"Creemos que puede haber un Chile diferente y mucho más justo. Quiero, que el día que vuelva a dejar esta casa, ustedes sientan que su vida ha cambiado para mejor, que Chile no es solo un listado de indicadores o estadísticas, sino una mejor patria para vivir, una mejor sociedad para toda su gente". Esas fueron las palabras con las que la Presidenta Michelle Bachelet inauguró, hace exactamente tres años, el que sería su segundo gobierno. Tras haber sido electa con el 62% de los votos, Bachelet volvió a La Moneda comprometiendo un ambicioso programa de transformaciones, que incluía, entre sus reformas más importantes, un nuevo régimen tributario, el fin del lucro y el copago en la educación particular subvencionada, así como la gratuidad en la educación superior, un sistema electoral parlamentario para reemplazar al binominal y una nueva Constitución. La Presidenta tenía la credibilidad y el capital político suficientes para asumir el desafío. Sin embargo, a 36 meses de iniciado su segundo mandato, el escenario es radicalmente distinto. Tras las crisis que han golpeado su imagen, su aprobación no logra superar el 26%, según la última encuesta Adimark, y la continuidad de su coalición está en duda.

Según un balance de la Fundación Ciudadano Inteligente, hasta ahora, el Ejecutivo ha cumplido el 48% de sus promesas legislativas. "Hay cosas obviamente que no se previeron en el período cuando uno desarrolla los programas, que fueron distintos a cómo se han ido dando las cosas, pero quiero decir que hemos logrado avanzar en áreas que nos comprometimos", dijo Bachelet el jueves pasado en una entrevista con radio Futuro.

Así, a tan solo doce meses de que concluya su mandato, la jefa de Estado y el gobierno han enfocado sus esfuerzos en visibilizar y priorizar temas que podrían alzarse como los principales hitos de su administración, varios de los cuales se lograron en 2014, cuando el respaldo de su conglomerado y su alta adhesión en la ciudadanía le permitieron materializar algunas de sus promesas de campaña. Lo que fue denominado por algunos como un "frenesí legislativo", le sirvió al Ejecutivo para acelerar la tramitación de diversos proyectos que abrieron paso a las principales reformas.

El legado

En ese primer ciclo se aprobaron, por ejemplo, el fin al lucro y el reemplazo del sistema binominal, parte de lo que en el oficialismo llaman el legado de Bachelet. A eso se sumaría después la gratuidad en la educación superior, un tema que, pese a las modificaciones en su diseño y a los cuestionamientos desde sectores del propio oficialismo, la Mandataria ha buscado relucir. De hecho, solo en los últimos días ha tenido varias actividades en las que ha destacado ese hecho y se ha reunido con jóvenes beneficiarios de esa medida.

Ayer la Presidenta volvió a enumerar las iniciativas aprobadas durante su gestión, resaltando, entre otras, la reforma tributaria, la gratuidad, el Acuerdo de Unión Civil y el proceso constituyente. "Nuestro anhelo es que este impulso no se detenga, que podamos proyectar los cambios estructurales que hemos iniciado como gobierno, porque no da lo mismo el rumbo que tome el país", dijo durante la inauguración de un servicio de atención primaria de urgencia en Pudahuel.

Para el analista político y ex director de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda (Secom), Carlos Correa, los principales hitos son la gratuidad -que ha beneficiado a más de 230 mil estudiantes-, el fin del binominal y el proyecto que despenaliza el aborto en las causales de riesgo vital de la madre, inviabilidad fetal y violación.

"Para mí, ese es el gran legado. Hablar de gratuidad, hace algunos años, era una quimera. De hecho, cuando los estudiantes lo dijeron en 2011, salieron varios a decirles que no tenía sentido, que cómo una universidad iba a ser gratis. El cambio de paradigma es la gran noticia del gobierno de Bachelet. El otro gran legado es el proyecto del aborto en tres causales, que es volver a lo que había antes de 1989, lo que hizo la dictadura en sus últimos días, que aunque va a seguir siendo una legislación de las más restrictivas del mundo, rompe con un atavismo que había instalado la dictadura", dice.

