Hace cerca de un mes saltaron las primeras alertas en Renovación Nacional (RN).

La presidenta del partido, Andrea Balladares, acompañada de los senadores Andrés Longton y Rojo Edwards, llegó hasta el Ministerio de Seguridad para reunirse con el jefe de esa cartera Martín Arrau.

Los parlamentarios habían solicitado la reunión para abordar parte de la agenda legislativa que se estaba preparando, en particular la reforma constitucional que por esos días ya se estaba diseñando y que hoy ha enredado la tramitación de la agenda de seguridad de La Moneda.

Según quienes conocieron de esa cita, sin entrar en detalles, Arrau les adelantó que dentro del texto se iba a proponer un nuevo estado de excepción coonstitucional. De ahí en adelante, desde el partido no recibieron más información del contenido.

Lo que sigue ya es historia conocida. La reforma que fue ingresada por el gobierno este lunes al Senado levantó duras críticas entre parlamentarios oficialistas -entre ellos Balladares y Longton- quienes no solo cuestionaron la falta de trabajo prelegislativo, sino que también puntos del texto que calificaron como un riesgo para la estabilidad institucional y el sistema demócratico.

Esos cuestionamientos, empezaron incluso antes de que se diera a conocer la iniciativa y se centraron justamente en el nuevo estado de excepción que les había esbozado Arrau, junto con la norma que plantea inhabilidades en derechos sociales como salud y educación para condenados por crimen organizado y terrorismo.

Aunque este jueves, desde La Moneda mostraron apertura para modificar esas puntos con el objetivo de ordenar al oficialismo, en RN las aprensiones por la reforma se mantienen.

En el partido creen que con el proyecto se traspasó un límite que va más allá de las diferencias que pueden existir en la derecha respecto a cómo enfrentar la crisis de seguridad, pues advierten que se trata de convicciones democráticas en temas tan básicos como la separación de poderes y la defensa de la institucionalidad. Por lo mismo, en la colectividad no esconden que la molestia es fuerte.

“Aquí hay cuestiones mucho más profundas que discutir plazos o números. Estamos hablando de separación de poderes, contrapesos democráticos y límites que ninguna mayoría circunstancial debiera traspasar. Vamos a seguir escuchando a expertos y fijaremos nuestra posición cuando terminemos ese proceso”, apuntó Andrea Balladares a La Tercera.

Aunque en el partido recalcan que sí estarán los votos para aprobar la idea legislar, la apuesta es desmarcarse en el debate en particular, para lo que ya están preparando indicaciones y demarcando sus línea rojas.

De hecho, esta semana un grupo de diputados ya anunció algunas indicaciones y lo propio hizo el senador Longton, quien acordó levantar algunas observaciones para cotar el estado de excepción en conjunto con el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.

La idea -explican en la colectividad- es articular a todos los parlamentarios del partido en torno a esas propuestas, por lo que en los últimos días ya han sostenido una serie de reuniones para adelantar ese trabajo.

Durante este jueves, por ejemplo, entre las 11:30 y las 13:00 de la tarde, la directiva liderada por Balladares y algunos parlamentarios se reunieron con abogados constitucionalistas como Marisol Peña, Juan José Ossa, Sebastián Soto y Teodoro Ribera, para revisar bien los alcances de la reforma y en particular sus puntos más complejos.

Según presentes en la cita, expertos como Ossa y Soto fueron los más críticos del proyecto del gobierno y aseguraron que tal como estaba planteado era “inviable”. Peña, en tanto, advirtió que se tenían que impulsar modificiaciones importantes en parte de los artículos.

Fue en ese contexto en que se coincidió en plantearle líneas rojas a La Moneda para avanzar con la tramitación en particular.

Allí, junto con acotar los plazos y restricciones del nuevo estado de excepción y revisar la norma que plantea la inhabilidad en algunos derechos, también se acordó mirar otros puntos como el registro de organizaciones criminales propuesta por el Presidente con acuerdo del Senado y el artículo primero que se modifica para sumar el concepto de “seguridad pública”.

En paralelo, también algunos parlamentarios se reunieron con Arrau para abordar las preocupaciones del partido y empezar a preparar el camino para levantar modificaciones.

La próxima semana, en tanto, ya hay citas coordinadas con los ministerios de Interior y Segpres, y se espera concretar también un encuentro de la bancada nuevamente con expertos para ordenar las distintas propuestas e inquietudes del partido.

Al respecto, Balladares aseguró que “estamos haciendo un trabajo serio y responsable frente a una reforma que modifica aspectos relevantes de nuestra Constitución. Hemos sostenido reuniones con nuestros parlamentarios y con distintos constitucionalistas, y durante los próximos días continuaremos escuchando a expertos para analizar en profundidad sus alcances”.

Y agregó: “Queremos contribuir a fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar al crimen organizado, pero también resguardar principios que para RN son fundamentales, como la separación de poderes, los contrapesos democráticos y nuestra institucionalidad. Una reforma de esta naturaleza no puede mirarse solo desde la contingencia ni desde quién gobierna hoy, sino pensando en el Chile que queremos construir para las próximas décadas”.