgado Civil de Santiago, para seis años después volver al Juzgado de Letras de Colina, donde estuvo tres años. En 2023 Ibacache aterrizó en el emblemático Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, tribunal que integra hasta hoy, donde tomó la causa de la trama bielorrusa.

En esa causa la magistrada ha sido especialmente dura con el Ministerio Público, específicamente el equipo que lidera la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, quien junto al OS-7 de Carabineros por más de un año lleva investigando a Vivanco y el resto de los imputados. Tras la exposición de las defensas, quienes rebatieron con pruebas algunos de los antecedentes de la Fiscalía, la jueza Ibacache le dio un aviso al ente persecutor.

“Les advierto a los querellantes y al Ministerio Público que tendrán que hacerse cargo de cada una de las alegaciones hechas por las defensas. La verdad que en este minuto estamos ante una situación bastante grave y espero que la investigación del Ministerio Público pueda aclararme todo lo que las defensas me están señalando”, afirmó la magistrada el martes de esta semana.

Pero no fue lo único. Al día siguiente volvió a la carga respecto a la investigación del Ministerio Público, la cual puso contra las cuerdas. “Es la primera vez que veo que en una audiencia de formalización se incorporen nuevas diligencias”, dijo Ibacache. Luego comentó que a su juicio el caso de la Fiscalía es “una investigación que no se encontraba lo suficientemente agotada para su formalización”.

Después Ibacache aumentó sus cuestionamientos, pues afirmó que “esta jueza entiende que se ha vulnerado un principio base, que es el principio de objetividad”. Por último, les dijo a los fiscales que “no se ha ahondado en hechos que eventualmente podrían tener una visión distinta de como se produjeron las cosas”.

Si bien la jueza ha sido especialmente dura con el Ministerio Público, también ha aplicado una vara similar con las defensas. Desde el estrado ha controlado las pretensiones de los defensores y constantemente ha dicho que para el estándar de formalización -que es distinto del de un juicio oral- muchas peticiones de los defensores han resultados excesivas.

Pese a que ha controlado activamente los pasos de la Fiscalía, fuentes del caso comentan que más allá de sus reparos a ciertos hechos, todo el relato que tiene que ver con la ruta de los dineros de las posibles coimas ha sido un punto no controvertido por su parte. Muestra de eso, por ejemplo, es que cuando la defensa de Migueles tuvo que exponer, no refutó ninguno de estos aspectos y se dedicó principalmente a justificar que su representado no merecía la prisión preventiva.

Otras causas conocidas

En sus años de carrera también ha tenido otras causas conocidas. Por ejemplo, Ibacache fue la jueza que autorizó la incautación del vale vista por la compra de la exclínica Sierra Bella, mientras la Fiscalía investigaba presuntos delitos de corrupción.

En octubre del 2019, tras el inicio del estallido social, también tomó la causa de un estudiante del Liceo de Aplicación que lanzó una bomba molotov. En esa ocasión la magistrada también hizo noticia, dadas las reflexiones que hizo del caso a la hora de resolver: “Parece razonable que la sociedad se levante ante lo que estima injusto, pero cree esta jueza que la forma en que se está manifestando no es la correcta”, afirmó.

Pero en esa ocasión la jueza también habló, incluso, con la madre del estudiante. “¿Se da cuenta que pudo matar a alguien?”, le dijo a la progenitora del detenido. Por esos días la magistrada tomó varias causas reconocidas de la crisis social.

El año pasado Ibacache integró la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Santiago, la cual aceptó la petición de solo el 1,08% de los solicitantes.