¿Qué prioridad le ha dado el Estado de Chile a la ciencia, la tecnología y la innovación en las últimas dos décadas? Un reciente estudio del Consejo de Ciencia Tecnología e Innovación (CTCI) ofrece una respuesta incómoda. Aunque en 2025 los recursos destinados a estas áreas alcanzaron su máximo histórico en términos absolutos, la inversión pública en CTI pasó de representar 0,53% del PIB en 2011 a apenas 0,35% en 2026. Su participación en el presupuesto del gobierno central también bajó de 2,6% a 1,5%. La evidencia reunida por la OCDE muestra que la investigación y la innovación contribuyen a elevar la productividad al generar conocimiento, nuevas tecnologías y mejores formas de producir. Por eso, asignarles una proporción cada vez menor de los recursos públicos va en la dirección contraria a lo que el país necesita.

La respuesta más evidente —aumentar el gasto directo— choca hoy con una realidad fiscal estrecha. En este contexto, el estudio destaca una vía complementaria que Chile todavía utiliza poco: combinar los aportes directos con créditos, garantías, incentivos tributarios y compras públicas de innovación. El potencial de estas herramientas se vuelve más claro al observar cómo se distribuye actualmente el esfuerzo público: más del 90% se concentra en aportes directos, principalmente subsidios concursables canalizados por ANID y Corfo. Según el instrumento, estas vías complementarias pueden sumar recursos privados, aprovechar mejor el gasto disponible o recuperar parte de los fondos comprometidos, aliviando así la carga fiscal.

Tres ejemplos muestran este potencial. Una primera oportunidad es ampliar el uso del incentivo tributario a la I+D. Este mecanismo permite a las empresas descontar de sus impuestos parte de lo que invierten en investigación y desarrollo. Aunque su utilización ha crecido y su vigencia se extendió hasta 2035, el monto efectivamente utilizado no supera los US$50 millones anuales. Si este apoyo alcanzara el promedio de la OCDE —equivalente al 0,16% del PIB—, la inversión total del país en I+D podría aumentar cerca de 50%. La buena noticia es que existe un acuerdo transversal sobre la necesidad de simplificar el mecanismo y facilitar su uso, especialmente entre las empresas medianas y aquellas que no registran utilidades.

Una segunda vía está en el poder de compra del Estado. En Chile, las adquisiciones de bienes y servicios superan con creces todo el presupuesto de ciencia, tecnología e innovación. Las compras públicas de innovación —mediante las cuales el Estado adquiere soluciones nuevas o mejoradas para responder a una necesidad pública— permitirían orientar una fracción de esa demanda hacia la innovación. Como ya ocurre en Brasil, Corea y la Unión Europea, este mecanismo podría abrir un mercado para las empresas tecnológicas locales sin aumentar el gasto directo.

Un tercer ejemplo es la banca de desarrollo. El proyecto que crea la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (AFIDE), actualmente en el Senado, busca apoyar con créditos, garantías e inversión proyectos que la banca tradicional no financia por su nivel de riesgo. Su pronta aprobación permitiría a Chile contar con una institución de este tipo, presente en países como Alemania, Francia y Brasil, capaz de impulsar iniciativas innovadoras y atraer recursos privados para financiar la transformación productiva, sin que el Estado asuma todo el costo.

Nada de esto sustituye el financiamiento directo a la ciencia, que sigue siendo la base del sistema. Pero, en un contexto de estrechez presupuestaria, ampliar estas herramientas permitiría sumar financiamiento y capacidades privadas a los esfuerzos públicos. La discusión presupuestaria de este año ofrece una oportunidad para avanzar en esa dirección: no solo decidir cuánto invertir en ciencia e innovación, sino cómo hacerlo mejor para elevar la productividad y sostener el crecimiento del país.

José Miguel Benavente es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) y Andrés Zahler es académico de la UAI y consejero de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad