La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, lleva cinco meses al mando del Poder Judicial. Desde ahí ha liderado un ambicioso plan para mejorar la gestión de los tribunales y los tiempos de respuesta.

Para ese plan, Chevesich y su equipo echaron mano al Quantum, un sistema informático que ya existía y que permite mostrar en un tablero el desempeño de los tribunales. Además, se armaron indicadores, más de 15 reuniones, se ha conversado con 100 jueces civiles y con eso se detectaron los tribunales con mejor y peor desempeño. Chevesich tomará personalmente los casos más problemáticos, para seguir de cerca los planes de acción.

La presidenta recoge las críticas que ha recibido ese plan y defiende el método de trabajo. Además, explica -por primera vez- qué hará el pleno de la Corte Suprema con todos los sumarios que se abrieron contra los jueces que viajaron al exterior con licencia médica.

Una olla a presión que con el tiempo se ha ido convirtiendo en un zapato chino, ya que mientras los funcionarios públicos externos a la judicatura los están destituyendo por estas faltas a la probidad, los judiciales han logrado zafar sin grandes reproches.

¿Cómo fue el estado de la situación que se encontró respecto de los tiempos de respuesta?

El plan estratégico, que ya fue aprobado por la Corte Suprema, establece como uno de los ejes la oportunidad en el servicio judicial. La consultora contratada para los efectos de elaborar este plan dio cuenta que había bastante atraso a nivel de tribunales y cortes de apelaciones. Al asumir como jefa superior de servicio tengo que hacerme cargo de que se pueda llevar a efecto ese plan estratégico. Es un desafío bastante grande, porque, obviamente, la dotación de los tribunales es insuficiente.

¿Por qué ha pasado eso?

Ha habido reforzamiento de la dotación de manera inorgánica, porque se han dictado muchas leyes que han impactado la competencia, las labores de los tribunales, sobre todo en materia de familia y también penal. A eso se suma la recarga y la gran cantidad de causas que está recibiendo la justicia laboral, eso ya nadie lo puede negar. Tanto es así que hay un proyecto de ley, que aún no ha sido promulgado, que va a crear un nuevo cargo en Santiago para que sean tres juzgados laborales y, además, reforzar las dotaciones en varios tribunales del país. El atraso ya es innegable.

Por eso propuso su plan.

Así es, se generó un plan de trabajo en sentido de mejorar la gestión en algunos tribunales. Hay tipologías de tribunales que tienen una carga más o menos similar, pero que presentan un mejor nivel de gestión que otros. Pero bueno, a veces uno dice que tienen la misma carga, que son de la misma tipología, pero que a veces, cuando uno entra a analizar el caso concreto, tienen realidades específicas distintas.

¿Cómo se gestó el plan?

Formé un equipo y se recurrió a una herramienta informática que es el Quantum. Eso permitió ver qué es lo que estaba pasando en todos los tribunales del país y también en las cortes de apelaciones. Se generó entonces un tablero informático, que estableció ciertos indicadores. Pero cuando se empezó a trabajar con los tribunales civiles, nos dimos cuenta de que los indicadores seleccionados no eran los mejores y se cambiaron. Eso se ha ido trabajando y vimos qué instancias tienen una gestión inferior y yo, personalmente, me he abocado a ellos. También se pidió a las cortes respectivas que hicieran lo propio.

Esto ha generado tensión entre algunos jueces y gremios. Varios consideran que se construyeron indicadores que no miden lo que deberían medir.

Esta herramienta informática refleja la carga que tiene cada tribunal, no es una cosa arbitraria. En cada una de las reuniones nunca nadie ha dicho que lo que ahí se refleja no sea efectivo. Nunca. En materia civil había que modificar los indicadores, porque en realidad habíamos partido enfocándonos en los escritos que no se estaban resolviendo, pero prontamente se hizo la modificación requerida.

De todas maneras, al hacer los indicadores se hizo una especie de ranking y se puso a competir a los tribunales. ¿Fue un error que se haya compartido la información de manera interna?

Cuando se aplicó esta herramienta para los efectos de los retiros del 10%, así se trabajó y se compartió. Ahora se aplicó la misma dinámica y hay quienes me han dicho que están llegando a un cierto límite, pero igual intentan hacer mejoras. Efectivamente, hay una comparación, y puede ser odiosa, pero tampoco es la idea sacarlos al pizarrón. Simplemente es con la idea de saber cuál es la situación general y que todos podamos aportar con un granito de arena para mejorar.

¿Llegó el momento de que el Poder Judicial también tenga una ley de fortalecimiento como la del Ministerio Público? Ellos lograron sumar 250 nuevos fiscales.

En todas partes donde he tenido la oportunidad de hablar sobre este asunto, incluso con el fiscal nacional, con la defensora nacional, yo le he dicho que esto no debió haber sido así. Porque el sistema de justicia penal está formado por el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría. Si no se dota, además, al Poder Judicial y a la Defensoría Penal Pública, el funcionamiento es imposible. Esto también se lo he planteado al ministro de Justicia, porque es urgente reforzar la dotación de la Defensoría y también de los tribunales.

¿Ve disposición del gobierno?

