Este jueves a primera hora, en una sala 801 del Centro de Justicia, con aforo completo, el Cuarto Juzgado de Garantía escuchó los alegatos por la reapertura y sobreseimiento del denominado caso Australis.

El conflicto se remonta a 2019, cuando Joyvio adquirió la empresa en US$ 921 millones. Joyvio acusa al empresario chileno Isidoro Quiroga de haberla engañado al inflar los informes de producción mediante infracciones ambientales, sobreestimando así las proyecciones del negocio y el valor de la empresa

Durante la audiencia, que se extendió por cuatro horas y continuará este viernes, el primero en abrir los alegatos fue el abogado de Australis y sus filiales, César Ramos, quien fustigó a la Fiscalía por cerrar la investigación y negarse a llevar a cabo diligencias que serían clave para demostrar el perjuicio que sufrió su cliente.

Ramos afirmó que el 5 de agosto de 2026, la parte querellante pidió que se realizara un nuevo informe pericial contable para determinar los costos, multas y contingencias que sufrió la empresa a causa de la sobreproducción de salmones. La Fiscalía rechazó esta petición, bajo el aergumento de que la diligencia era “puramente dilatoria” porque estaban “a pocos días del cierre de la investigación” y que peritajes anteriores ya respondían a lo solicitado, relató Ramos.

En su alegato, el abogado sostuvo que ante este doble rechazo, se dirigió a la Fiscalía Regional para solicitar que revirtiera la decisión, pero su petición fue desestimada.

Ramos sostuvo que no es “plausible” ni aceptable que le nieguen una prueba clave solo porque la investigación se va a cerrar. Argumentó que, aunque la Fiscalía decida no seguir adelante con el caso (no perseverar), él como querellante tiene el derecho legal de forzar la acusación y llevar a los imputados a juicio por su propia cuenta, para lo cual necesita imperiosamente ese peritaje.

Los abogados César Ramos, Jorge Bofill, Hugo Rivera y Alberto Eguiguren reiteraron su solicitud para la reapertura de la investigación debido a diligencias pendientes. La petición incluye peritajes ambientales, revisión de registros de viaje e informes contables por los delitos de administración desleal y estafa. Además, reclaman la obtención de nuevos respaldos y una pericia criminalística profunda sobre los correos electrónicos de los ejecutivos vinculados al caso.

“Gestiones dilatorias”

Acto seguido, fue el turno del fiscal Juan Pablo Araya, de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente. El persecutor rebatió los argumentos del querellante y defendió el cierre de la investigación, tras haber comunicado su decisión de no perseverar. Esto luego que el persecutor considerara que no se reunieron los antecedentes suficientes para fundar una acusación.

Araya sostuvo que ninguna de las cinco diligencias solicitadas para la reapertura posee un fin de pertinencia, calificándolas derechamente como “gestiones dilatorias”.

El fiscal rechazó la petición de extraer y analizar nuevamente los correos electrónicos, explicando que el Ministerio Público ya procesó más de 72.000 correos utilizando filtros de inteligencia artificial y revisiones manuales por parte de analistas.

Araya advirtió al tribunal que repetir el procedimiento de extracción de correos requeriría solicitar nuevas autorizaciones voluntarias para acceder a los servidores, lo cual ampliaría la investigación por un tiempo indefinido.

“Extender la investigación a través de esta reapertura no va a producir ningún efecto; es una petición puramente dilatoria que prolongará la indagatoria por un tiempo indefinido. En concreto, volver a solicitar los correos electrónicos y acceder nuevamente al servidor de Asesorías e Inversiones Benjamín requiere de una autorización voluntaria, cuya solicitud la Fiscalía no está en condiciones de justificar. Por lo tanto, tendríamos que solicitar el acceso a esos servidores contra la voluntad de los imputados y repetir todo el procedimiento de extracción, sin siquiera tener certeza del resultado”, acotó.

Defensa

Por su parte, el abogado Alex van Weezel, en representación del empresario Isidoro Quiroga, expuso ante el tribunal que tres informes evacuados por el Laboratorio de Criminalistica de la PDI (Lacrim) concluyeron que era imposible cuantificar los eventuales perjuicios que habría sufrido la parte querellante en la operación.

“La Lacrim concluyó que por los antecedentes no es posible determinar un perjuicio. Por eso, lo que los querellantes están haciendo no es solicitar una nueva solicitud, es pedir que se realice de nuevo, pero a su manera, la misma que ya se realizó”, acotó.

“La respuesta ante esta situación es clara: si los querellantes desean un peritaje a su medida, que calcule únicamente los costos y omita los beneficios para establecer un precio a su conveniencia, deben elaborarlo ellos mismos. De hecho, la parte acusadora ya ha presentado siete informes privados, por lo que insistir en nuevas pericias a su gusto resulta inoficioso. La diligencia ya se encuentra cumplida con los tres informes evacuados por el Lacrim. Por lo tanto, esta nueva solicitud es extemporánea y refleja una evidente falta de diligencia por parte de los querellantes, quienes en ningún momento cuestionaron oportunamente la evolución y el alcance de los peritajes”, concluyó.

Este viernes continuarán los alegatos con las intervenciones de la defensa.

La jornada comenzará con la exposición de Juan Domingo Acosta, quien representa a las hermanas de Isidoro Quiroga (María Victoria y María Dolores), a sus hijos (Isidoro y Benjamín Quiroga Cortés) y a Felipe Correa. A continuación, será el turno de los abogados Jonatan Valenzuela y Miguel Chaves, a cargo de la defensa de Martín Guiloff, expresidente de Australis Seafoods.

Cerrarán las exposiciones Cristián Irarrázaval, en representación del exfiscal de la empresa, Rubén Henríquez; y los abogados Cristián Muga y Rodrigo Ávila, defensores de Santiago Garretón, exgerente de Administración y Finanzas de la salmonera.