Tras el primer gran round que tuvo la Ley de Presupuestos 2027 en la comisión mixta, el martes pasado, la tramitación continuó esta semana con puntuales peleas en las respectivas subcomisiones.

Los debates en torno a los recursos para el Ministerio de Educación, el Ministerio Público, el Servicio Electoral y los gobiernos regionales fueron, particularmente, las más tensos de esta semana debido a los recortes contemplados por el Ministerio de Hacienda.

En algunos casos, hubo rechazos. Por ejemplo, la partida del Mineduc. La Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos -que preside la senadora Yasna Provoste (DC) y que se ha consolidado como el principal foco de rebelión al haber un empate de votos entre la derecha y la oposición- rechazó el capítulo de la Subsecretaría de Educación Superior.

En esta misma instancia se leyó, el miércoles en la mañana, una dura carta del rector de la Pontificia Universidad Católica y presidente de las casas de estudio tradicionales no estatales, Juan Carlos de la Llera, en la que recomendaba, de hecho, rechazar los menores recursos para los planteles, a modo de exigir una mejor oferta de parte de Hacienda.

El miércoles en la tarde, la misma Cuarta Subcomisión, a recomendación de la propia Provoste, acordó no votar todo el capítulo de la Subsecretaría de Educación general ante la serie de dudas planteadas por legisladores opositores por el desarrollo de programas escolares y las subvenciones.

Desde antes del debate formal de esta misma partida, los fondos del Mineduc ya habían sido objeto de una encendida polémica la semana pasada por el programa “Yo elijo mi PC”, cuyo término se filtró antes que se transparentara el proyecto. La controversia no solo despertó criticas de la oposición, sino también generó reparos del oficialismo, al punto de que el gobierno se abrió a estudiar la medida.

La instancia también rechazó la partida del Servicio Electoral, a petición de sus propias autoridades que consideraron insuficientes los dineros asignados por la Dirección de Presupuestos.

El miércoles, en tanto, la Fiscalía Nacional tuvo severos reparos al proyecto presentado por el gobierno, alegando que los dineros con los que dispondrían, de acuerdo a la propuesta original, lesionaba la autonomía constitucional de la institución.

De acuerdo a la presentación que llevó el Ministerio Público a la subcomisión, el presupuesto del gobierno “crea un programa presupuestario exclusivo para la Fiscalía Supraterritorial, separado del resto del presupuesto ordinario el Ministerio Público. Esta definición contraviene lo señalado recientemente por la Contraloría General de la República al representar el Decreto N° 84 de 2026 del Ministerio de Hacienda".

Esto, según advirtió el fiscal nacional, Ángel Valencia, “es un problema de constitucionalidad”.

En otra lámina de la presentación, desde la Fiscalía aseguraron que “en el Proyecto de los Equipos Contra el Crimen Organizado (ECOH) se incorporan nuevas obligaciones a través de glosas presupuestarias, que afectan la autonomía constitucional, y la reserva legal de la investigación”.

Frente a esto, Valencia fue enfático en remarcar que “la autonomía constitucional hay que cuidarla”.

Esto, aseguró el jefe del instituto persecutor, “para evitar que cualquier gobierno pueda perseguir, preferentemente, a los opositores”.

Finalmente, los integrantes de la subcomisión acordaron no votar la partida y derivarla directamente a la comisión mixta para que resuelva las dudas que despertó la propuesta gubernamental.

Finalmente, este jueves -nuevamente a proposición de Provoste- la subcomisión que revisa la partida de los gobiernos regionales decidió postergar la votación.

Esto, al igual que lo que ocurrió con el Ministerio Público, producto de las dudas en materia de constitucionalidad que despertaron a raíz de la propuesta del Ejecutivo para los Gores.

En su primer presupuesto, el gobierno propone flexibilizar la destinación de recursos del Fondo de Apoyo Regional (FAR).

Al final de la sesión, la senadora Provoste criticó esa idea argumentando que, producto de un fallo del Tribunal Constitucional, una ley anual no puede modificar una de carácter permanente.

“Para mayor abundamiento le vamos a pedir un informe muy breve a la Biblioteca del Congreso para que se pueda pronunciar respecto de este tema antes de que podamos despachar esta partida”, aseguró la presidenta de la subcomisión.