El exministro de Justicia, Jaime Gajardo abordó este domingo las decisiones del actual gobierno en materia de Justicia y sobre el anuncio hecho esta semana por Gendarmería de que tres reos por delitos comunes fueron reubicados en otros penales desde el Centro Penitenciario de Tiltil, anteriormente conocido como Punta Peuco.

Sobre esto último, el abogado señaló que “yo creo que es una muy mala decisión, es una decisión que nos hace retroceder en la protección de los derechos humanos, pero también en el hecho de que no existan personas privilegiadas ni grupos privilegiados en nuestro país”.

Al igual que mencionó hace unos días, Gajardo también dijo en el programa Estado Nacional de TVN que incluso se está retrocediendo en avances que se hicieron durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, como el cierre del penal Cordillera.

“De hecho, el presidente Piñera habló de los cómplices pasivos. El presidente Piñera dio pasos muy importantes en reconocer que los crímenes que se habían cometido durante la dictadura militar no los podíamos justificar bajo ninguna circunstancia”, agregó.

Respecto al debate sobre si esta decisión tuvo un trasfondo político o meramente técnico, Gajardo señaló que “el Presidente de la República, José Antonio Kast como sus ministros de Defensa y de Justicia, han dicho que se debería retrotraer esta medida que se tomó durante el gobierno del presidente Boric. Y en la práctica, efectivamente, ha ocurrido eso".

Si bien el exsecretario de Estado también dijo que esta decisión puede obedecer a razones de traslados permanentes que hace Gendarmería, por otro lado, en caso de que sea efectivamente una decisión de Gobierno, pidió mayor transparencia con la opinión pública y que desde el Ejecutivo se diga abiertamente que consideran que los criminales de lesa humanidad tienen que tener un penal especial.

“Para eso, habría que modificar el decreto. Volver a establecer la especialidad del decreto tal y como está en el decreto de su creación”, comentó el exministro.

Esta semana el subsecretario de Justicia, Luis Silva, negó que esto ocurriera por una decisión política y en cambio señaló que “lo que habría que revisar es si no fue política la decisión contraria, es decir, de la administración anterior. Y ahora simplemente se está respetando lo que siempre fue. Esa es la pregunta que hay que hacerse”.

Conmutación de penas

Sobre la discusión y el proyecto de ley que tiene relación a la conmutación de penas para condenados que cumplan ciertas condiciones como una edad avanzada o algún tipo de discapacidad, Gajardo señaló que avanzar en esto como un “acto de humanidad”, si forma parte de la conversación política.

“Y, de hecho, eso ocurre. Las personas que están en este recinto penal recurren de manera permanente a los tribunales de justicia para que se les flexibilicen sus condiciones penitenciarias con el objeto de poder tener ciertos procesos de salud en recintos hospitalarios, para que puedan acceder a pasar los últimos días en los casos que tengan enfermedades terminales en sus domicilios. Y los tribunales de justicia acceden o también a veces rechazan porque no consideran que están todos los antecedentes. Es decir, eso nuestro sistema jurídico lo permite”.

Sin embargo, también agregó que, según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, para estos casos se piden cumplir con ciertas condiciones: “Primero, que las personas hayan colaborado en los procesos judiciales. Segundo, que entreguen información valiosa para resolver los crímenes en los cuales estas personas fueron condenadas (...) y lo tercero, que se hayan arrepentido de los crímenes que cometieron”.

Reunión con Rabat y Cuenta Pública

Gajardo también habló de la reunión que sostuvo junto con otros exministros de Justicia y con su sucesor, el ministro Fernando Rabat, sobre la dijo que fue muy buena ya que dio cuenta de “algo muy distinto a lo que está haciendo el Gobierno”.

En ese sentido explicó que “el Gobierno lo que ha hecho con su discurso es tratar de plantear que el gobierno anterior es prácticamente la fuente de todos los males. Que el gobierno anterior dejó un país quebrado y dejó un país que prácticamente no funcionaba. Y el ministro Rabat, cuando se junta con los exministros de Justicia, lo que busca en nosotros es ver la continuidad de las políticas de justicia”.

Al mismo tiempo, también añadió que “yo creo que nos ha quedado más que claro en estos casi tres meses de gobierno que lo que se propuso en campaña, al menos uno lo podría catalogar como un exceso retórico o promesas que eran muy complejas de cumplir en la práctica y que además desconocían lo que se estaba haciendo”.

Sin embargo, ha visto en los últimos discursos del Ejecutivo el reconocimiento de las políticas públicas anteriores y espera que estas se concreten.

Sobre los anuncios que espera por parte del Presidente Kast en la Cuenta Pública de este lunes, dijo: “Que conozcamos cuáles son los planes y estrategias puntuales que se va a tener. En campaña se prometieron 100 mil plazas en cuatro años de construcción de cárceles, 100 mil en cuatro años. Nosotros, durante el gobierno del presidente Boric, dejamos para que se terminen de implementar este año 5.498 plazas listas”.

En paralelo confirmó que 15 mil plazas más están en desarrollo y otras 15 mil más en estudio, proyectos que espera que avancen durante el actual gobierno.