Por 34 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones, la Sala del Senado aprobó esta jornada el proyecto de ley sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas.

La iniciativa, que se encontraba en segundo trámite, tiene por objetivo prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales.

Previo a ser discutida en Sala, la iniciativa pasó por las comisiones de Educación y de Hacienda, en esta última instancia aprobándose de forma unánime.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó que “el proyecto fue arduamente trabajado en este segundo trámite por la honorable comisión de Educación y luego evaluado con mucha seriedad por la comisión de Hacienda, a cuyos integrantes agradezco sinceramente por la disposición al diálogo y la construcción de acuerdos que indudablemente han mejorado el cuerpo legal que se está presentando a esta sala. La iniciativa se ordena en pilares que son claros”.

En Sala se realizó la votación en general de las indicaciones y con base en los informes de las comisiones, en ella se aprobó el proyecto por 34 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones.

Posteriormente, se inició la votación de 17 normativas, donde se debatía el cambio de conceptos o redacciones en el proyecto de ley. La primera, debido a falta de quorum para ser aprobada, quedó rechazada.

Asimismo, pasó con las tres siguientes votaciones donde era necesario un quorum al cual no se llegó. La última normativa orgánica, la cual necesita cierta cantidad de votos, fue aprobada.

En torno a la votación separada del artículo 16 E, la senadora Yasna Provoste (DC) pidió la palabra y señaló que “me llama la atención que haya algunos que quieren eliminar este artículo. Quiero comentar qué es lo que estamos votando: esto es el contenido mínimo del reglamento interno y este artículo es clave para asegurar procesos justos, procesos racionales y proporcionales. Si se rechaza se abre el espacio a reglamentos que sean arbitrarios, desiguales y que, además, ofrezcan nulas garantías a quienes sean víctimas”.

El artículo en cuestión detalló Provoste, regula la investigación de las denuncias y la protección de las víctimas. “Esto fue largamente debatido en la comisión. Rechazar esta norma es debilitar la protección de derechos, aprobarla, es establecer reglas claras y justas para todos”, agregó.

El senador Gustavo Sanhueza (UDI), quién fue uno de los que solicitó las votaciones por separado de las normativas, justificó, afirmando que “en el punto 9 se establece que el plan deberá contar con contenidos mínimos, pero cuando hablamos de algo genérico, pero cuando nos introducimos a definir qué tiene que tener el Reglamento interno, nos estamos metiendo en los proyectos educativos, por eso invitamos a rechazar este artículo”.

De igual forma, se aprobó por 15 votos a favor y 14 en contra.

Posteriormente, se dio paso a la votación por separado del artículo 16 F, que establece responsabilidad de los sostenedores en situaciones graves, lo que fue nuevamente defendido por Provoste, quien llamó a votar lo aprobado en la comisión.

Así, Sanhueza volvió a defender su supresión, ya que señaló no se podría hacer responsables a los sostenedores por las omisiones de un directivo de un establecimiento que tome conocimiento de un hecho de violencia o acoso escolar.

Con todo, tras una repetición de votación, se rechazó con 16 votos en contra y 15 a favor.

La incorporación del nuevo artículo 11, que crea el Programa de Bienestar Socioemocional Escolar, fue aprobada por 29 votos y uno en contra.

El artículo 12 (nuevo), que se refiere al cumplimiento de las funciones de los programas de Bienestar Socioemocional Escolar por parte de la Junji, ya aprobado en la Comisión de Educación del Senado, fue aprobado por 27 votos.

La búsqueda de la incorporación del artículo 13 nuevo, respecto a la creación del Consejo para el Bienestar Socioemocional Escolar, fue apoyado por 26 senadores, y un voto en contra.

El artículo 14 (nuevo) sobre el cumplimiento de las funciones del Consejo para el Bienestar Socioemocional Escolar, fue respaldada por el mismo quórum del artículo anterior.

El artículo 15 respecto al cese de las funciones dentro del consejo anteriormente mencionado, fue respaldado por 26 senadores, sin presentar votos en contra.

La norma (artículo 17) respecto al quórum para sesionar el consejo en cuestión, fue apoyado por 27 votos y un voto en contra.

Con todo, a las 19.21, el senador Iván Moreira (UDI), quien dirigía la sesión, dio por finalizada la votación, dando por aprobado el proyecto discutido y enviándolo en tercer trámite constitucional a la Cámara de Diputados.

Reserva de constitucionalidad del proyecto

En medio de la discusión, el Alejandro Kusanovic, pidió realizar una reserva de constitucionalidad por algunos aspectos del proyecto que se debatía.

“Formulo reserva de constitucionalidad del artículo 1, numeral 3 del proyecto, por cuando vulnera los artículos 1, 19, número 6, 10 y 11, de la Constitución, al imponer a miembros de la comunidad educativa, la adhesión a determinadas definiciones de enfoque, en materias donde existe un legítimo margen de discrepancia, afectando con ello tanto el derecho de los padres, como la autonomía de los cuerpos intermedios”, dijo el senador.

También hizo lo propio con el artículo 1, número 4 del proyecto, porque a su juicio, infringe el 19, numeral 11 de la Constitución, “al alterar el gobierno de los establecimientos educacionales mediante un órgano con influencia en la conducción del proyecto educativo”.

Por último, lo hizo con el artículo 1, numeral 10 del proyecto, que según el senador, infringe el artículo 19, numeral 6, 10 y 11; y el artículo 1, inciso tercero de la Constitución, “pues regula excesivamente el contenido de los reglamentos, los cuales, son la manifestación del ideario de los colegios”, agregó Kusanovic.

Reconfigura la jornada escolar completa y crea el Programa de Bienestar Socioemocional

El proyecto establece un rol activo del Estado en la promoción del buen trato y la prevención del acoso, la violencia y la discriminación, asegurando los derechos de niños, niñas y estudiantes. Para lograr esto, establece la creación de la Política Nacional de Convivencia Educativa y un Plan de Acción Nacional con vigencia de ocho años, lo que permitirá orientar acciones interinstitucionales en coordinación con otros ministerios tales como Seguridad Pública, Salud y Mujer y Equidad de Género.

A nivel de los establecimientos educacionales, la iniciativa dispone la obligatoriedad de contar con un coordinador o coordinadora de Convivencia con dedicación exclusiva y jornada completa en todos los establecimientos que reciben aportes del Estado, sumando a su vez la actualización de los Reglamentos Internos y los Planes de Gestión de Convivencia.

También incluye el fortalecimiento de las facultades de la Superintendencia de Educación y la creación del Sistema de Monitoreo de la Convivencia Educativa en la Agencia de Calidad, encargado de monitorear y entregar herramientas a las comunidades educativas.

El proyecto también actualiza la Ley General de Educación y el Estatuto Docente para garantizar espacios laborales seguros, libres de violencia, acoso y discriminación, y la creación de un programa de bienestar socioemocional, que reconfigura la jornada escolar completa y que ya inició un piloto en 176 establecimientos de los SLEP Iquique, Valparaíso, Gabriela Mistral, Punilla Cordillera y Andalién Sur.