Una visión similar tiene el abogado Jorge Navarrete, analista político y ex militante de la DC. "El gobierno inició un proceso de cambios necesarios para Chile, cuya dirección probablemente sea irreversible. Sin perjuicio de la crítica al contenido y la forma, se corrió un cerco que hace años parecía inamovible, introduciendo una legítima discusión sobre las bondades de nuestro modelo de desarrollo", comenta.

En términos políticos, Navarrete destaca "la eliminación del sistema binominal, la agenda de probidad y transparencia, y la elección de intendentes". A su juicio, "una democracia más representativa, descentralizada y más protegida de las influencias del dinero será uno de los mayores logros de este gobierno".

El sociólogo y analista político Max Colodro agrega que "el principal legado de este gobierno sin ninguna duda son las reformas: los cambios que el gobierno propuso en materia educacional, tributaria, laboral, constitucional van a ser el principal legado de esta administración, para bien o para mal". Sin embargo, advierte que desde el punto de vista político "el principal legado es el alto grado de cuestionamiento y desaprobación que tiene y ha tenido el conjunto de las reformas implementadas".

Lecciones

Respecto de las lecciones que se podrían sacar en limpio tras estos últimos tres años de gobierno, Colodro afirma que "la principal es que el Estado de Chile, dado su grado de modernización y de eficiencia, no está en condiciones de llevar adelante transformaciones de esta envergadura simultáneamente. O sea, el programa de gobierno se planteó una meta tremendamente ambiciosa, que era hacer reformas simultáneas, todas de carácter estructural en áreas estratégicas, y creo que la principal evidencia en estos tres años es que eso no era posible. No había ni las condiciones políticas ni las condiciones de gestión como para que esas reformas fueran efectivamente viables todas de manera simultánea. Y agrega: "El desmoronamiento del liderazgo de Bachelet es probablemente uno de los hechos más relevantes, y va a quedar como una impronta de lo que es esta administración. Una Presidenta que pasó, en un lapso muy breve, de ser la más popular desde el retorno a la democracia a ser la más impopular. Eso, probablemente, también está dentro de las singularidades y legados de este gobierno".

En esta misma línea, el abogado y analista político Gonzalo Cordero -histórico militante de la UDI- asegura que "el principal legado que deja este gobierno, objetivamente, es la pérdida del dinamismo económico del país, que tiene el peor desempeño de los últimos 30 años".

Correa, en cambio, plantea que uno de los flancos del segundo período de Bachelet fue la distancia que mantuvo durante estos años con los partidos de la Nueva Mayoría. "La principal lección es que los gobiernos de coalición tienen que preocuparse de no debilitar a los partidos. Hay varias cosas que uno podría sacar de los errores que puede haber cometido el gobierno, pero hay un asunto fundamental, que es la estrategia permanente de debilitar a los partidos. Chile tiene un régimen presidencial, pero los partidos son importantes, porque sustentan al gobierno. Un gobierno alejado de los partidos no tiene pilotes en tierra. Y una de las grandes dificultades de esta administración ha sido esa", sostiene.

Navarrete, en tanto, dice que la lección más importante que hay que sacar es que "la mayoría inicial de este gobierno cegó a muchos, lo que devino en arrogancia y un desprecio por las reglas básicas de la política, confundiendo voluntad con voluntarismo, y persistencia con porfía". Y agrega que "la imagen es nada y la gestión es todo: contrario a lo que muchos creen en esta administración, la eficacia y la eficiencia no son un territorio de tecnócratas, sino un imperativo ético de la acción política, especialmente para quienes pensamos en el Estado como un instrumento de cambio social".

La propia Mandataria se hizo cargo de este diagnóstico el jueves pasado al señalar que "yo soy del tipo de personas que siempre ve el vaso medio vacío y no medio lleno, por lo tanto, siempre aspiro a más; hemos cumplido, pero hay mucho más por hacer, así es que siempre he considerado que las cosas se pueden pulir, se pueden mejorar".