He conversado con el ministro de Justicia y él está abocándose en que se pueda crear este tercer juzgado laboral en Santiago y reforzar las otras dotaciones. Le mencioné que también está la justicia de familia y me dijo que él quería abordar esto. Luego será el tiempo de la materia penal.

¿Por qué el pleno de la Suprema pidió revisar los sumarios de jueces por viajar al extranjero con licencia médica, incluso aquellos que vienen sin apelación?

La Corte Suprema recabó la información de los funcionarios que estaban en esa situación y la remitió a las cortes de apelaciones del país, que son 17, para que, a su vez, ahí se entregara a un fiscal para que asumiera la investigación de todas estas causas. La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales del país y, por lo tanto, quiere saber cómo abordaron esos sumarios, quiere ver qué se decidió para tener una visión global.

¿Fue una decisión para tener información o para revisar o unificar criterios y asegurarse de que no haya disparidad en las sanciones?

Eso está en la pauta de pleno. Se van a relatar esas causas, en algunos sumarios efectivamente se dedujeron recursos de apelación. En esos casos el apelante tendrá la posibilidad de manifestar su postura a través de su abogado y, bueno, después el pleno de la Suprema revisará los sumarios por licencias médicas para tomar definiciones, tiene que tomar decisiones al respecto. Yo no puedo adelantar las decisiones que se van a adoptar, eso estará en el foro interno de cada uno de nosotros al momento de tomar conocimiento de cada caso concreto.

¿El Poder Judicial ha hecho vista gorda respecto de estas faltas administrativas?

Mientras yo no tome conocimiento cabal de cada una de las causas, no puedo anticipar opinión. Usted me dice que las cortes han sido blandas, pero eso a mí no me consta, porque el conocimiento lo voy a adquirir en la relación que hará el relator cuando esto lo vea el pleno. Luego de eso adoptaré una decisión, y es lo mismo que tienen que hacer mis colegas de la Corte Suprema.

¿Van a esperar a que la Corte de Santiago notifique sus sumarios, para así verlos todos juntos?

Sí, la idea es verlos todos juntos para tomar definiciones. Los órganos que toman decisiones de orden jurisdiccional tienen que ser coherentes y tampoco sería pertinente que la Corte Suprema un día diga A y otro día diga B.

¿Existe la posibilidad de que el pleno ocupe la facultad del artículo 80 de la Constitución y abra cuadernos de remoción?

Si te respondo, estoy anticipando opinión. No puedo. Para tomar decisiones debo hacerlo con el mérito de los antecedentes. No puedo anticipar, porque me podría estar inhabilitando.

Pero es una herramienta a la que pueden echar mano.

Ahí está la norma, ese artículo existe, pero qué va a pasar no puedo decirlo. Ni tampoco decirle qué haré yo o qué piensan mis colegas.

A propósito del artículo 80, la bancada de la UDI invocó esa norma para pedirle al presidente que inicie el proceso para remover al juez Daniel Urrutia, quien tuvo un sumario por viajar a Costa Rica y Ecuador con licencia médica, pero el pleno de la Corte de Santiago lo sobreseyó y absolvió. Sobre esa solicitud, hecha por un partido político para remover a un juez…

Pero a ver, el que tiene que tomar una decisión sobre la materia es el presidente de la República.

¿Pero no cree que se afecta la independencia externa del Poder Judicial y el principio de inamovilidad?

El principio de inamovilidad de los jueces existe, pero si existen causales suficientes para removerlo, procede la remoción. O sea, ahí termina la inamovilidad. Y claro, yo no puedo estar criticando a un partido político porque le pide al presidente de la República que actúe de determinada manera. El artículo 80 dice por oficio o a petición de parte, y ahí, bueno, la parte fue un partido político. Ese análisis va a tener que hacerlo el presidente de la República para plantearlo al pleno.

Entendemos que no puede adelantar opinión, pero ¿cómo se le explica a la ciudadanía que eventualmente va a haber jueces que no van a recibir la misma sanción que otro funcionario público cometiendo la misma falta?

¿Te parece que mejor esperemos la decisión del pleno para que la sociedad pueda sacar sus conclusiones?

¿Por qué el pleno decidió iniciar ese proceso de notificación a los judiciales morosos por el crédito solidario?

Esta es información pública alojada en el Cruch. El pleno pidió previamente que se recabara la información por la CAPJ y que se hiciera el cruce con la información de funcionarios judiciales. Los funcionarios judiciales somos servidores públicos. También se nos exige una conducta proba que conlleva pagar nuestras deudas. Y en razón de ello se dispuso a estos funcionarios y funcionarias para que solucionen sus deudas o lleguen a un acuerdo de pago. Y ahora estamos esperando la información para tomar decisiones sobre la materia.

¿Esto podría ser una falta a la probidad?

Somos servidores públicos. Entonces tenemos que tener un estatuto superior. Y más aún que en este caso no son deudas con una institución bancaria financiera. Es en torno a una deuda que viene del fondo solidario generado por las universidades chilenas precisamente para apoyar a aquellas personas que quieren estudiar y que no tienen los medios adecuados. Este fondo se va nutriendo con los pagos que hacen aquellos que piden un crédito y asumen la calidad de deudores.