La morfología demográfica del país no solo está experimentando cambios significativos -uno de cuyos signos más evidentes es la caída en la tasa de fecundidad- sino que además parece ocurrir a una vertiginosa velocidad, lo que plantea una serie de desafíos a las políticas públicas, cuyos responsables no parecen aquilatar aún la profundidad que representa este desafío en los más diversos ámbitos.

La nueva serie de estadísticas vitales que ha dado a conocer el INE -con datos al 2015- entrega antecedentes que permiten visualizar con más claridad el curso que han seguido estas tendencias, y a partir de ellas proyectar la realidad que vivirá el país a mediados de este siglo. De acuerdo con el informe, la población del país superó los 18 millones de habitantes -un cálculo más acabado debería proporcionarlo el Censo, cuyos resultados se conocerán esta semana-, donde el 40% reside en la Región Metropolitana, seguida del Biobío (11,7%), Valparaíso (10%) y El Maule (5%).

Además de la marcada concentración poblacional -un fenómeno que a pesar del paso del tiempo no muestra señales de revertirse-, se observa un marcado carácter urbano, ya que el 87% de los habitantes vive en ciudades; la presión por vivir en grandes urbes hará necesario que los instrumentos de planificación sean mucho más dinámicos y capaces de abordar las complejidades que ello implica, como asegurar la disponibilidad de suelo, creación de zonas para el manejo de la basura y mayor conciencia sobre los riesgos geológicos al momento de definir los asentamientos, materias donde aún se observan retrasos.

Pero el factor de mayor alerta es la caída en la tasa de fecundidad. Esta se ubicó en 1,79 nacimientos por mujer, lo que nos ubica por debajo de la tasa necesaria para asegurar la adecuada renovación poblacional. Aun cuando estas cifras no distan de lo que se observa en países de la OCDE, sí es llamativo la velocidad con que nuestro país ha llegado a una baja en los nacimientos y el envejecimiento. De continuar en la misma trayectoria se estima que hacia 2050 menos del 20% de la población será menor de 15 años, pero en cambio los mayores de 65 años representarán sobre el 25%, lo que supone un cambio en la pirámide demográfica de vastos efectos sobre nuestra economía.

Las voces expertas han anticipado que una vez que la pirámide poblacional se invierta habrá una fuerte presión sobre el sistema previsional, ya que será necesario financiar las pensiones de más personas, con mayores expectativas de vida y con menos población joven disponible para contribuir a prestaciones sociales. Un sistema de reparto -como el que algunos sectores proponen al país- fiscalmente se haría insostenible, y por ello llama la atención que el gobierno, en su reciente reforma previsional, insista en la idea de un fondo intrageneracional financiado con las cotizaciones de los trabajadores, lo que en los hechos implica comenzar a transitar hacia el reparto.

El envejecimiento poblacional también impacta directamente en la fuerza de trabajo, lo que hace necesario contar con políticas de inmigración modernas, que combinen una llegada ordenada pero que a su vez faciliten flujos hacia aquellos sectores de la economía que lo demanden, algo que la nueva política migratoria en discusión no facilita del todo.