Las marcas del gobierno

Detrás de este panorama existen, más allá de la manera en que se impulsó la agenda legislativa, otros factores. El alto respaldo ciudadano que tenía Bachelet al inicio del gobierno decayó a partir de febrero de 2015, cuando estalló el caso Caval. Ese viernes 6, la revista Qué Pasa publicó un reportaje que vinculaba al entonces administrador sociocultural de La Moneda e hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos, con un negocio de especulación inmobiliaria realizado por la empresa de su esposa, Natalia Compagnon. Según la publicación, en plena campaña presidencial, Dávalos había participado de una reunión con el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Lucksic, obteniendo un préstamo para Caval por $ 6.500 millones.

El escándalo terminó con la renuncia de Dávalos y con una desmoralizada Bachelet, a quien se acusó de no condenar con fuerza el actuar de su primogénito. Desde ese momento, el principal activo del gobierno -la credibilidad y popularidad de la Presidenta- se desplomaría estrepitosamente.

Pero el 2015 no terminaría ahí. Otra crisis estallaría cuando en abril de ese año se conocieron cuatro boletas emitidas por el entonces ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, a la empresa del autodenominado operador político de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli. La firma, que a su vez había facturado a SQM Salar, una de las principales filiales de Soquimich, era indagada por el Ministerio Público por delitos tributarios vinculados a un presunto financiamiento irregular de la política.

El escándalo, que golpeó al que era considerado como el hijo político de la Mandataria, caló hondo en Palacio por esos días. Aunque Peñailillo dio explicaciones, estas no fueron suficientes para mantenerse por mucho tiempo más en el gabinete. Bachelet tardó en tomar la decisión, pero el 6 de mayo de ese año les pidió la renuncia a todos sus ministros.

El hito marca el paso al segundo tiempo del gobierno. Con la salida del ministro de Hacienda Alberto Arenas, quien también se había visto salpicado con el caso SQM, y la llegada de Rodrigo Valdés a esa cartera, Bachelet encausa su mandato en otra dirección. Las crisis políticas, junto con un estancamiento en el crecimiento económico, obligaron a la Mandataria a redefinir el rumbo. Con la premisa de "realismo sin renuncia", reconoció en julio de ese año un "déficit de gestión" en la marcha de las reformas. "Debemos reconocer que la administración estatal no estaba totalmente preparada para procesar cambios estructurales simultáneamente. Es parte de los obstáculos que hemos heredado y, tal vez, los subestimamos", dijo en esa oportunidad.

El penúltimo año del gobierno implicó otras crisis. Las muertes de menores en centros del Sename destaparon la grave realidad del organismo dependiente del Ministerio de Justicia. Eso, sumado al escándalo por las abultadas pensiones en Gendarmería, complicó a la cartera. La entonces titular del ministerio, Javiera Blanco, tuvo que enfrentar dos interpelaciones ante la Cámara de Diputados para luego dejar el cargo. Un poco antes, en agosto de 2016, la Mandataria alcanzaría sus niveles más bajos de aprobación al alcanzar solo un 19%, según la encuesta Adimark.

Las dificultades del Ejecutivo se vieron potenciadas por las diversas catástrofes naturales que azotaron al país durante los últimos tres años. Al terremoto en el norte, el incendio de Valparaíso y la erupción de los volcanes Villarrica y Calbuco, se sumó durante el verano pasado una serie de incendios que afectaron al centro y sur del país y que dejaron once muertos y miles de damnificados. La gestión de La Moneda ante la catástrofe fue también duramente cuestionada.

La cuenta regresiva ya comenzó para La Moneda. Este último año la apuesta, entre otras, es comenzar el debate por la nueva Constitución en el Congreso y aprobar finalmente el proyecto que despenaliza el aborto. "El tiempo de la polvareda y de la discusión pequeña va a pasar y va a llegar el momento del legado (...) Y creo que nos vamos a sentir muy orgullosos de lo que ha hecho la Presidenta", sentencia su ex ministro de Energía Máximo Pacheco.